Milei se "abraza" a la causa Malvinas y define el contenido de la Ley de Soberanía que enviará al Congreso

Hay un giro en el Gobierno Nacional que es difícil de asimilar para muchos dirigentes de la oposición: que el mismo Javier Milei que supo definirse como un admirador de Margaret Thatcher y que abona la teoría de respetar la voluntad de los kelpers sobre el reclamo de Malvinas es el mismo que anunció, en cadena nacional, un proyecto de ley sobre la soberanía argentina en Malvinas. También es el mismo que le dio la espalda al Congreso al asumir y lo calificó "nido de ratas". Hoy, buena parte del modelo de su gobierno está concentrado en la Casa de las Leyes. El Gobierno se reunirá este lunes 14 con legisladores propios para terminar de definir los detalles y será el propio jefe de Estado quien encabezará ese encuentro, algo que tampoco es común en la gestión libertaria. En el Ejecutivo todavía no definieron si serán uno o dos proyectos distintos los que se enviarán al Parlamento.

El corazón de la iniciativa es una reforma a la ley impulsada en 2011 por el entonces diputado Fernando "Pino" Solanas, que estableció sanciones económicas para las empresas que exploran hidrocarburos en la plataforma continental en disputa con el Reino Unido. Milei quiere endurecer ese esquema, y el propio Gobierno ya anunció sanciones y denuncias contra varias de esas compañías. En paralelo, los ministros Carlos Presti (Defensa) y Pablo Quirno (Cancillería) viajaron a Tierra del Fuego para reencauzar la obra de la Base Naval Integrada, un proyecto que, paradójicamente, la propia gestión libertaria había frenado.

El diputado Jorge Taiana le detalló a PERFIL el estado real de esa obra: se inició en 2021 y se avanzó apenas un 9%, un porcentaje que a primera vista luce escaso pero que, aclaró, debe leerse con una salvedad climática: en Tierra del Fuego solo se puede construir entre octubre y mayo, unos siete meses al año. "Luego vino este gobierno y no hizo absolutamente nada, la frenó por completo", sostuvo el exministro de Defensa.

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El Consejo de Seguridad Nacional y la sospecha sobre los fondos de la SIDE

El otro punto central del paquete es la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, que involucraría a la Cancillería, los ministerios de Defensa y Economía y la SIDE, con el objetivo declarado de advertir sobre cualquier amenaza a la seguridad del país. La propuesta despertó una hipótesis entre legisladores del peronismo: que el verdadero objetivo sea contar con una nueva vía para disponer de los fondos reservados de inteligencia. Algunos deslizaron un antecedente de hace 60 años, el Consejo Nacional de Seguridad que creó la dictadura de Juan Carlos Onganía en 1966, no para una causa externa sino para articular la represión interna contra los opositores al régimen.

La sospecha surge de que la SIDE recibió la semana pasada un refuerzo de 30 mil millones de pesos, sin partidas específicas, justificado en la necesidad de una mayor protección por el aumento de la tensión con el Reino Unido. Ese monto se suma a otro incremento de casi 50 mil millones de pesos que el organismo había recibido en julio -ocho mil millones de ellos destinados a fondos reservados, que así treparon a 26 mil millones-, en ese caso justificado por la visita del papa León XIV. La oposición ya prepara un pedido de informes. Y el contexto discursivo de quienes arman la estrategia de comunicación de gobierno alimentó todo tipo de hipótesis: Santiago Caputo y varios colaboradores de máxima confianza de Milei como Santiago Oría salieron en las redes a tildar de "cipayos" y de "trabajar para la corona británica" a quienes cuestionaron la cadena nacional presidencial.

Un Consejo que nunca funcionó 

En paralelo a los anuncios, el diputado socialista Esteban Paulón intimó formalmente a Milei, a Quirno y a la secretaria de Malvinas, Paola Iris Di Chiaro, para que reactiven el Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, creado por la Ley 27.558 en 2020 para sostener políticas de Estado sobre la causa.

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El organismo debía reunirse cada 120 días, pero solo sesionó una vez, en agosto de 2024, durante la gestión de Diana Mondino, y nunca más. Paulón le dio al Gobierno diez días hábiles para informar un cronograma de reactivación, bajo apercibimiento de avanzar con acciones administrativas, legislativas y judiciales.

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El proyecto llega, además, a un Congreso que viene golpeando al oficialismo. La semana pasada, La Libertad Avanza sufrió una derrota en Diputados con la agenda de discapacidad y endeudamiento, y Patricia Bullrich no logró garantizar el jueves los votos para sesionar en el Senado.

El próximo martes 15, el foco además se correrá hacia la presentación del Presupuesto 2027, con gobernadores que ya no dan por sentado su acompañamiento y que esperan ver cuántos recursos habrá para obras, en medio de la desconfianza que generó la discusión por el recorte a los subsidios de las Zonas Frías a cambio de impulsar en un futuro los de las Zonas Cálidas. Un proyecto cuenta con media sanción de Diputados y sigue sin poder avanzar, el otro no tiene ni un borrador presentado. 

En ese contexto, la oposición coincide en cuestionar casi todos los puntos del paquete Malvinas: más que un endurecimiento de sanciones, reclaman que se cumpla la ley vigente, "que hace tres años no se cumple".

JD/