Los fiscales ahora apuntan al espionaje ilegal en las cárceles

Espionaje ilegal en cárceles es el nuevo tramo bajo la lupa de los investigadores del caso que tramita en la justicia federal de Lomas de Zamora y preocupa fuerte a la oposición. A última hora de la tarde del viernes se conoció el nuevo pedido de los fiscales federales de esa jurisdicción, Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide, quienes en un escrito de 196 páginas, nutrido de una importante cantidad de material, le pidieron al juez Juan Pablo Augé que convoque a ampliación de indagatoria a  la cúpula de la inteligencia macrista, compuesta por Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, así como a otros agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

Incardona y Eyherbide también solicitaron que se convoque, por primera vez a indagatoria, al ex titular del Servicio Penitenciario Federal (SPF), Emiliano Blanco, y al ex director del área de legales de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), durante el macrismo, Juan Sebastián Distéfano. Hasta ahora, Augé accedió a los distintos pedidos de los fiscales que, en las últimas semanas, recibieron varias embestidas  por parte de distintos sectores de Juntos por el Cambio (JxC), incluido el ex presidente Mauricio Macri. Su secretario, Darío Nieto, fue indagado en uno de los tramos principales del caso.

En el nuevo pedido se sostiene que los involucrados “se valieron de su calidad de funcionarios públicos y utilizaron la infraestructura del Estado Nacional para llevar a cabo actividades de inteligencia y/o espionaje en infracción a la ley 25.520 respecto del actual procurador general del Tesoro, Carlos Zaninni; el ex vicepresidente Amado Boudou; los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López; y el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, entre otros, mientras se encontraban privados de su libertad y alojados en establecimientos carcelarios del Servicio Penitenciario Federal”.

Al tiempo que aseguraron que “por medio del Área de Asuntos Jurídicos de AFI, procedieron a la escucha ilegal de conversaciones telefónicas mantenidas por las personas privadas de la libertad, alojadas en el IRIC (N de la R: donde estaban los presos por corrupción) que correlativamente incluyeron a sus abogados, familiares, allegados y organizaciones políticas y sociales con las que ellos se vinculaban. Para ello, se valieron del acceso al producido de intervenciones telefónicas de los teléfonos públicos de los pabellones del penal de Ezeiza, al que tenían acceso por una intervención en causas judiciales vinculadas a otro objeto procesal completamente ajeno a las personas que escucharon y a las que además por expresa orden judicial no debían escuchar”.

Los nombres de Distéfano y Blanco son dos de los más destacados del nuevo pedido. Mientras que Distéfano llegó a Asuntos Jurídicos en diciembre de 2015 y es señalado como un hombre cercano al presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, Blanco estaba en el SPF desde 2014, en el segundo gobierno de CFK. Tras la salida de esta del poder, sobrevivió en su cargo durante el macrismo, con quienes talló buena relación, un hecho que parecieron no perdonarle en el actual oficialismo. Finalmente, su salida del cargo se produjo en mayo pasado, tras lo cual el SPF fue intervenido.

El caso

• La causa de espionaje ilegal acumula varios expedientes en paralelo. Entre los acusados están Arribas, Majdalani, ex agentes y hasta Darío Nieto, secretario de Mauricio Macri.
• Las defensas pujan para que el caso deje la jurisdicción de Lomas de Zamora y llegue a Comodoro Py. Eventualmente, Casación Federal será quien dirima la competencia del caso.
• La dupla de fiscales Incardona y Eyherabide recibió varias denuncias en la justicia así como en la Procuración General de la Nación.
• Entre los puntos que les objetan está la difusión de datos privados de Mauricio Macri y develar información de agentes de la AFI.