Un abogado de Milei sostiene que la estrategia de Cristina Kirchner ante la ONU podría abrir la puerta a revisar la condena

La posibilidad de que la presentación de Cristina Kirchner ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) tenga consecuencias en la causa Vialidad volvió a instalarse en el centro del debate jurídico luego de que el abogado Francisco Oneto afirmara que un pronunciamiento favorable del organismo internacional podría abrir la puerta a revisar la condena que pesa sobre la exmandataria.

El letrado, identificado con el oficialismo y cercano al presidente Javier Milei, utilizó sus redes sociales para cuestionar a quienes sostienen que una eventual resolución del organismo carecería de efectos por tratarse de una sentencia firme.

“Sorprende el desconocimiento de los ‘especialistas’ que aseguran que un dictamen favorable a CFK del Comité de DDHH de la ONU no tendría efectos en su condena ‘porque está firme’. Falso”, escribió Oneto en una publicación en la red social X.

A continuación, desarrolló los fundamentos jurídicos de su postura. Según explicó, el artículo 366, inciso f, del Código Procesal Penal Federal contempla la posibilidad de revisar una sentencia firme cuando un órgano de aplicación de un tratado internacional emite un pronunciamiento en una comunicación individual.

“El art. 366 inc. f del CPPF habilita la revisión de sentencia firme cuando un órgano de aplicación de un tratado se pronuncia en una comunicación individual. Y el Comité es exactamente eso: arts. 28 y ss. del PIDCP + art. 1 del Protocolo Facultativo (1966) le dan competencia para recibir denuncias de individuos, y el art. 5 lo faculta a emitir dictamen”, sostuvo.

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En ese sentido, el abogado concluyó que un fallo favorable para Cristina Kirchner no modificaría automáticamente la condena, pero sí habilitaría un camino procesal para intentar revisarla. “Traducción: un dictamen favorable habilitaría la acción de revisión. La cosa juzgada no es el muro que dicen”, resumió.

Las declaraciones de Oneto se producen mientras la defensa de la expresidenta busca que el Comité de Derechos Humanos de la ONU analice si durante el proceso judicial que culminó con la condena en la causa Vialidad se vulneraron garantías previstas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tratado que tiene jerarquía constitucional en la Argentina.

El Comité de Derechos Humanos es un órgano integrado por expertos independientes encargado de supervisar el cumplimiento de ese tratado por parte de los Estados que lo suscribieron. Entre sus atribuciones se encuentra la posibilidad de recibir denuncias individuales de personas que alegan haber sufrido violaciones a los derechos protegidos por el pacto, siempre que el Estado haya reconocido esa competencia mediante el Protocolo Facultativo.

Aunque sus dictámenes no tienen el mismo carácter que una sentencia judicial nacional, el alcance de esas decisiones es motivo de discusión entre especialistas. Mientras algunos sostienen que no pueden alterar una condena firme dictada por la Justicia argentina, otros entienden que la legislación vigente permite utilizarlos como fundamento para promover una revisión extraordinaria del fallo, interpretación que Oneto defendió públicamente.

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La discusión cobró relevancia en las últimas semanas a partir de la estrategia internacional impulsada por la defensa de Cristina Kirchner, que busca llevar el caso a instancias supranacionales tras agotarse las vías ordinarias dentro del sistema judicial argentino. En ese contexto, las declaraciones del abogado volvieron a poner sobre la mesa el debate sobre el peso que pueden tener los compromisos internacionales asumidos por el país frente a las decisiones definitivas de sus tribunales.

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