Los motociclistas enmascarados avanzaron con todo hacia la ciudad fronteriza, disparando al aire, mientras los manifestantes aterrorizados huían para esconderse en entradas de casas o ingresar a hogares de extraños. Formaron barricadas para atemorizar a los disidentes y hasta altas horas de la noche circularon por las calles llenas de escombros en un patrullaje ensordecedor.
En la ciudad venezolana de San Antonio del Táchira, los colectivos, bandas leales al presidente autocrático Nicolás Maduro, encabezaron la ofensiva contra quienes desafiaron al régimen el fin de semana pasado. Aterrorizaron a miles de personas que intentaron hacer ingresar la ayuda humanitaria al país desde Colombia y las atacaron a una cuadra del puente internacional donde los alimentos y las medicinas estaban esperando.
"Estábamos completamente impotentes", señaló Ismael Oropeza, de 39 años, quien se encontraba entre los grupos que marcharon por la avenida principal en las primeras horas del sábado. Mientras los manifestantes se enfrentaban a la Guardia Nacional venezolana, individuos emergieron detrás de una hilera de soldados y abrieron fuego, con el rostro cubierto por máscaras de esquí y pañuelos, detalló Oropeza. "Si tu gobierno te dispara como a un perro en la calle, ¿a quién te diriges?".
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En momentos en que Maduro maniobra contra los intentos de destituirlo del líder de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, movilizar a los colectivos es una apuesta arriesgada. La última vez que desplegó estos grupos a gran escala fue durante meses de protestas en 2017, lo que generó enfrentamientos brutales que cimentaron la imagen autocrática del régimen. Ahora que Maduro concentra la atención mundial, su salvajismo es condenado desde varios frentes y hace que se redoblen los esfuerzos internacionales para derrocarlo.
El sábado, la violencia se extendió por las áreas fronterizas de Venezuela mientras Guaidó y sus partidarios, que incluyen a Estados Unidos y otras 50 naciones, acopiaban la ayuda en puntos de ingreso en Colombia y Brasil. La ayuda estaba destinada a dar alivio a un país rico en petróleo que sufrió años de corrupción y mala gestión. También se buscaba demostrar el liderazgo de Guaidó, de 35 años, quien afirma que la constitución lo convierte en el líder legítimo del país porque Maduro se robó las elecciones del año pasado.
Maduro asegura que los convoyes eran un pretexto para una invasión extranjera y sus fuerzas arruinaron los esfuerzos con gas lacrimógeno, perdigones y, en muchos casos, balas. Al menos 200 personas resultaron heridas y en la remota localidad de Santa Elena de Uairén murieron al menos cuatro personas mientras las tropas y los colectivos avanzaban desenfrenados, según testigos presenciales.
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El senador estadounidense Marco Rubio y el secretario de Estado de ese país, Mike Pompeo, repudiaron el uso de pandillas para reprimir a los civiles. "Pronto se darán cuenta de cuánto se excedieron", tuiteó el senador republicano. Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos y expresidenta de Chile, condenó las "escenas vergonzosas".
Colectivo es un término general para describir grupos irregulares de izquierda en áreas empobrecidas y hay docenas en toda Venezuela. Se originaron en los movimientos guerrilleros urbanos de la década de 1960 y luego se reagruparon en barrios marginales haciendo trabajo comunitario, vigilantismo y educación política.
Círculos viciosos
Hugo Chavez, el difunto expresidente que llegó al poder en 1999, incorporó a los exproscritos al redil socialista. Creó los círculos bolivarianos, organizaciones armadas que se hicieron cargo o engendraron los colectivos. Algunos miembros obtuvieron cargos en el gobierno como guardaespaldas y en detalles de seguridad, lo que les dio acceso a arsenales.
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En el régimen de Maduro, sucesor elegido por Chávez, los miembros suelen ser exoficiales de policía y soldados a los que se les otorga autonomía, autoridad e influencia en programas de bienestar social. Dicen que defienden la revolución, mantienen la paz y protegen a los pobres contra el flagelo de las drogas. Grupos de derechos los acusan de cometer asesinatos extrajudiciales, ejecutar planes de corrupción y aterrorizar a quienes desafían sus toques de queda y sus órdenes.
Algunos mantienen lazos profundos en vecindarios y controlan sectores enteros de ciudades, aunque muchos perdieron sus conexiones con las comunidades mientras combaten la disidencia generalizada, explicó Alejandro Velasco, profesor asociado de estudios latinoamericanos de la Universidad de Nueva York. "Tienen todos los adornos de una fuerza represiva paramilitar", comentó.
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Amenazas a médicos
Los colectivos roban a reporteros, destruyen equipos y disparan violentamente contra las multitudes que se reúnen en masa para protestar. En 2017, golpearon a manifestantes con porras y le abrieron la frente a un congresista. Ingresaron al edificio de la Asamblea Nacional opositora en Caracas y atacaron a parlamentarios con garrotes en una nube de gases lacrimógenos.
San Antonio estuvo tranquilo el lunes y los colectivos restantes mantuvieron un perfil bajo, pero durante el fin de semana nadie parecía estar a salvo mientras los motociclistas aceleraban por la ciudad disparando ráfagas. Los médicos que asistían a los heridos en las calles se arrodillaron y levantaron sus manos mientras los enmascarados pasaban rápidamente.
Josmán Mora, de 28 años y cirujano de la ciudad petrolera de Maracaibo, llegó a San Antonio para ofrecerse como voluntario y ayudó a tres personas heridas por disparos. Sin embargo, los pandilleros amenazaron al grupo de dos docenas de médicos con pistolas y armas caseras. "Dijeron: ’Facistas, traidores, ¿a quién atienden? ¿a nuestra gente o a la oposición?’", aseguró Mora.
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Niños escondidos
Una estampida aterrorizada de manifestantes obligó al vendedor de hot dogs Javier Yépez, de 34 años, a permanecer en el interior de su casa con su familia, donde escucharon municiones rebotar en el techo de zinc. "Saqué a los niños de sus camas y los hice dormir debajo de un viejo refrigerador para que no les pasara nada", indicó.
El resurgimiento de los colectivos se produce en un contexto en el que las fuerzas de seguridad tradicionales comienzan a perder efectivos. Miles de guardias abandonaron sus puestos en los últimos años y más de 270 soldados y policías desertaron desde el sábado, según funcionarios colombianos.
Guaidó y sus aliados ofrecen una amnistía a los agentes de seguridad que cambien de bando, pero pocos integrantes de alto mando acudieron al llamado. Velasco plantea que el gobierno podría estar usando colectivos para aliviar la presión que asedia a los militares a medida que aumentan las protestas. Las pandillas “no tienen nada que perder, Maduro entiende esto", acotó.
No obstante, conforme se prolonga la crisis muchas personas pueden perder todo. Ana María Arcila, de 59 años, se sentó frente a su casa en San Antonio y recordó cómo escondió a media docena de desconocidos durante horas. "¿Qué pasa después si esa ayuda no entra? ¿Qué sucede si las cosas empeoran y las personas intentan volver a alzarse?", preguntó. Un graffiti grabado en casas y tiendas saqueadas ofrece una respuesta. Muestra a un hombre sosteniendo un rifle y la frase: "Los colectivos toman la frontera".
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