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Un brexit duro complicaría la mitad de vuelos nacionales en España

En caso de no haber acuerdos, se podría dejar en tierra a la mitad de los pasajeros de vuelos nacionales de España.

Theresa May 11272018
Theresa May primera ministro británica. | NA

Un brexit sin acuerdo podría dejar en tierra a la mitad de los pasajeros de vuelos nacionales de España y a un cuarto del total si IAG, matriz de British Airways, no puede demostrar que sus unidades Iberia y Vueling son propiedad de inversionistas de la Unión Europea.

Una de las condiciones de licenciamiento para las operaciones de aerolíneas de la UE es que estén controladas por ciudadanos de países miembros o los propios Estados, algo que la londinense IAG asegura cumplir a través de su registro en España y la concesión de derechos a voto en Iberia y Vueling en holdings locales.

La UE señaló que IAG debe verificar que la estructura cumpla con los requisitos antes de que Gran Bretaña abandone el bloque el 29 de marzo, o de lo contrario corre el riesgo de que se cancele su derecho a operar algunos servicios.

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Como el grupo tiene sede en el aeropuerto de Heathrow, Qatar Airways posee el 21 por ciento de participación y en el conglomerado figuran amplios intereses británicos y estadounidenses, puede que eso no sea sencillo.

IAG reiteró el miércoles que sigue confiando en que "cumplirá con las normas de propiedad y control de la UE y el Reino Unido después del brexit", luego de un amplio compromiso con todos los reguladores y gobiernos pertinentes.

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Vueling, Iberia e Iberia Express tenían en conjunto el 47 por ciento de los pasajeros nacionales de España en marzo, según el último informe del Ministerio de Obras Públicas. Al sumar a BA y la unidad irlandesa Aer Lingus, la participación general de mercado fue de alrededor de 25 por ciento.

La Agencia Estatal de Seguridad Aérea, que rinde cuentas al ministerio, puede encontrarse en la posición poco envidiable de tener que decidir si los vuelos de Iberia y Vueling quedarse en tierra, ya que la competencia para evaluar el cumplimiento recae en las autoridades nacionales, comentó la Comisión Europea en un correo electrónico enviado a Bloomberg.