El exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, volvió a la carga en Comodoro Py para intentar suspender el peritaje de los audios que se le atribuyen y que son una de las piezas centrales de la investigación por presunta corrupción en el organismo. A través de sus abogados, Mauricio D’Alessandro y Pablo Parera, presentó un escrito ante el juez federal Ariel Lijo en el que cuestionó el material que actualmente analiza la Gendarmería Nacional.
Su planteo apunta sobre todo a los 58 archivos contenidos en un pendrive marca Kingston que fueron entregados a la Justicia por el periodista Mauro Federico en agosto de 2025. Según la defensa, esos archivos no fueron inventariados ni incorporados formalmente al expediente y tampoco existe constancia de que sean exactamente las grabaciones que se difundieron públicamente y que dieron origen a la causa.
Ahora, ese punto es importante porque, según argumentaron los abogados, la Cámara Federal porteña había ordenado investigar solamente el origen y la autenticidad de las grabaciones que trascendieron en los medios de comunicación.
Presuntamente se escucha a Spagnuolo detallar la operatoria de los sobreprecios y mencionar un porcentaje del negocio destinado a la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, y a Eduardo “Lule” Menem.
En ese sentido, los abogados remarcaron que no existe en el expediente un detalle de los 58 archivos, ni una constancia que permita establecer que coinciden con los audios difundidos públicamente.
Sumado a eso, cuestionaron cómo fue preservado el dispositivo. Según la presentación, el pendrive fue recibido por la Justicia sin un acta que detallara su contenido, sin inventario y sin un código hash, una herramienta utilizada para verificar que un archivo no haya sido modificado.
En ese sentido, la defensa también señaló que el dispositivo fue remitido al juzgado recién el 14 de julio de 2026, casi un año después de haber sido entregado por Federico.
Por ese motivo, los abogados consideran que antes de avanzar con la pericia se debería haber realizado una extracción forense del contenido, con participación de las partes, para que pudieran conocer qué archivos había y proponer los puntos concretos que debían analizar los peritos.
Gendarmería ya comenzó a analizar los archivos
El peritaje comenzó la semana pasada y contempla reuniones periódicas entre los peritos oficiales y los especialistas designados por las distintas partes.
Sin embargo, antes de que avance el estudio, la defensa de Spagnuolo volvió a pedir su suspensión. En concreto, solicitó que se excluya el pendrive del análisis y que la pericia se concentre exclusivamente en las grabaciones que fueron difundidas públicamente.
A saber, el planteo se suma a un pedido anterior del exfuncionario, quien ya se había negado a entregar una muestra indubitada de su voz para realizar un cotejo con los audios.
Spagnuolo sostuvo que esa medida podía implicar una forma de autoincriminación y presentó un planteo de nulidad contra la decisión de Lijo. Ese reclamo todavía debe ser analizado por la Cámara Federal.
MV/ff
