El pasado 11 de abril, Shadya Verónica Altamirano fue encontrada sin vida. Era bailarina y profesora de danzas folclóricas en Pinto, Santiago del Estero, y hacía dos años se había recibido de abogada. La muerte de la joven de 29 años es investigada como un suicidio, pero semanas antes había denunciado a su expareja por "amenazas" y la difusión de videos íntimos, en un caso que volvió a poner en debate la respuesta de las autoridades ante hechos de violencia de género y exposición digital.
Shadya fue hallada en un terreno cercano a su casa, en esta localidad del departamento de Aguirre, ubicada en el sudeste de la provincia, a 245 km de la capital. A partir de allí, se inició una investigación para esclarecer el caso y la Policía incautó su teléfono celular y un blíster de pastillas que tenía en su poder. En un comunicado, el Ministerio Público Fiscal (MPF) santiagueño indicó que la víctima se había presentado previamente el 1 de marzo en la Comisaría Comunitaria N.°15 de Pinto.
"Este Ministerio Público aclara que se recibió una denuncia por supuesto delito de amenazas dando origen ante esta Unidad Fiscal a un Legajo de Investigación Penal Preparatoria", añadieron. En su presentación, detalló que la relación con su ex novio, a quien conocía hacía más de diez años, era "intermitente" y que había sufrido maltrato psicológico y verbal, además de violencia sexual.
También agregó que ella había tomado la decisión de ponerle fin al vínculo en los últimos días de febrero y días después se enteró, a través de un amigo, que el acusado, de 43 años, había divulgado imágenes íntimas mediante un grupo de la plataforma de mensajería Whatsapp y había realizado comentarios sobre su sexualidad.
Ante esta situación, el MPF informó "se puso a disposición de la denunciante las herramientas con las que cuenta el Estado para la protección de las víctimas". En primer lugar, se le ofreció la instalación de un botón antipático en su dispositivo celular, a la cual Shadya se negó y lo dejó asentado con una firma en el acta respectiva, y se impusieron medidas restrictivas a su ex pareja, de las cuales no se recibieron denuncias de incumplimiento posteriores.
Asimismo, añadieron que la madre de abogada, María Verónica Fernández, se presentó el 11 de marzo en la Comisaría del Menor y la Familia por la mañana, antes del hallazgo, y expuso que su hija "hace años estuvo en tratamiento psiquiátrico por padecer problemas de trastorno obsesivo compulsivo y que nunca culminó el tratamiento, y que no se dejaba ayudar, y que había tenido varios intentos de autolesión, y que quería dejar asentado ello ante cualquier eventualidad".
"Al tomar conocimiento del deceso de la ciudadana Altamirano, se dio inicio a la investigación", que quedó en manos de la Fiscalía de Añatuya, completaron desde el Ministerio Público. Sin embargo, Shadya había dejado trascender que su ex novio la amenazaba cada vez que ella le decía que iba denunciarlo y le había asegurado que “no le iban a hacer nada”.
“Todo el pueblo sabe de mis cosas íntimas”
En diálogo con PERFIL, la mamá de la joven sostuvo que el hombre en cuestión, acusado de difundir las fotos y videos, es familiar de la fiscal general de la Circunscripción de Añatuya, María Emilia Ganem, y que "hacía alarde de eso". Desde el Juzgado de Control y Garantías de la Circunscripción Judicial de esa ciudad santiagueña, también se comunicó que no consta que la víctima haya pedido medidas de protección tras la denuncia.
"Ella se sintió humillada, avergonzada porque su novio difundió videos íntimos. Denunció y pidió ayuda psicológica y nunca llegó", manifestó María. "¿Por qué la fiscal nunca dio curso a la denuncia? ¿El denunciado era familiar suyo? Mi hija pidió ayuda y su pariente decidió taparlo", acusó la mujer, en contraposición a lo informado por las autoridades.
Su familia insiste en que al parecer hubo una falta de respuesta real por parte de la Justicia ante los episodios denunciados por Shadya y que ella habría tomado esa situación de forma impulsiva, porque no pudo soportar la exposición pública de los archivos. “Todo el pueblo sabe de mis cosas íntimas”, fue una de las frases que su madre le escuchó decir varias veces antes del trágico desenlace.
Qué es la pronovenganza
La "pornovenganza" o difusión no consentida de material íntimo es la publicación distribución o amenaza de difundir imágenes o videos sexuales/íntimos de una persona sin su consentimiento. Busca dañar la reputación de la persona, humillarla, intimidarla o coaccionar a la víctima de alguna manera, generalmente tras una ruptura o una situación similar, con el fin de perpetrar una venganza.
Se considera a la pornovenganza como un tipo de extorsión y la difusión de esas imágenes puede realizarse en redes sociales, servicios de mensajería instantánea o cualquier tipo de medio social donde se comparte información. La diferencia con lo que se denomina "Sextorsión", es que en este tipo de difusión no consentida el objetivo es obtener dinero u obligar a la persona a hacer algo a cambio.
El artículo 155 del Código Penal, modificado en 2008 por la Ley 26.388 de Delitos Informáticos, contempla la publicación indebida de comunicaciones privadas. En 2023, se sancionó la llamada "Ley Olimpia", que incorpora la violencia digital dentro del marco de la Ley 26.485 (de violencia contra la mujer); y si la difusión de ese material se usa para amenazar podría llegar a encuadrarse como coacción.
En agosto de 2025, el Tribunal Unipersonal de San Luis condenó a 2 años y 3 meses de prisión efectiva a Diego Oliveri por difundir sin consentimiento un video íntimo de su expareja, la profesora de fitness Gabriela Fernández Aberastain. En 2021, la Justicia de la Rioja sentenció al tatuador Patricio Pioli a cinco años de cárcel por "coacción y lesiones leves calificadas" contra Paula Sánchez Frega, quien también publicó imágenes privadas suyas.
Si vos o algún familiar o allegado tuyo atraviesa una crisis emocional de cualquier tipo, siente que nada tiene sentido o se encuentra atrapado en una situación a la que no le encuentra salida, podés contactarte con la línea de ayuda 135 o 011 5275-1135 (línea gratuita desde Capital y Gran Buenos Aires) y desde todo el país al 0800 345 1435. El llamado es personal, confidencial y anónimo. Si se trata de un suicidio en curso o de peligro inminente, no dudes en llamar al 911.
FP/DCQ
