Amenazas o retos virales: preocupación por la ola de amenazas de tiroteos

“Mañana 15/4 tiroteo, el que arriesga que venga”, o “tiroteo 17/4 prepárense”... fueron algunas de las frases que contenían los mensajes con amenazas que se repitieron en buena parte de los establecimientos educativos del país, tanto públicos como privados, desde el martes pasado hasta ayer, inclusive. 

Pero la situación tomó otra dimensión si se tiene en cuenta que estos hechos de violencia tuvieron lugar pocas semanas después del feroz ataque en la escuela Mariano Moreno de San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe, que le costó la vida a Ian Cabrera, de tan solo 13 años, a manos de un compañero de escuela, de 15.

Se trató, en definitiva, de una serie de intimidaciones de violencia que generaron tanta preocupación, al punto de convocarse el último jueves a una reunión de urgencia del Consejo Federal de Educación para tratar de debatir y abordar el tema de manera coordinada y frenar la inusitada escalada de ataques escolares, como nunca antes se vio. 

El objetivo central de la iniciativa apunta a establecer una estrategia unificada que permita garantizar la seguridad de los alumnos.

Uno de los primeros casos de violencia extrema escolar que se reportó ocurrió el martes en la escuela Nº 26, Dante Luis Segundo Pereira, de Villa Elisa, en La Plata. “Mañana 15/04 tiroteo, el que arriesga que venga”, reza la inscripción que circuló rápidamente a través de fotos entre los grupos de WhatsApp de los padres. Como era de esperar, la crudeza del mensaje disparó la preocupación de la comunidad educativa. 

Entre los últimos mensajes que se denunciaron ayer figuran el colegio Nuestra Señora de Luján, de la Plata, y el Instituto José Manuel Estrada, de Lanús. En ambos casos, los padres no dudaron en acercarse hasta los colegios tanto para interiorizarse de los hechos así como también para retirar a sus hijos de los establecimientos ante la aplicación de los protocolos de seguridad recomendados para este tipo de hechos de violencia (ver recuadro).

En el caso de la escuela platense, un alumno de 5º año habría llevado un arma en su mochila pero no llegó a enseñarla siquiera. Ante esta situación, las autoridades escolares hicieron la denuncia correspondiente ante la Justicia. 

Expertos. “Hay una tendencia a querer reducir el análisis a las características del agresor, o pensar que es una moda o un reto viral, pero el problema es mucho más complejo. ¿Cuándo creer que la amenaza es real? ¿Cuándo actuar? ¿Y si dudamos, qué hacemos como padres y madres? ¿Mandamos igual a nuestros hijos a las escuelas, lugares que deberían ser seguros? Si realizamos una lectura transversal de los hechos, los tiroteos en colegios suelen estar precedidos de años de violencia psicológica, exclusión y bullying. El malestar de los adolescentes, sumado a la falta de contención emocional, a menudo desemboca en este tipo de tragedias”, afirmó de manera categórica Matías Cadaveira, licenciado en Psicología. 

“Desde una perspectiva psicológica y de salud mental, estos incidentes no solo se deben analizar como hechos aislados, sino como el reflejo de una serie de factores sociales, familiares y educativos que han ido escalando de forma silenciosa pero peligrosa”, agregó.

Por su parte, Paola Zabala, directora de la Comunidad Anti Bullying Argentina, señaló a PERFIL que “existen tres cuestiones sobre las que habría que trabajar al respecto. La primera tiene que ver con el efecto contagio que produce esta clase de amenazas. La segunda cuestión tiene que ver con la búsqueda de culpables en lugar de asumir nuestro grado de responsabilidad en esto que está pasando. No nos estamos preguntando lo más importante, que es por qué sucede este tipo de hechos. Y tercero, los cambios que se producen en el entorno de los chicos a partir del acceso casi irrestricto a internet, sin recibir ningún tipo de educación digital. Los chicos no están preparados para dimensionar la gravedad de las cosas que hacen y el impacto que esto genera”, explicó la directora de la ONG.

En relación con el hecho en sí, Cadaveira señaló a este diario que “cuando un adolescente o estudiante realiza amenazas de tiroteo, lo escribe en la pared de un baño, o se involucra en desafíos virales de este tipo, está buscando satisfacer una serie de necesidades emocionales y psicológicas profundas, muchas de las cuales están vinculadas con la búsqueda de poder, reconocimiento o incluso un sentido de pertenencia. El diagnóstico de este problema social (y no meramente individual) y la prevención deben ser prioritarios en las políticas educativas y en cada institución escolar. Esto implica no solo analizar el caso específico del agresor, sino también los factores que rodean su entorno familiar, escolar y social”, completó. 

Por último, Zabala afirmó: “Tenemos que trabajar desde la prevención, porque la solución a este tipo de problemas no es instalar un detector de metales en la puerta del colegio, prohibirles a los chicos llevar una mochila. La prevención siempre pasa por la educación. Y la pregunta va mucho más allá de buscar culpables, tenemos que pensar por qué sucede en esta clase de cosas, qué es lo que están buscando los chicos con esto”. 

Qué establece el protocolo

En este contexto de violencia extrema, se dispuso que los equipos directivos de las escuelas están obligados a realizar la denuncia formal ante la Justicia cada vez que detecten un mensaje amenazante dentro de la institución.

El protocolo establece que, ante la aparición de pintadas, carteles o cualquier tipo de advertencia escrita, el personal escolar debe dar aviso inmediato al equipo de conducción del establecimiento, según indicaron voceros de la cartera de Educación a este medio.

Luego, la situación es comunicada al inspector o inspectora de enseñanza, quien eleva el caso al inspector distrital. A partir de allí, se radica la denuncia correspondiente ante la fiscalía, sin señalar inicialmente a personas específicas. En paralelo, la Inspección Distrital informa lo ocurrido a las direcciones de nivel central, lo que permite activar un seguimiento institucional más amplio y coordinado.

Además del plano judicial, el abordaje incluye una intervención dentro de la comunidad educativa. En primer lugar, se trabaja con el grupo de estudiantes directamente involucrado, como el curso donde apareció el mensaje.