Un médico fue absuelto por abuso: la fiscal era amiga de la denunciante

La investigación por el presunto abuso sexual gravemente ultrajante de una menor duró varios años, hasta que finalmente el caso llegó a juicio. El acusado era un médico de la ciudad de Bolívar que desde el minuto cero manifestó su inocencia. 

El debate duró apenas tres días y alcanzó para destapar una historia sorprendente: la fiscal de instrucción era conocida de la denunciante, pero nunca se excusó. Una foto en la que aparecían juntas en una reunión familiar de la que también participó una ayudante de la fiscalía era conocida por muchos testigos del juicio y causó un fuerte revuelo. La decisión final fue categórica: el médico terminó absuelto; y la funcionaria judicial, duramente cuestionada. 

El fallo fue dictado por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Azul. Según las fuentes, la historia se remonta a la ruptura del vínculo entre el médico y Melina V., madre de la niña. A partir de entonces, la relación entre ellos comenzó a deteriorarse en medio de disputas judiciales. 

En el debate, se expuso que “existieron reiterados obstáculos –calificados como ‘diques’– que impidieron el contacto entre el padre y su hija”.

En ese contexto, el médico inició un régimen de comunicación. De acuerdo con lo declarado, se llegó a plantear que “si el padre renunciaba a ver a su hija, desistirían del reclamo alimentario”, una propuesta que no fue aceptada.

El trámite familiar se extendió durante cuatro años y medio hasta que se dictó una resolución favorable al padre. Poco después, se radicó la denuncia penal por abuso. Como consecuencia, el fuero de familia dispuso una medida cautelar de restricción que implicó la interrupción total del vínculo durante más de cinco años.

Durante el juicio, la actuación de la fiscalía quedó en el ojo de la tormenta. La defensa del médico –integrada por Cristian Ariel González, Gastón Jesser y Sebastián Iturria– sostuvo que la relación con la denunciante constituía una causal de excusación, mientras que testigos indicaron que la funcionaria “ya ha sido recusada por dicha circunstancia en más de una ocasión”.

En el debate la defensa cuestionó duramente las pruebas. De hecho, el tribunal admitió la incorporación de elementos objetados, como un presunto video de TikTok “cuyo origen no pudo acreditarse” y cartas “sin identificación clara de autoría ni destinatario”. Según remarcaron los abogados defensores, esos elementos no habían sido puestos en su conocimiento con anterioridad.

Además, el bloque defensor señaló que la fiscalía omitió incorporar informes psicológicos relevantes del expediente de familia. Esos estudios indicaban que la madre presentaba “rasgos de desconfianza permanente, con características paranoides”, además de “conductas de terquedad, encaprichamiento e incomodidad”.

Las pericias también advertían que la niña mostraba interés en vincularse con su padre y que “no es saludable ubicarla como rehén de una situación conflictiva de adultos”. En relación con el imputado, los informes concluían que “no existían indicadores que pusieran en riesgo la salud física o emocional de sus hijos”.

Durante el debate declararon seis psicólogas, quienes coincidieron en que no había elementos para afirmar la existencia de abuso. En ese marco, se discutió la interpretación de ciertos síntomas, que podían aparecer en contextos vinculados a lo que en psicología se denomina “madres devoradoras” o “madres cocodrilo”.

Finalmente, el jurado popular emitió su veredicto de no culpabilidad tras una hora de deliberación. Con esa decisión, el médico quedó en condiciones de solicitar el levantamiento de la medida cautelar que durante años le impidió ver a su hija.

Sin embargo, el impacto del proceso trasciende la resolución judicial. Cuando comenzó el conflicto, la niña tenía 3 años; al momento de la sentencia, está próxima a cumplir 17. En ese lapso, creció sin vínculo con su padre, sin contacto con su hermana mayor y sin conocer a su hermano menor.

En ese contexto, durante las audiencias también se puso el foco en la actuación del Ministerio Público Fiscal y en el deber de objetividad que rige su intervención. Según planteó la defensa, la supuesta relación de amistad con la denunciante debió haber derivado en un planteo de excusación desde el inicio de la investigación, algo que nunca ocurrió. Esa omisión, sostuvieron, terminó condicionando el desarrollo de la causa y la selección de la prueba que llegó al debate.

Otro de los aspectos que generaron una fuerte controversia fue el impacto de la medida cautelar en el vínculo familiar. Durante más de cinco años, el médico no pudo tener contacto con su hija en el marco de una restricción dictada en sede de familia a la espera de una resolución penal. En el juicio se remarcó que esa clase de medidas, aunque habituales en este tipo de procesos, pueden tener consecuencias profundas cuando se extienden en el tiempo sin una definición. 

El antecedente del caso Ghisoni

L.N.

El caso del médico Pablo Ghisoni se convirtió en uno de los antecedentes más resonantes en la provincia de Buenos Aires en materia de denuncias por abuso sexual intrafamiliar que terminaron en absolución. El obstetra fue acusado por sus propios hijos en el marco de un conflicto con su expareja y llegó a estar detenido durante tres años, hasta que finalmente fue absuelto en un juicio oral.

La investigación se sostuvo principalmente en el testimonio de uno de los menores, pero con el avance del proceso surgieron cuestionamientos sobre la prueba y la forma en que se había construido la acusación. Con el tiempo, uno de los denunciantes, Tomás, reconoció públicamente que la denuncia era falsa y que había sido inducido por su madre. “No fui una víctima de mi padre, fui usado”, afirmó en un video difundido en redes sociales.

La absolución fue confirmada en distintas instancias hasta llegar a la Suprema Corte bonaerense, que rechazó los planteos de la querella y dejó firme el fallo. El caso expuso el impacto de procesos judiciales prolongados en conflictos familiares: Ghisoni perdió el vínculo con sus hijos durante más de una década y denunció haber sido privado de su libertad sin condena.