Perú dijo que respetará la decisión de Uruguay de conceder o no asilo al expresidente Alan García y negó que sea víctima de una persecución política, en el último giro de un caso de soborno que ha afectado a varios gobiernos latinoamericanos.
García solicitó el sábado asilo político en la residencia del embajador de Uruguay en Lima, solo horas después de que un tribunal impidiera al expresidente abandonar el país mientras está siendo investigado por corrupción.
García, quien fue presidente de Perú en dos mandatos, entre 1985 y 1990 y entre 2006 y 2011, es el último líder peruano involucrado en el escándalo de corrupción centrado en el gigante brasileño de construcción Odebrecht, que admitió haber pagado sobornos para obtener contratos en todo el continente. Los fiscales están investigando a García y otros exfuncionarios relacionados con un contrato ferroviario adjudicado a la empresa durante su segundo gobierno. García niega las acusaciones.
El actual presidente de Perú, Martín Vizcarra, señaló el lunes que había hablado con el jefe de Estado uruguayo, Tabaré Vázquez, y le había pedido que reconsiderara la opinión de su gobierno sobre la solicitud de asilo. Esa postura se dará a conocer en un documento que se presentará al gobierno uruguayo a más tardar el martes, dijo.
"No existe persecución política en el Perú", dijo Vizcarra. "Existe un pleno Estado de derecho".
García tiene una orden de prohibición de salida del país de 18 meses después de que la fiscalía dijera que recibió información de Odebrecht sobre un pago de US$100.000 al expresidente por un discurso que pronunció en una conferencia realizada en São Paulo en 2012. García dijo que ha dado docenas de discursos desde que dejó el cargo y niega haber recibido pagos de la firma.
Luego de la decisión del tribunal el sábado, García dijo que aceptó la prohibición de viajar y señaló en su cuenta de Twitter que no consideraba que estar en el país durante 18 meses fuera una sanción. Unas horas más tarde ingresó a la residencia del embajador para presentar su solicitud de asilo.
Uruguay evaluará la situación y adoptará “la decisión que soberanamente considere adecuada a las circunstancias", según una declaración en el sitio web de la presidencia del país.
Vizcarra instó a Uruguay a cumplir una promesa hecha en una cumbre realizada en Lima en abril, cuando gobiernos de todo el hemisferio prometieron combatir la corrupción.
La corrupción "no reconoce fronteras y que por eso se necesita el trabajo conjunto de los presidentes de los Estados para combatirla", dijo.
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