El Gobierno abre en el Congreso el debate sobre dos temas incómodos para Milei: deuda familiar y discapacidad

Este miércoles será un día de temas incómodos para el Gobierno en el Congreso. La extensión de la emergencia en discapacidad es uno. El otro, aunque el ministro Luis Caputo lo minimice al decir que en Estados Unidos ni le preguntan sobre el tema, es la crisis del endeudamiento que afecta a millones de familias. Forzado por la oposición, este miércoles el oficialismo abrirá el debate en el Parlamento.

La decisión de La Libertad Avanza llega después de que los bloques opositores pidieran una sesión especial para el 9 de septiembre con el objetivo de avanzar sobre ambos asuntos. Ante esa presión, el oficialismo convocó para este miércoles a las comisiones de Finanzas, que se reunirá a las 13.30, y de Discapacidad, prevista para las 16.

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Aunque haya empujado, la oposición desconfía: piensa que la convocatoria puede esconder una estrategia para evitar que los proyectos lleguen al recinto y hacer caer la sesión de la semana próxima. El oficialismo todavía no fijó una fecha para emitir dictamen y buena parte de las iniciativas tiene giro a otras comisiones.

Endeudamiento familiar: 34 proyectos sobre la mesa

La comisión de Finanzas, presidida por el libertario Santiago Pauli, comenzará a discutir a las 13.30 el creciente nivel de endeudamiento de los hogares. Para la reunión fueron convocados distintos especialistas, entre ellos los economistas Martín Tetaz, Víctor Hugo Ruilova Quezada, Osvaldo Giordano, Jorge Colina, Mariano Flores Vidal y Pablo Curat, exdirector del Banco Central.

También fueron invitados el defensor adjunto de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Arturo Pozzali, y Matías Huala, director académico de la Certificación Avanzada en Fintech del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA).

La Libertad Avanza incluyó 34 de los 50 proyectos presentados sobre endeudamiento familiar. Las iniciativas pertenecen a prácticamente todo el arco político: Unión por la Patria, la Izquierda, la Coalición Cívica, Provincias Unidas y también legisladores que suelen acompañar al oficialismo.

Uno de los proyectos, presentado por la salteña Yolanda Vega, propone directamente declarar la emergencia financiera por un año. Durante ese período, plantea limitar las tasas que pueden cobrar bancos, emisoras de tarjetas de crédito y otras entidades que otorguen financiamiento para consumo.

La iniciativa establece que la Tasa Nominal Anual no pueda superar 1,5 veces la correspondiente a los plazos fijos a 30 días para personas humanas publicada por el Banco Central. También marca límites para la Tasa Efectiva Anual y el Costo Financiero Total, que contempla intereses, comisiones, cargos, seguros y otros costos asociados al crédito.

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Otros proyectos incorporan períodos de gracia de hasta 60 días, mecanismos de mediación obligatoria y beneficios para los deudores considerados de buena fe. También proponen herramientas para promover un consumo financiero más responsable, como la posibilidad de que cada persona pueda establecer voluntariamente límites de gasto inferiores a los autorizados por las entidades.

La morosidad de las familias es un tema serio. De acuerdo al informe sobre Nivel de Endeudamiento de los Hogares Argentinos, elaborado por el IETSE en agosto de 2026, una de cada cuatro se endeuda para lograr a fin de mes. Con la máxima de que se trata de un "asunto entre privados" en el que no debe meterse, el Gobierno elude el tema sistemáticamente. En estas últimas horas, el ministro de Economía, Luis Caputo, dijo en su viaje a Estados Unidos que en ese país ni le mencionan el tema. "Cero. Ni siquiera una pregunta, nada", respondió ante una pregunta de Infobae.

Discapacidad: otra pelea que vuelve al Congreso

El segundo frente se abrirá a las 16, cuando la comisión de Discapacidad reciba a funcionarios del Gobierno para discutir la extensión de la emergencia en discapacidad, que vence en diciembre.

La oposición pretende prorrogarla durante un año más. Para eso, el oficialismo convocó a Alejandro Vilches, secretario nacional de Discapacidad; Esteban Giler, subsecretario de Políticas de Acceso y Apoyos; y Gianfranco Scigliano, subsecretario de Regulación, Certificación y Proyectos.

El proyecto fue impulsado por el diputado de Unión por la Patria Juan Marino y consiguió el respaldo de legisladores de distintos bloques opositores. Entre ellos aparecen Gisela Scaglia, jefa del bloque de Provincias Unidas; Nicolás Massot, de Encuentro Federal; Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica; diputados de la Izquierda y legisladores de Misiones y Salta que integran la bancada Argentina Federal

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También acompañaron la cordobesa Natalia de la Sota y el puntano Jorge Fernández. Si todos esos sectores sostienen su respaldo en el recinto, la oposición llegaría los votos necesarios para aprobar la prórroga.

El proyecto argumenta que la emergencia debe extenderse porque la Ley 27.793 tuvo una implementación efectiva tardía y limitada, a partir del veto de Javier Milei, la posterior insistencia del Congreso, las dificultades administrativas para ponerla en marcha y los distintos fallos judiciales dictados durante ese período.

En resumen, mientras el Gobierno intenta sostener su agenda económica, sacarle todo el jugo posible a la declaración de Donald Trump por Malvinas  y avanzar con sus prioridades legislativas, la oposición lo incomoda al volver a poner sobre la mesa dos problemas que impactan directamente sobre sectores especialmente sensibles: las familias que recurren cada vez más al crédito para afrontar sus gastos y las personas con discapacidad que reclaman la continuidad de las políticas de asistencia.

Y ambos temas llegan al recinto por impulso de una oposición que, esta vez, logró reunir suficiente presión para obligar al oficialismo al menos a ponerlos sobre la mesa.