Los partidos políticos de Chile acordaron reactivar el proceso para redactar una nueva Constitución concluyendo tres meses de intensas negociaciones, luego de que en septiembre los votantes rechazaran por una abrumadora mayoría una primera propuesta.
El nuevo proceso, que ambas cámaras del Congreso deben aprobar, incluye la creación de un Consejo Constitucional de 50 miembros electos y una comisión de 24 expertos. El Senado y la Cámara Baja designarán a 12 expertos cada uno.
El comité de expertos comenzará a trabajar en enero en una propuesta constitucional que servirá como base para el trabajo del Consejo, informó el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, en conferencia de prensa. Los miembros del Consejo serán elegidos en abril y se deberá presentar un borrador en octubre. Se realizaría un plebiscito final en noviembre o diciembre del próximo año. El Consejo tendrá paridad de género y escaños reservados adicionales para grupos indígenas.
La mayoría de los partidos políticos firmaron el acuerdo. La nueva Constitución debe incluir algunos principios básicos previamente acordados por las partes: proteger la naturaleza, respetar la autonomía del banco central y la propiedad privada, reconocer los derechos indígenas y mantener la actual Cámara de Diputados y el Senado, entre otros.
“Discutir y escribir una Constitución hoy es importante e indispensable y requiere un nivel de profesionalismo”, afirmó el presidente de la Cámara Baja, Vlado Mirosevic.
Los artículos deben ser aprobados por 3/5 de los miembros del Consejo para ser incluidos en el borrador. Los artículos que no alcancen ese umbral pero que no sean rechazados por 2/3 de los delegados serán revisados por una comisión mixta.
La iniciativa para reemplazar el estatuto actual, que data de la dictadura de Augusto Pinochet, se produjo en respuesta a una ola de malestar social que se observó en 2019. Los chilenos rechazaron el primer borrador en un plebiscito realizado el 4 de septiembre. Muchos consideraron que la propuesta de Constitución iba demasiado lejos, que dañaría el crecimiento, erosionaría los controles esenciales sobre el poder y conduciría a un mayor gasto fiscal.
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