La reacción de los gobernadores ante la concesión de rutas nacionales
Un decreto del Gobierno nacional permite ahora a nueve provincias licitar obras con peajes, bajo control federal. Hubo respaldo moderado de mandatarios aliados, y silencio o críticas desde distritos excluidos.
El Gobierno nacional oficializó este viernes el Decreto que habilita a un grupo de provincias a concesionar tramos de rutas nacionales dentro de sus territorios mediante el sistema de obra pública por peaje, una decisión que generó reacciones dispares entre gobernadores, con apoyos prudentes, pedidos de precisiones y cuestionamientos políticos.
La norma, firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, establece una delegación “funcional, limitada, temporal y revocable” de competencias a las provincias, sin transferir la titularidad de las rutas ni la jurisdicción federal sobre ellas.
Los arreglos de los corredores viales les permitirán cobrar peajes
En concreto, el decreto habilita a Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz a licitar y adjudicar concesiones viales, incluyendo tareas de administración, mantenimiento, ampliación y explotación mediante peajes.
Además, aclara que la delegación tendrá carácter “funcional, limitado, temporal y revocable” y que “no implica la cesión del dominio público ni la transferencia de la jurisdicción federal sobre los tramos viales involucrados, los que permanecerán bajo exclusiva titularidad del Estado Nacional”.
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Los gobernadores de las provincias involucradas, Juan Pablo Valdés, Maximiliano Pullaro, Martín Llaryora, Claudio Poggi, Alfredo Cornejo, Alberto Weretilneck, Rolando Figueroa, Marcelo Orrego y Claudio Vidal, mantienen, en su mayoría, vínculos políticos fluidos con la Casa Rosada, lo que explica en parte el recorte territorial de la medida.
Entre los mandatarios incluidos predominó una postura de cautela. Si bien valoraron la posibilidad de intervenir en la gestión de rutas estratégicas, evitaron definiciones categóricas hasta conocer los detalles operativos y financieros del esquema.
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El decreto abre la puerta a que las provincias asuman responsabilidades que históricamente estuvieron bajo órbita nacional, en un contexto marcado por el deterioro de la infraestructura vial y la paralización de la obra pública, lo que obliga a buscar mecanismos alternativos de financiamiento.
"El decreto que publicó el Gobierno nacional pone un plazo máximo pero no un mínimo. La Provincia está dispuesta a invertir, tenemos una licitación terminada de casi 6.000 millones para arreglarla de manera inmediata cuando se de esa cesión. Pero si Vialidad Nacional nos dice que el plazo es de un año, nosotros solamente vamos a poner los recursos, la vamos a arreglar y nadie la va a mantener. Por eso quiero pedir mucha cautela. Nos entusiasmamos cuando salió el decreto, pero cuando lo leímos tomamos un poco de distancia. Es un avance, vamos a trabajar mucho para que nos la puedan ceder por 30 años y así sí poder arreglarla", remarcó Pullaro.
En ese marco, la posibilidad de implementar peajes aparece como una herramienta central para sostener obras, aunque también genera interrogantes sobre su impacto económico y social en cada distrito.
Las rutas de Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz podrán ser reparadas.
"Desde hace varios años, los gobiernos nacionales decidieron abandonar las rutas del interior del país y priorizar únicamente los intereses del centralismo porteño. Mientras tanto, miles de rionegrinos ponen en riesgo su vida todos los días al transitarlas. Desde el gobierno provincial dijimos basta a esta situación. Defendimos lo que le corresponde a los rionegrinos, negociamos y logramos que el gobierno nacional nos transfiera el poder de decisión sobre las rutas nacionales", señaló Alberto Weretilneck, de Rio Negro
Algunos gobernadores interpretaron la medida como una oportunidad para acelerar proyectos postergados y ganar autonomía en la gestión de corredores productivos clave. En cambio, otros plantean dudas sobre los costos políticos de trasladar el financiamiento a los usuarios y la capacidad real de atraer inversiones privadas.
Otro gobernador radical incluido en el grupo de las nueve provincias fue Juan Pablo Valdés, de Corrientes. "Nosotros veníamos trabajando con este planteo y gestionamos para ser incluidos en este decreto", afirmó Valdés en diálogo con El Litoral.
Por su lado, el neuquino Rolando Figueroa dijo, "nos van a transferir la ruta 242, que es parte del paso internacional Pino Hachado. Y, por otro lado, parte de la ruta 22, que es el ingreso desde Río Negro en la capital neuquina hasta Arroyito", en la página oficial del gobierno de Neuquén.
"El mandatario provincial explicó que la transferencia forma parte de un programa que se trabajó con Nación, que incluyó reuniones en Buenos Aires durante la semana pasada con los ministros del Interior, Diego Santilli y de Economía, Luis Caputo", explica la web oficial. "Nos van a transferir parte de dos rutas nacionales que hemos solicitado, donde vamos a poner peaje y pesaje para los camiones para que no se destruyan las rutas", agregó Figueroa.
Exclusiones y tensiones políticas
La iniciativa también dejó expuestas tensiones con provincias no incluidas, especialmente con la provincia de Buenos Aires, gobernada por Axel Kicillof, cuya empresa estatal Aubasa quedó fuera del esquema de concesiones en esta etapa.
La exclusión alimentó cuestionamientos desde sectores opositores, que interpretan la medida como un criterio selectivo basado en afinidades políticas más que en necesidades de infraestructura.
Además, la decisión se inscribe en una estrategia más amplia del Gobierno orientada a descentralizar funciones y reducir el rol del Estado nacional en la obra pública, transfiriendo responsabilidades a las jurisdicciones provinciales y al sector privado.
El Estado nacional mantiene la titularidad y supervisión de las rutas, delega el control operativo en los distritos
El esquema planteado por el decreto redefine el equilibrio entre Nación y provincias en materia de infraestructura. Aunque el Estado nacional mantiene la titularidad y supervisión de las rutas, delega el control operativo en los distritos, lo que algunos analistas interpretan como un paso hacia un federalismo más activo, mientras otros advierten sobre una posible fragmentación en la gestión.
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En términos prácticos, las concesiones podrán extenderse por largos períodos y estarán orientadas a garantizar obras mediante financiamiento privado, replicando modelos ya utilizados en distintos corredores viales del país.
El impacto final de la medida dependerá de la capacidad de las provincias para estructurar licitaciones atractivas, coordinar con la Nación y sostener el equilibrio entre inversión, tarifas y mantenimiento.
RG/AF