Qué dice el informe de gestión que Manuel Adorni envió al Congreso: evasivas y referencias al secreto de sumario
Minutos antes de su presentación, el jefe de Gabinete difundió el "Informe 145", un documento de 1935 páginas donde contesta a los legisladores haciendo referencia a la normativa vigente.
A pocos minutos de su presentación en el Congreso de la Nación, el Gobierno nacional envió esta mañana el informe de gestión del Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados. El documento, elaborado por la Jefatura de Gabinete y catalogado oficialmente como el “Informe 145”, será defendido por Manuel Adorni frente a los legisladores en el recinto este miércoles desde las 10.30. A lo largo de 1.935 páginas plagadas de jerga técnica, son pocas las precisiones que se dan a las 2151 preguntas de los diputados; en muchos casos, remiten a leyes o decretos vigentes.
El informe reúne las preguntas de los distintos bloques de diputados ordenadas de forma alfabética, comenzando por Adelante Buenos Aires y cerrando con Unión por la Patria. A lo largo del extenso documento, se registran más de cien respuestas recursivas, que remiten a explicaciones dadas anteriormente o se amparan en la normativa vigente para evitar detalles adicionales. Además, en 13 oportunidades, el Ejecutivo evitó dar respuestas directas amparándose en el secreto de sumario de investigaciones judiciales que están en curso.
Los temas que concentran más preguntas fueron infraestructura, salud, inteligencia y economía
Los temas que más preocupan a los diputados son variados, pero hay diez que concentran el grueso de las consultas. En primer lugar, aparece la situación de la infraestructura y vialidad, con preguntas sobre obras paradas en todo el país. Le siguen de cerca los temas de salud y discapacidad, el rol de la SIDE y la inteligencia, y la situación del empleo y la economía.
También hubo un fuerte interés por la política exterior (especialmente los vínculos con Estados Unidos e Israel) y los conflictos por las tarifas de energía. Por último, el caso del criptoactivo $Libra y la gestión patrimonial de los funcionarios completan el podio de las inquietudes legislativas.
Adorni evita responder sobre las acusaciones de enriquecimiento ilícito
Sobre su propia situación patrimonial, Adorni recibió cuestionamientos directos por una denuncia de enriquecimiento ilícito. En el informe, confirma que la Oficina Anticorrupción (OA) ya envió información a la Justicia: “Solo frente a un requerimiento judicial, la Oficina Anticorrupción puede compartir ese anexo reservado y así lo hizo ante la primera solicitud de la Fiscalía interviniente en el marco de la causa nº 1003/2026”.
También se le preguntó por la presencia de su esposa en una comitiva oficial a Nueva York. La respuesta fue tajante: viajó como "invitada de la Presidencia" y su participación "no generó gasto alguno para el Estado Nacional".
Respecto a propiedades no declaradas en el barrio de Caballito o en el country Indio Cua, el informe remite a las declaraciones juradas que ya obran en la OA bajo carácter reservado.
Las preguntas sobre la criptoestafa $Libra se declaran "bajo investigación judicial"
El polémico caso de la criptoestafa $Libra también ocupa un lugar central en las preguntas de los legisladores. El Ejecutivo se amparó en que los hechos son objeto de una investigación judicial bajo la Causa n° 574/2025. En las respuestas, la Jefatura de Gabinete asegura que no existen registros de contratos o convenios oficiales con los organizadores del proyecto, como Hayden Mark Davis o Mauricio Novelli.
Ante las preguntas sobre comunicaciones privadas de Adorni o el Presidente con estos empresarios, el informe señala que se trata de cuestiones ajenas al rol institucional y que "la información proviene exclusivamente de filtraciones periodísticas... cuya autenticidad no ha sido verificada".
El Gobierno defiende la disolución del ANDIS
El informe aborda la situación de la ex Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El Gobierno defendió su disolución y el traspaso de funciones al Ministerio de Salud como una medida de "reorganización institucional" para mejorar el control. Sin embargo, admitió que los hallazgos de irregularidades y sospechas de fraude fueron remitidos a la Justicia Federal.
Respecto a las deudas con prestadores y el recorte de pensiones, el informe niega que haya un plan de ajuste fiscal sobre este sector y atribuye las demoras a la "normalización" de un sistema que tenía "circuitos administrativos fragmentados".
Hay alta expectativa acerca de cómo será la lectura de este informe en el Congreso.
MB/LT/ff
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