La Cámara Baja de Brasil aprobó una propuesta para reformar las confusas reglas tributarias del país, un objetivo que ha eludido a los legisladores en la nación más grande de Sudamérica durante décadas.
Los legisladores votaron 375-113 para avanzar con la propuesta en una segunda ronda de votación que tuvo lugar en la madrugada del viernes, luego de meses de negociaciones sobre un tema que es de suma prioridad para el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Como enmienda constitucional propuesta, el plan aún tiene muchos obstáculos que superar. También debe ganar dos votos en el Senado y es posible que tenga que volver a la Cámara Baja en el segundo semestre del año si los senadores hacen cambios al proyecto de ley, como espera el presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira.
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Los líderes y legisladores brasileños han intentado reescribir el código tributario del país en numerosas ocasiones solo para fracasar en la construcción del consenso entre varios partidos políticos e intereses económicos. Lira, el ministro de Hacienda, Fernando Haddad, y Aguinaldo Ribeiro, congresista y relator de la legislación en la Cámara Baja, negociaron cambios al proyecto de ley a lo largo de la semana en un esfuerzo por asegurar su aprobación.
Lula y su equipo económico consideran que la legislación actual es crucial para sus esfuerzos más amplios para apuntalar las finanzas públicas de Brasil. Esta semana, los legisladores también pueden aprobar la propuesta de marco fiscal del Gobierno, que reemplazará la llamada ley de límite de gastos.
El líder izquierdista entró en los últimos días de votación antes de que la legislatura comience su receso de mitad de año sin una base sólida en el Congreso, aunque el apoyo a los principales puntos de la agenda económica es más amplio, e incluso incluye a algunos miembros de los partidos de oposición.
Esta semana, el expresidente de derecha Jair Bolsonaro y otras figuras de la oposición intentaron convencer a sus aliados de que votaran en contra de la propuesta de reforma fiscal. Sin embargo, 20 de los 95 representantes de su partido respaldaron el proyecto de ley.
Largo camino por delante
La reforma fiscal tardará años en implementarse por completo si se convierte en ley. La propuesta actual dice que la nueva estructura comenzará en 2026, pero una transición completa no se completará hasta 2033.
El plan consolida cinco gravámenes al consumo existentes en dos nuevos impuestos al valor agregado o IVA. Un IVA sería administrado por el Gobierno federal, mientras que otro recaudaría ingresos para los estados y municipios. El plan incluye fondos para compensar a los estados que probablemente perderán ingresos por la reforma.
El proyecto de ley establece una tasa de impuesto cero sobre los artículos de la canasta básica de alimentos, aunque la lista se definirá más adelante. También crea un gravamen sobre los bienes y servicios considerados nocivos para la salud y el medio ambiente, incluidos los cigarrillos y las bebidas alcohólicas.
Tendrá una tasa impositiva uniforme y un tratamiento diferenciado para determinados bienes y servicios relacionados con la salud, los medicamentos y productos básicos para el cuidado de la salud menstrual, la educación, el transporte público, la producción rural y las producciones artísticas, culturales, periodísticas y audiovisuales nacionales.
Se fijará una arancel específico para productos y servicios como combustibles y lubricantes, bienes raíces, servicios financieros, seguros, cooperativas, servicios hoteleros, parques de diversiones y parques temáticos, restaurantes y aviación regional. La reforma constitucional mantiene un régimen fiscal privilegiado para los biocombustibles con el fin de asegurar tasas más bajas que las que gravan los combustibles fósiles.
El proyecto de ley también crea un sistema de devolución de efectivo para las familias pobres. Una propuesta posterior definirá quiénes serían elegibles.