Incendios en la Patagonia: una catástrofe anunciada

En Argentina, la Patagonia norte se prende fuego. Cada verano es la misma historia, pero cada año en una versión más dramática, empeorada, con ribetes cada vez más apocalípticos, como anticipos inflamables de un colapso sistémico inescapable, que ya está frente a nosotros. Crisis climática, política pública negacionista, desfinanciamiento y desidia estatal, capitales internacionales interés empresarial en las tierras, venganza del pino radiata, visión represiva y racismo anti-indígena, proliferación de lecturas conspiranoicas, entre otros actores, potencian la catástrofe anunciada y distorsionan los encuadres desde los cuales leer que lo que efectivamente está sucediendo. Todos estos elementos hacen que la Patagonia norte y principalmente de la llamada Comarca Andina (paralelo 42, entre el sur de la provincia de Río Negro y el norte de Chubut), ya no sea un paraíso deseado, sino un “analizador social” que se repite cada año y revela elementos de corte sociopolítico que permiten leer lo que sucede o por lo menos anticipar, en pequeña escala, lo que puede suceder en el resto de la sociedad.

Empecemos por enumerar los elementos en juego. Primero y antes que nada, los incendios están vinculados a la crisis climática. Estamos al filo de cambios sistémicos que pueden hacer que nuestro planeta resulte decididamente muy hostil para la vida. Entretanto, vivimos cada vez más en la era de los “colapsos climáticos localizados” visibles en la frecuencia cada vez mayor de eventos extremos que afectan zonas urbanas y rurales, que generan desastres cada vez más amplios, erosionan las condiciones de vida y transforman de la noche a la mañana ciudades, campos y bosques en zonas de guerra: incendios, tornados, inundaciones, tormentas, vientos huracanados, sequías extremas, olas de calor intenso o de frío extremo...

Los incendios son quizá la imagen más icónica de estos tiempos de colapso ambiental. El fuego libera una gran cantidad de energía y genera una “meteorología propia” dentro de los incendios; por eso son tan destructivos e incontrolables y han adquirido una mayor magnitud. Se trata de “incendios de sexta generación”, ya que por su intensidad alteran la dinámica de las capas altas de la atmósfera y generan vientos que pueden ser muy difíciles de controlar, por lo que no es posible predecir su comportamiento.

En la actualidad, los megaincendios se ensañan con la Patagonia norte, en medio de una sequía persistente y una ola de calor que se viene agravando con los años y que en el último mes lleva más de quince días corridos, con algunos (pocos) respiros. Se trata de una evidencia: en un contexto de calentamiento global, la Patagonia norte ya no es lo que era. Los nuevos patrones climáticos alteraron la “normalidad”. En los últimos 15 años el régimen hídrico cambió drásticamente. En el último invierno de 2025 casi no hubo nieve, como bien lo advirtieron las cámaras de comercio y turismo de Bariloche. Hay menos nieve en las altas cumbres y, por ende, menos agua. Un informe reciente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria del 11 de enero de 2026 advirtió la reducción entre el 30% y el 40% de las precipitaciones en las altas cumbres. Las temperaturas se extreman, el calor se adelanta. No son solo los molestos jejenes que llegaron antes, hasta las amapolas californianas que bordean parte de la ruta Nacional 40 llegaron casi con un mes de adelanto. El fin de la normalidad climática es también el fin de las estaciones, tal como las conocíamos.

El intendente de El Hoyo contó qué hay detrás de los incendios en la Patagonia

Por otro lado, a partir de los años 70, la deforestación y el reemplazo de los árboles nativos por especies exóticas, como el pino radiata, que viene del hemisferio Norte, trajo consecuencias que, con el avance de la crisis climática, se volvieron dramáticas. Paradójicamente, el pino radiata es una especie que tiene en su genética el fuego como la mejor forma de dispersar sus semillas. Los conos del mismo, al calentarse, salen disparados como si fueran granadas, expandiendo sus semillas por todos lados. El fuego establece una trágica dinámica de destrucción, regeneración e invasión, mientras retrocede el bosque nativo y se pierden especies centenarias como coihues, lengas, notros y maitenes. Desde hace cinco décadas, Lucas Chiappe, reconocido ambientalista de la Comarca Andina, un pionero en estas lides, viene denunciando este tipo de monocultivo que expandió por la Patagonia. En enero de 2025, Chiappe escribía en su blog: “Existe una línea directa entre la destrucción del bosque nativo, su posterior reemplazo por las forestaciones comerciales de árboles de rápido crecimiento y los incendios arrasadores que están ocurriendo en la Comarca andina del Paralelo 42º. Los distópicos incendios de Interfase”. En la comarca andina, el paralelo 42, mucha gente vive en zona de interfase, un área de transición entre zonas urbanas y rurales, y muchas viviendas se han implantado en medio del bosque o sobre las tupidas laderas de los cerros, lo que agrava la situación y merecería un debate sobre qué significa cuidar al bosque nativo en tiempos de colapso climático. Chiappe, que está entre quienes más han contribuido a forjar una “cultura del bosque y la montaña”, y critica la visión cortoplacista de los despachos oficiales, sabe de lo que habla. Lamentablemente él y su familia fueron noticia esta semana ya que acaban de ser víctimas de estos incendios distópicos que arrasaron con su casa y la chacra, en esa idílica zona de Epuyen que muchos hemos visitado y que era llamada “el Santuario”.

Políticas Públicas

A nivel nacional, enfrentamos un gobierno de ultraderecha negacionista que, por definición, niega la existencia de una crisis ecológica y climática y, como consecuencia, suprime políticas ambientales y recorta cada vez más el presupuesto en nombre del ajuste fiscal, mientras los incendios previsiblemente se multiplican y devoran bosques, destruyen ecosistemas, seres humanos, animales y viviendas. El desfinanciamiento es tanto nacional como provincial. Por ejemplo, los representantes parlamentarios de las provincias afectadas por los incendios (entre ellos, de la provincia de Chubut), aprobaron un presupuesto que reduce y desfinancia las políticas para combatir el fuego. De acuerdo a la Ley de Presupuesto 2026, la partida presupuestaria del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) contará con $20.131 millones, lo que implica una caída real del 69% con respecto a 2023 y del 78,5% con respecto a 2025. Y la carencia de recursos se traduce automáticamente en menos políticas de prevención y menos herramientas para el combate.

La ausencia del Estado y los recortes presupuestarios tienen consecuencias concretas. Durante 2024, el Gobierno argentino ejecutó apenas el 22 % del presupuesto estatal asignado al Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), pese a tratarse del año con la mayor cantidad de focos ígneos de -al menos- los últimos 8 años. En 2025, la subejecución presupuestaria volvió: el SNMF dejó sin ejecutar el 25% de los recursos asignados, lo que equivale a $20.000 millones que podrían haberse destinado a mejorar infraestructura, equipamiento, capacitaciones y condiciones laborales de brigadistas. Las metas físicas del SNMF tendrán una marcada reducción en las horas de vuelo previstas y ejecutadas. Mientras que en 2023 estaban programadas 5.100 horas —aunque solo se concretaron 3.058—, para 2026 se proyectan solamente 3.100. A esta disminución se le suma la caída en los "informes de alerta temprana" y de "evaluación de peligro de incendios", instrumentos clave para un enfoque preventivo. En este caso, se pasa de 2.310 informes previstos en 2025 a apenas 1.850 en 2026.

En cuanto a los brigadistas -que vimos reclamar por un aumento de sueldo en videos que circularon por las redes sociales- están precarizados y muy mal pagos. ¿Saben cuánto gana un brigadista inicial en la Patagonia, esos mismos que están poniendo sus vidas en peligro? $ 860.000 (aproximadamente 590 dólares estadounidenses) en Parques Nacionales y en el Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Y la actual planta de brigadistas en Parques Nacionales es de 391, cuando de mínima se necesitarían 700 brigadistas.

La contracara de esto es que, mientras la crisis climática arrasa nuestros territorios, según la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) en el Presupuesto 2026 se asignan $651.600 millones de pesos argentinos a los subsidios a la oferta de combustibles fósiles, lo que representa un aumento real del 6% respecto al valor de 2025. Una vez más, aunque sea de perogrullo hay que recordarlo: la crisis climática es producida por la emisión de gases de efecto invernadero (combustibles fósiles) y los cambios en los usos del suelo.

Por otro lado, el gobierno de ultraderecha enfrenta los incendios no con una mirada preventiva, sino como una cuestión de “seguridad interna”, como lo hizo inicialmente Patricia Bullrich, quien fue Ministra de seguridad hasta diciembre pasado, alentando una visión represiva y conspirativa de los incendios, de la mano de la tesis del “enemigo interno”. Nada de esto es casual, ya que desde hace varios años ya, idas y vueltas mediante, se fue instalando una virulenta campaña anti-indígena para demonizar al pueblo mapuche y sus comunidades, en un contexto de fuerte disputa de tierras y de avance del extractivismo petrolero, minero, represas y megaproyectos turísticos en todo el país, muy particularmente en esa codiciada zona de la Patagonia. No es algo nuevo, es cierto, recorre la historia argentina y vuelve a traer a la memoria el genocidio indígena, llevado a cabo por el ejército argentino en el siglo XIX. Sin embargo, hace unos años el racismo anti-mapuche fue escalando y el intento de cancelación de las demandas indígenas se instaló de lleno en los medios de comunicación, que se hacen eco de este tipo de hipótesis o simplemente -de modo intencional o no- desinforman. Además, todo esto se agrava en un contexto de endurecimiento de los decretos presidenciales relativos a la seguridad interna, el rol de la fuerzas armadas y la SIDE, preparando un escenario de cacería de mapuches, ambientalistas y todo aquel que se oponga a los planes abiertamente represivos y entreguistas del gobierno. 

Politización fake de los incendios en la Patagonia: Javier Milei, Patricia Bullrich y las teorías que se viralizan

Por último, nos parece desacertado y peligroso apelar a la visión conspiranóica acerca de que los incendios formarían parte del “Plan Andinia”, un supuesto proyecto judío para quedarse con la Patagonia, a través de una estrategia de despoblamiento ejecutada vía incendios. Para comenzar, además de que no existen evidencias de tal plan, esta hipótesis conspirativa alimenta el antisemitismo. El hecho de que haya una política de genocidio de parte del gobierno de Israel en Gaza no habilita la actualización de lecturas abiertamente antisemitas. Por supuesto, hay intereses económicos de parte Israel en nuestro país. En la Patagonia, el desembarco de Mekorot, la empresa nacional de aguas de Israel, disparó todas las alertas en relación con la gestión de los recursos hídricos (recordemos, la empresa israelí firmó convenios con los gobiernos de las provincias patagónicas de Neuquén, Río Negro y Santa Cruz). Asimismo, en medio de los grandes incendios forestales hay también una fuerte embestida inmobiliaria para cambiar los usos del suelo, y habilitar la construcción de emprendimientos turísticos, como ha sido denunciado por pobladores de la zona. La derogación de la Ley 26.737, de Tierras Rurales que todavía no logró convalidar el gobierno de Milei (pues fue frenada por la Justicia) responde a estos intereses. Dicha ley, recordemos, establece que sólo puede haber un 15 % de tierras en manos de extranjeros; un mismo titular extranjero no puede superar el 30 por ciento de esa porción ni tampoco las 1000 hectáreas en la zona agrícola núcleo (las tierras más productivas). La derogación se incluyó en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 de Javier Milei, e implica la eliminación de restricciones para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. Las consecuencias abren a la posibilidad de que personas físicas o jurídicas extranjeras puedan adquirir tierras rurales sin las limitaciones establecidas previamente por la ley, lo que podría generar cambios en la tenencia de la tierra. Un punto muy importante de esta ley es que explicita que los extranjeros no pueden ser titulares de tierras que contengan o sean ribereñas de “cuerpos de agua de envergadura y permanentes” (tales como ríos, mares, humedales, lagos, acuíferos, glaciares, etc.)

Sin embargo, de ahí a afirmar la existencia de una conspiración judía para quedarse con la Patagonia, que además estaría avalada por rumores sobre la supuesta presencia de “soldados israelíes” en la zona o la “venta de parcelas, regaladas a colonos israelíes” es irresponsable y puede funcionar además como otro combustible que alimente aún más el fuego, en este caso, del odio antisemita. De hecho, estas historias no son nuevas, vienen de hace décadas. Y ya desde 2021 circulaban rumores acerca de la venta de parcelas en la Patagonia para fundar una “segunda Israel”, lo que fue desmentido, entre otros, desde el sitio chequeado.com.

Aunque resulte incómodo decirlo, tanto las lecturas que por derecha criminalizan a los mapuches, como aquellas lecturas que por izquierda ven un supuesto plan judío para apoderarse de la Patagonia, son lamentablemente dos caras de la misma moneda, que evaden las responsabilidades políticas del gobierno actual (la ultraderecha negacionista y antiderechos), desdibujan el rol de la crisis climática (por momentos ésta desaparece incluso del discurso ambiental), y descomplejizan la situación, resumiéndolo en un solo problema, un chivo expiatorio que termina siendo el aparente responsable de todos los males. Una vez más, con esto no estamos negando la existencia de incendios intencionales y de intereses inmobiliarios que azuzan el fuego. El extractivismo inmobiliario que acecha esas regiones del sur ha sido siempre una de las grandes amenazas, que se potencia cada verano, pero no explica todo, y a veces su exacerbación en el discurso dificulta una lectura más global y compleja de la situación. Por otro lado, el capital que anda dando vueltas es multinacional. En la Patagonia esto incluye desde el británico Joe Lewis, dueño de miles de hectáreas (que nunca se prenden fuego), al empresario italiano Benetton con 900 mil hectáreas (segundo terrateniente del país, detrás de Eduardo Elsztain, el padrino del presidente), hasta la realeza de Qatar que posee decenas de miles de hectáreas en la Patagonia, con represas dentro.

Capítulo aparte merece el reconocimiento a los brigadistas, bomberos y la comunidad organizada que, con lo que tienen, están poniendo sus vidas —literalmente— en juego. Ante los eventos extremos, es el momento de la solidaridad y la comunión colectiva. Todo esto nos confirma que los megaincendios no solo llegaron para quedarse, sino que plantean también un gran desafío a la comunidad y al movimiento socioambiental, pues requieren de la generación de una cultura del cuidado del bosque y de la montaña, así como una alfabetización necesaria en el manejo del fuego, sobre todo en las zonas de interfase. Y mientras la autoorganización crece y se aprende aun en la adversidad, se hace necesario exigir mayor presencia y recursos a los Estados (provincial y nacional), aunque suene casi quimérico en este mundo cada vez más dominado por el fascismo fósil de los Trump y los Milei.

Que el fuego no tape los glaciares

En Argentina tenemos una gran batalla ambiental por delante que también forma parte del gran desafío de la cultura del cuidado de nuestros bienes comunes: la defensa de los glaciares y el área periglaciar, que concentran las reservas de agua de varias provincias argentinas. No nos engañemos, el fondo es el mismo: hay una negacionismo de base en el gobierno que rechaza cualquier política de prevención y mitigación del cambio climático; hay desfinanciamiento y desmantelamiento de las instituciones públicas y estatales que eran el resguardo; hay un extractivismo minero desenfrenado que no repara en ir a hacer minería incluso en ese escaso 1% del territorio que protege la ley nacional de glaciares; hay una minería contaminante -como la de Barrick Gold en Veladero, en la provincia de San Juan- que ha destruido glaciares, contaminado aguas y ríos; hay no solo complicidad sino intereses económicos por parte de los gobiernos provinciales, que intercambian favores con el gobierno nacional, con tal de quedarse con la decisión absoluta de qué hacer con los glaciares (o sea, cómo entregarlo a las mineras), independientemente de los informes técnicos y ambientales. Y hay una oposición política que no está a la altura de las circunstancias, esto es, que no tiene proyecto alternativo de sociedad.

En un trámite exprés y a espaldas de la sociedad, el próximo 10 de febrero se pretende votar en el Senado la modificación regresiva de la Ley de Glaciares a medida de las transnacionales mineras para permitir la destrucción de glaciares y ambientes periglaciares. El lobby tiene nombres y apellidos: proyectos como Veladero (Barrick Gold–Shandong Gold), Vicuña (Lundin Mining–BHP), Pachón (Glencore) y Los Azules (Río Tinto). En medio del desastre de fuego en la Patagonia el Presidente Milei se reunió, el 10 de enero pasado, con ejecutivos de las megamineras BHP y Lundin Mining, socios del proyecto Vicuña en San Juan. Estas, junto a Barrick Gold, son las corporaciones que están detrás de la modificación regresiva de la Ley de Glaciares. Piden “seguridad jurídica”, ignorando que ésta no es solo para las grandes corporaciones. Nosotros -como ciudadanos- también tenemos derecho a la seguridad jurídica, esto es, garantía de que se cumpla y respete una norma ambiental como la Ley de Glaciares, mucho más en un contexto de emergencia.

Mientras tanto, en Argentina pareciera que hay medios que tienen prohibido poner en debate la modificación de la Ley de Glaciares, así como tampoco hablar de las movilizaciones que hay actualmente en la provincia de Mendoza contra el embate de la megaminería, de parte del gobernador Cornejo y corporaciones mineras. Un silencio estruendoso, que va más allá de los medios oficialistas. En este contexto de tanta asimetría, se torna indispensable reclamar que “el fuego no tape los glaciares”, porque ambos son parte de una misma problemática, de las políticas y narrativas pancapitalistas del fin que impone el gobierno de Milei, a las que hay que resistir y contestar de modo insurgente con la defensa de la vida, de los territorios, con la cultura del cuidado de los bienes comunes en un contexto de colapso sistémico.