El último dilema de la deuda argentina es si pagar o retrasar su deuda local en pesos.
Si bien los miles de millones de dólares en deuda externa del país con acreedores privados y el Fondo Monetario Internacional han sido el principal foco para los inversores, la nación ahora enfrenta un problema que es igualmente grande: los casi 1.8 billones de pesos (US$29.000 millones) en deuda local que vence esto año, una cantidad casi equivalente a todo el efectivo en circulación en el país. Y si bien el hecho de que esté denominada en pesos debería haber disminuido la carga, le está resultando difícil a la Argentina poder refinanciarla.
El gobierno nacional enfrentará su última encrucijada este viernes, cuando vence un pago de 25.000 millones de pesos (US$400 millones). Eso, después de que el país intercambiara esta semana 65% del vencimiento original, en una operación que implicó un recorte de 15% para sus participantes. Este es el embrollo: Si la Argentina paga el monto total, los inversores que aceptaron el acuerdo pueden pensar que sufrieron una pérdida sin ningún motivo cuando en realidad podrían haber esperado para recuperar todo su dinero. Si Argentina retrasa unilateralmente el pago -algo que ya ha hecho con otros vencimientos-, corre el riesgo de hacer que esos bonistas se enojen y perjudicar aún más la confianza en un mercado local ya maltrecho.
Es un canje que continuará ocurriendo a medida que el país intente refinanciar su deuda local, según Martín Vauthier, director de la consultora Eco Go, con sede en Buenos Aires. “Cualquier decisión que tomes va a tener costos altos. Se trata de elegir el mal menor”, dijo Vauthier. “Esto va a ser así en cada vencimiento de deuda en pesos, mientras no haya señales en torno a la reestructuración de la deuda en dólares”.
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El riesgo de más demoras unilaterales en la deuda local en pesos de Argentina está en la mente de los inversores desde que el gobierno decidió en febrero postergar hasta el 30 de septiembre un pago de otro vencimiento, el llamado bono dual, después de que un primer intento de swap fracasara y un segundo intento fuera declarado nulo. Con esa decisión, el gobierno también declaró que no será “rehén” de los inversores extranjeros exigiendo mejores condiciones en el canje.
Los analistas estuvieron de acuerdo en que fue difícil convencer a los inversores del swap por el bono dual porque los valores implicaron pérdidas de hasta 37%. El canje realizado esta semana por los llamados bonos A2M2 fue un acuerdo más alineado con los precios del mercado. Los que no participaron están apostando a que se les pague el monto total el viernes.
Cualquier decisión que tomes va a tener costos altos. Se trata de elegir el mal menor, dijo Vauthier
Un pago en efectivo probablemente requeriría una transferencia de pesos del banco central, amenazando con impulsar la inflación que supera 50% anual. De los 1,8 billones de pesos que vencen este año, 1 billón vence antes de fines de junio.
Pero la preocupación ahora es que, “si lo paga, el mensaje a los inversores es muy malo, porque significará un castigo a los que ingresaron al canje”, dijo Emiliano Merenda, director de ventas y comercio de Mills Capital Markets.
Tras el anuncio del swap, el gobierno criticó a los inversores que buscan ganancias a corto plazo y perjudican sus intentos por recuperar la sostenibilidad de la deuda. “De persistir en cuantías significativas, serán correspondientemente abordadas utilizando todas las herramientas legales disponibles”, indicó el Ministerio de Economía en un comunicado.
De los 1,8 billones de pesos que vencen este año, 1 billón vence antes de fines de junio
Hay algunas pistas que el gobierno puede dar. Se dice que el fondo argentino de pensiones FGS, supervisado por la agencia de seguridad social Anses, compró algunos de los bonos en el mercado secundario el 5 de marzo, según personas con conocimiento del asunto.
Mientras las conversaciones sobre la deuda en dólares continúen, Argentina seguirá enfrentando este dilema con cada vencimiento en pesos. El próximo gran vencimiento es el 21 de junio, plazo de un bono con pagos vinculados a la política monetaria.
“El gobierno está atrapado entre una decisión de sentido común de pagar el saldo y un imperativo político para mostrarle al mercado de bonos quién manda”, escribieron analistas de Portfolio Personal Inversiones en un informe. El gobierno “debería tomar el camino de la menor resistencia esta vez, porque le cree al Tesoro su tonelada de buena voluntad con el mercado, y también despeja un camino para una normalización aún mayor de la negociación del mercado local de bonos”.
