Parecen aliados naturales. Ambos grupos se preocupan (con buenos motivos) de que la situación actual es la peor en la historia de sus movimientos. Segundo, tienen enemigos comunes: los principales negacionistas del cambio climático y saqueadores ambientales no suelen tomarse en serio los derechos humanos (los presidentes Rodrigo Duterte, Donald Trump y Jair Bolsonaro, por nombrar solo tres). En tercer lugar, ambos movimientos son acusados de "elitistas" por sus oponentes, una acusación que ninguno de los dos grupos ha hecho mucho por superar.
No obstante, históricamente, los grupos no han trabajado juntos.
En sus principios, el movimiento de la conservación promovía la naturaleza a expensas de las personas (incluso al punto de expulsar a las poblaciones nativas de Yellowstone y Yosemite a finales del siglo XIX). Si bien hoy en día se entiende que ambos movimientos son complementarios, esto no se ha traducido en suficientes acciones concretas.
Los derechos humanos deben estar a la cabeza y al centro de todos los esfuerzos por combatir el cambio climático; no solo porque el cambio climático amenazará los derechos a la alimentación, el agua, la vivienda, los medios de vida y la salud de cientos de millones de personas, incrementando exponencialmente el número de refugiados, sino porque, tarde o temprano, los líderes mundiales finalmente se darán cuenta de la escala del desastre inminente. En ese punto, probablemente responderán con "estados de emergencia" que minarán considerablemente los derechos humanos, como con la reclusión de los descendientes de nipo-estadounidenses en la década de 1940 o la justificación de la tortura después del 9/11. En un trascendental informe de Naciones Unidas el año pasado, Philip Alston criticaba a la comunidad de derechos humanos por no enfrentar el hecho de que "los derechos humanos pueden no sobrevivir a la agitación que se avecina". La idea de que los sistemas democráticos no lograron impedir el calentamiento global puede arraigarse, con la resultante necesidad de fortalecer los poderes estatales a expensas de los derechos y las libertades.
Los derechos humanos deben estar a la cabeza y al centro de todos los esfuerzos por combatir el cambio climático
Para evitar que esto ocurra, los defensores de los derechos humanos y los ambientalistas deben ampliar sus campañas de movilización comunicándose con grupos que tradicionalmente no han sido aliados de ninguno de los dos movimientos.
De Europa a EE.UU. y Australia, una alianza de líderes populistas, cabilderos corporativos y la prensa propiedad de los Murdoch ha promovido la idea de que las ganancias para los derechos humanos o la protección ambiental serán contraproducentes para los empleos. Por ejemplo, las protestas de los "chalecos amarillos" en Francia fueron provocadas, en parte, por un incremento a los impuestos sobre los combustibles que buscaba reducir las emisiones de carbono. “Fin du monde, fin du mois”, era el grito de una de las manifestaciones: dejen de hablar del fin del mundo, solo estamos intentando llegar a fin de mes.
Los trabajadores de la industria de los combustibles fósiles, los ganaderos y otros necesitan saber que aún contarán con los medios para sus subsistencia después de que se haya tomado medidas serias para reducir el calentamiento global. Los gobiernos, las ONG y el sector privado pueden ofrecer garantías de ese tipo a través de programas de capacitación y subsidios para para la gestión de tierra alternativa y el secuestro de carbono. Sin seguridad laboral, muchas personas seguirán siendo vulnerables a los adinerados negacionistas del cambio climático —como los hermanos Koch—, quienes han logrado convencerlas de que el fenómeno es básicamente una farsa contra el "pueblo" perpetrada por la "élite".
Los activistas y los funcionarios locales simpatizantes también deben trabajar más duro para ganarse a los pueblos nativos. En muchos países, como Brasil, Filipinas y Honduras, hay ejemplos de grupos nativos que se resisten a los proyectos de energía renovable. No es que se opongan políticamente a la energía renovable, sino que tradicionalmente no se les ha consultado sobre los proyectos que se les imponen dentro de sus tierras y sus aguas tradicionales.
Los activistas del clima y de los derechos humanos deberían estar en contacto con estos grupos para ganarse su buena voluntad. Los gobiernos deberían devolver la propiedad de las tierras boscosas a las comunidades indígenas, las cuales han probado una y otra vez ser los guardianes más efectivos de sus propios ecosistemas. En cambio, los nativos están bajo ataque, literalmente. En 2017, un promedio de tres indígenas, defensores del medio ambiente o de los derechos sobre la tierra fueron asesinados cada semana.
La colaboración entre los defensores de los derechos humanos y los ambientalistas aumentará las posibilidades de que nos unamos para reducir emisiones y mitigar los peores efectos del cambio climático, y de que lo hagamos de forma equitativa. Ahora bien, el primer paso es crear lazos más fuertes entre los líderes y los activistas de cada causa. Hasta que ambos bandos hayan reconocido totalmente que la agenda del uno no puede lograrse sin el otro, seguirán teniendo un terrible desempeño frente a sus oponentes.
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