Salta va a la Corte por las pensiones por invalidez

La suspensión masiva de 129 pensiones para personas con discapacidad en julio de 2025 instalaron la preocupación en la provincia de Salta. Después estalló el escándalo de los audios con la voz de Diego Spagnuolo, el extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y las irregularidades detectadas en distintas auditorías. La combinación de esos factores fueron el disparador de la demanda contra el Gobierno Nacional que el gobernador salteño, Gustavo Sáenz decidió llevar a la Corte Suprema de Justicia, con un caso que podría originar un efecto dominó en otras provincias. 

El encargado de impulsar la demanda es el Fiscal de Estado provincial, Juan Agustín Pérez Alsina. Impulsó un amparo contra el Estado y la Andis. Como el caso es impulsado por la provincia contra la Nación, la Corte es el tribunal originario y no un juez de primera instancia. Pérez Alsina también pidió una audiencia pública para exponer el caso y buscar una mediación. 

A través del amparo pidió restablecer el pago de las pensiones no contributivas por invalidez. Argumentó que fueron suspendidas en procedimientos arbitrarios e irregulares, con evidentes faltas de transparencia en los procedimientos aplicados por el Estado Nacional, que afectaron a personas en situación de vulnerabilidad extrema. 

Además, reclamó el inmediato restablecimiento y pago retroactivo de las pensiones suspendidas. El gobierno salteño denunció en el escrito que los procedimientos fueron “arbitrarios, carentes de sustento normativo y violatorios de derechos fundamentales”, y destaca que la Andis se negó a proporcionar información nominal de los beneficiarios y los procedimientos detallados de las suspensiones. Entre las anomalías denunciadas, se mencionan la falta de notificación previa a los beneficiarios, el uso de criterios dispares en las evaluaciones médicas, y la realización de auditorías por personal sin la debida habilitación profesional.