Norberto Bobbio retomó la noción de “parecidos de familia” de Ludwig Wittgenstein para analizar conceptos políticos y sociales complejos. La idea permite reconocer que fenómenos como la democracia o las ideologías no siempre comparten una esencia única: pueden parecerse por una serie de rasgos que se supero largo de la historia.
Ese enfoque ayuda a entender el rumbo del gobierno de Javier Milei. Su modelo privilegia actividades extractivas de alta rentabilidad en dólares y escasa demanda de empleo, mientras debilita la industria, la producción nacional y el mercado interno. El ajuste fiscal se presenta como un fin en sí mismo, incluso cuando su costo recae sobre los salarios, el consumo y el empleo.
En esos rasgos se reconocen similitudes con proyectos de ultraderecha europeos y con experiencias argentinas de los años noventa.
La semejanza más inquietante está en la reconfiguración social que impulsan estas políticas. La clase media argentina, históricamente asociada con la movilidad ascendente, la estabilidad y el acceso a la educación, la cultura y el consumo, pierde terreno.
No se trata de una identidad homogénea ni de una edad dorada sin conflictos. Pero sí de un amplio sector cuya posibilidad de progresar dependía de empleos e instituciones capaces de convertir el esfuerzo en bienestar. Hoy esa promesa se debilita.
La recesión industrial, el deterioro de las pequeñas y medianas empresas y del comercio, la expansión de la informalidad, la caída del consumo y el aumento de tarifas, alquileres y expensas presionan sobre ingresos que ya no alcanzan.
Convertir el esfuerzo en bienestar. es hoy una promesa que se debilita"
El endeudamiento familiar completa el cuadro. Mientras el Gobierno celebra el superávit fiscal, millones de hogares pagan el ajuste con menos consumo, menos comida y menos oportunidades. Un equilibrio de las cuentas públicas que exige desequilibrar la vida de la mayoría no puede presentarse como un éxito.
La pérdida de poder adquisitivo obliga a cambiar hábitos y resignar bienes antes corrientes. Se reduce la cantidad o la calidad de los alimentos, se posterga la compra de ropa y se recortan actividades culturales y recreativas.
Para muchas familias, “llegar a fin de mes” dejó de ser una frase hecha, es una cuenta que no cierra. Las tarifas de gas, electricidad y transporte, junto con el peso de los alquileres y las expensas, achican el margen para todo lo demás.
La educación universitaria pública, la salud y la cultura también están bajo presión. No son privilegios ni gastos prescindibles: son instituciones que amplían derechos y sostienen la movilidad social. Desfinanciarlas en nombre de una eficiencia abstracta significa cerrar puertas a quienes no pueden comprar alternativas privadas. Defenderlas requiere discutir cómo financiarlas y mejorarlas, no aceptar su deterioro como una fatalidad.
Tener empleo formal ya no garantiza una vida estable si el salario no cubre las necesidades básicas. Y cuando el ingreso no alcanza, muchos trabajadores suman tareas informales o recurren a plataformas de transporte y reparto.
Esa salida puede ayudar a resolver una urgencia, pero no reemplaza un empleo con derechos, ingresos previsibles y protección social. Tampoco el crédito que financia alimentos o facturas representa una mejora del consumo: suele ser una señal de que el ingreso corriente fracasó en sostenerlo.
La encuesta de UNICEF para 2025 encontró que siete de cada diez hogares con niñas, niños y adolescentes recurrieron a alguna forma de ayuda, endeudamiento o venta de pertenencias para afrontar gastos cotidianos.
El dato revela hasta qué punto la emergencia económica ya compromete el bienestar y las oportunidades de las nuevas generaciones. La deuda que contraen esos hogares no es un motor de ascenso: es el costo privado de la insuficiencia de ingresos y de una protección social debilitada.
La pobreza tampoco puede quedar reducida a una disputa de porcentajes. Según el INDEC, en el primer semestre de 2026 el 32,3% de las personas de los 31 aglomerados urbanos relevados estaba bajo la línea de pobreza y el 7,5% en la indigencia. Son millones de vidas sometidas a privaciones concretas.
El gobierno puede invocar otros períodos o indicadores para defender su gestión, pero ninguna comparación borra la obligación de responder por la situación presente.
El presidente insiste en reivindicar su programa como el camino necesario. Sin embargo, cuando el costo de ese rumbo se concentra en trabajadores, jubilados, estudiantes y pequeños comerciantes, no alcanza con invocar una mejora futura. La pregunta política es quién paga la transición, quién se beneficia y qué derechos se sacrifican mientras llega esa promesa.
Un gobierno no puede reclamar paciencia indefinida a quienes ya agotaron sus ahorros, su crédito y sus redes familiares.
Si la clase media se estrecha, cambia la economía y también el tejido social. Crecen la desigualdad, la incertidumbre y la distancia entre quienes pueden protegerse con recursos propios y quienes dependen de servicios públicos cada vez más frágiles. Ese escenario no es inevitable ni un efecto secundario aceptable del ordenamiento fiscal. Es una elección política, y como tal debe discutirse y puede cambiarse.
Los socialistas no negamos la necesidad de atender los desequilibrios macroeconómicos, y no prometemos que el Estado puede resolverlo todo. Sostenemos que hay que ordenar las cuentas con criterios de justicia, exigir una contribución mayor a quienes más tienen y proteger el empleo, los ingresos y los servicios que sostienen la igualdad de oportunidades.
También proponemos impulsar una política productiva que agregue valor, fortalezca a las PyMEs y genere trabajo formal. La estabilidad solo será duradera si mejora la vida de la mayoría y distribuye sus costos con equidad.
La clase media no necesita nostalgia ni consignas, necesita salarios que alcancen, trabajo con derechos, educación y salud públicas de calidad, y la certeza de que el esfuerzo puede abrir un futuro mejor. Un modelo que destruye esas condiciones no está modernizando el país. Está reduciendo las oportunidades de millones y trasladando el costo de su programa a quienes menos margen tienen para soportarlo.
