Los jueces brasileños tuvieron un fin de semana emocionante. El domingo 8 de julio, un magistrado de turno de la corte de apelaciones concedió un recurso de “hábeas corpus” al encarcelado expresidente Luiz Inácio Lula da Silva. La sorpresiva decisión emocionó a los leales a Lula, quienes se congregaron afuera de la cárcel para celebrar la inminente liberación del ícono del Partido de los Trabajadores, condenado por soborno en el histórico caso de corrupción en Brasil conocido como “Lava Jato”.
La euforia duró hasta el anochecer: después de una intensa batalla legal, otro juez revocó la decisión, dejando a Lula en prisión, a sus seguidores indignados y al país expectante sobre qué otras turbulencias se esperan antes de las elecciones presidenciales de octubre, que las encuestas todavía vaticinan que Lula ganaría.
A primera vista, esa hiperactividad judicial puede parecer democracia en acción. Claro, otras instituciones gubernamentales brasileñas pueden ser mercancías dañadas, y tanto el poder ejecutivo como el legislativo están manchados por escándalos. Sin embargo, gracias a la policía, a los fiscales y a los jueces, los funcionarios públicos turbios están huyendo, y ni siquiera leyendas políticas como Lula están exentas. Nunca tantos brasileños han sido capaces de llevar sus demandas ante la justicia; en 2016, se presentaron más de 110 millones de casos.
De cerca, sin embargo, el panorama no es tan agradable. Pese a todo el celo fiscal y los casos emblemáticos, la mayor democracia de la región parece cada vez más un modelo de incontinencia judicial. Con más de un millón de abogados, Brasil es una tierra de justicieros de traje: el tribunal representa un campo de batalla partidista y un caso sencillo de hoy a menudo es solo el preludio de un nuevo juicio de mañana.
Tal inconstancia puede convertir la jurisprudencia en una nota al pie y someter incluso las decisiones importantes a las pasiones volubles, dejando el proceso democrático rehén de la incertidumbre. Es lo que ocurre con Lula, quien fue juzgado, condenado dos veces y encarcelado por corrupción.
De hecho, debido a que la voluble Corte Suprema vacila sobre cuándo enviar a un convicto a prisión —después de una apelación fallida, por su decisión de 2016, o según los populistas judiciales, ¿solo después que se agoten todas las apelaciones posibles?— los partidarios y el incansable equipo legal de Lula apuestan a su triunfante regreso a la libertad e incluso al palacio presidencial. Y la última palabra sobre la candidatura de Lula podría recaer en el próximo presidente del Supremo Tribunal Federal, José Antonio Dias Toffoli, quien se desempeñó como asesor jurídico del gobierno de Lula.
La coherencia política no es la única víctima de este tempestuoso sistema judicial. Las resoluciones perecederas, la jurisprudencia desechable, las extralimitaciones judiciales y los conflictos de intereses también conspiran para asustar a los inversionistas y contener el crecimiento económico. "Es posible que los inversionistas no abandonen el país debido a estos problemas, pero la imprevisibilidad judicial se convierte en parte del cálculo comercial general", me dijo el economista de la Fundación Getulio Vargas (FGV) ArmandoCastelar Pinheiro. "Hace quince o veinte años, los abogados eran a los únicos a los que les preocupaba esto. Ahora la incertidumbre legal es una gran preocupación de la comunidad empresarial".
Para proyectar el gasto y la inversión, señaló Castelar, las empresas necesitan reglas claras sobre impuestos, regulaciones sanitarias y restricciones ambientales, y la certeza de que las autoridades harán cumplir la ley. "Brasil tiene problemas en todas estas áreas", dijo. "Nuestras leyes son defectuosas y las nuevas regulaciones se emiten por miles. Incluso tenemos compañías especializadas en analizar las normas y los riesgos legales".
Considere la reciente decisión del juez de la Corte Suprema Ricardo Lewandowski de suspender los planes de privatizar activos de Petrobras, sobre la base de que las privatizaciones deben ser aprobadas por el Congreso. No importa que las ventas sean vitales para restaurar la solvencia de Petrobras.
La decisión fue un retroceso a la década de 1990, cuando un gobierno reformista privatizó decenas de empresas estatales, a menudo sobre las objeciones de grupos de presión y sus abogados.
Para agravar la falta de claridad de los tribunales sobre las reglas y los límites está el lento ritmo de la justicia. Las largas demoras en los acuerdos judiciales "significa que las empresas deben incorporar la posibilidad de que las deudas impagas solo puedan recuperarse judicialmente años más tarde, si es que se puede", escribió Matthew Taylor de la American University en un artículo sobre los tribunales brasileños. Eso explica en parte por qué las empresas brasileñas tienen dificultades para obtener préstamos y pagan altas tasas de interés.
El jurista Joaquim Falcão, también de la FGV, dice que el problema está en la parte superior del poder judicial. "La gente espera que la Corte Suprema marque la pauta, resuelva conflictos e impasses legales", me dijo Falcão. Sin embargo, eso no es lo que siempre sucede. Gran parte de la culpa se debe a la imposible carga de trabajo del máximo tribunal: 87.000 casos al año, que obstruyen la lista de casos y relegan un tremendo poder a cada uno de sus 11 jueces. Cerca del 90 por ciento de los casos de la Corte Suprema los decide un solo juez, una puerta giratoria al capricho judicial. "No tenemos una, sino 11 cortes supremas", observó Falcão. "En lugar de resolver conflictos y disipar la incertidumbre, la corte crea incluso más incertidumbre, lo que genera inestabilidad económica. Brasil no puede crecer sin predictibilidad".
No es de extrañar que el sobrecargado y no pocas veces antidemocrático sistema de justicia se haya puesto en marcha durante el retorno del país a la democracia. Como un cortafuego después de más de dos décadas de gobierno militar, los legisladores nacionales otorgaron amplios poderes a los jueces y los fiscales en la constitución de 1988. Hoy, el sistema de justicia brasileño es considerado uno de los más grandes, más poderosos y más caros del mundo.
La legislatura brasileña agrava el problema al agregar nuevas leyes. "La constitución sigue creciendo", dijo Rogerio Arantes, un experto en derecho constitucional de la Universidad de São Paulo. Según sus cálculos, en 30 años Brasil ha introducido 105 enmiendas constitucionales, algunas tan detalladas que interfieren en la política pública. "Solo para regir el gobierno a menudo hay que cambiar la constitución. Esto significa que cada vez más, las futuras generaciones quedan esclavizadas al presente".
Tal "inoperancia judicial", en palabras de Taylor, no solo perjudicó las perspectivas de crecimiento de Brasil, sino que también socavó la confianza en la que ha sido una de las más sólidas instituciones gubernamentales del país. Una encuesta reciente reveló que el 53 por ciento de los brasileños desconfiaban en parte del poder judicial, mientras que el 90 por ciento creía que no todos reciben el mismo trato ante ley. Esa es una doble amenaza para una democracia que aspira a ser uno de los líderes del mundo.
Esta columna no necesariamente refleja la opinión de la junta editorial o de Bloomberg LP y sus dueños.
