Regresa a Diputados el debate por los cambios a la Ley de Alquileres
Con la modificación de la Ley de Alquileres como principal objetivo, la Cámara de Diputados retomará la semana próxima la actividad después de un parate parlamentario que solo fue interrumpido para avalar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
Las internas en el Frente de Todos y la discusión por el reparto de las comisiones, que aún no pudo ser zanjada, sumergieron a la Cámara baja en un estado de inactividad pero comenzaron los primeros movimientos para intentar reactivar el temario en un año no electoral.
Durante la semana, Juntos por el Cambio comenzó a motorizar la convocatoria a una sesión especial para el 5 de abril, que finalmente se concretó ayer, con la intención de dejar en evidencia la “parálisis legislativa” y la voluntad de parte de la oposición de reactivar la discusión sobre un problema que afecta a miles de dueños e inquilinos.
El principal espacio opositor auspicia la derogación de la ley para volver a la situación original y encarar allí un nuevo debate sobre el asunto. En el pedido de sesión también incluyó una iniciativa para apoyo a los productores de Corrientes y Misiones afectados por los incendios.
En medio de las negociaciones para activar el temario, diputados del Frente de Todos, encabezados por José Luis Gioja, presentaron un proyecto alternativo para modificar la normativa vigente. La iniciativa contempla menores requisitos para los monotributistas inquilinos así como beneficios para locadores y topes para los aumentos de los contratos.
Además, propone que el precio inicial del alquiler de inmuebles destinados a vivienda tenga un tope del 20% adicional al que corresponde con el ajuste anual y un 10% en el caso de la renovación de los contratos.
“A veces hay leyes que perjudican a uno de los actores, pero nunca una ley fue tan clara en fracasar con todos los actores. Yo en su momento estuve en contra de esta ley, advirtiendo que iba a pasar lo que pasó”, subrayó el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa, quien confió en tener una nueva ley en 90 días.
El texto oficialista establece la necesidad de elaborar otra alternativa para gravar los inmuebles que podrían destinarse a la vivienda y que se encuentran deshabitados.
El tratamiento será en la Comisión de Legislación General y serviría para destrabar otros temas ligados en particular a la reactivación económica.
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