El sistema de emergencias de la provincia atraviesa un momento de extrema vulnerabilidad financiera. Las asociaciones de bomberos voluntarios de Corrientes calificaron como "crítica" la situación actual, luego de que el Estado nacional transfiriera apenas la mitad de los fondos que les corresponden por ley.
El panorama se agrava con las proyecciones para el Presupuesto 2026, que contempla un fuerte ajuste en la lucha contra incendios.
Los recursos en disputa provienen de la Ley 25.054, que desde 1998 financia la actividad mediante una tasa a las primas de seguros. Sin embargo, el subsidio no llegó de forma íntegra a los cuarteles durante el último ejercicio: de los 66 millones de pesos establecidos por asociación, solo se acreditó una primera cuota de 31 millones.
Venta de comida y falta de previsibilidad
El subdirector de Defensa Civil de la provincia, Bruno Lovinson, confirmó a Perfil la gravedad del escenario. "La situación es crítica y no hay previsibilidad de resolución. No sabemos cuándo puede haber pago", advirtió el funcionario. Según Lovinson, los desembolsos para las 1.200 asociaciones del país recién podrían destrabarse a partir de marzo.
Ante la falta de envíos de Nación, los cuarteles correntinos activaron un "plan B" para mantener la operatividad. "La mayoría de las asociaciones hoy están buscando financiamiento propio para sostenerse", sostuvo Lovinson.
Algunos cuarteles han vuelto a la venta de comida los fines de semana para costear el combustible y los repuestos. Aunque la provincia no registra grandes incendios actualmente, los bomberos mantienen una alta demanda por accidentes viales y emergencias urbanas.
Ajuste en el Manejo del Fuego para 2026
La preocupación no es solo inmediata. El proyecto de Presupuesto 2026 enviado por el Ejecutivo nacional prevé un recorte del 53,6% para el programa de Manejo del Fuego en comparación con 2025. La partida asignada será de 20.131 millones de pesos, una cifra que los especialistas consideran insuficiente para cubrir horas de vuelo, monitoreo y alertas tempranas.
El ajuste coincide con el traspaso del servicio del área ambiental a la órbita del Ministerio de Seguridad. Además, el plan oficial contempla achicar el número de informes de evaluación de peligro de incendios, que pasará de 2.310 a solo 1.850 para el año próximo.
En una provincia como Corrientes, marcada por el trauma de los grandes incendios forestales de años anteriores, el recorte de fondos y la falta de subsidios generan una inquietante señal de alerta.
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