Cada vez que Márgara Bermúdez tiene que hacer una llamada, monta su motocicleta hasta un árbol a unos cinco minutos de su casa, en un pequeño pueblo en las afueras de la ciudad de Maracaibo, rica en petróleo. Ese es el único lugar donde hay suficiente señal para que su celular funcione.
Los residentes de Los Puertos de Altagracia han descubierto que ese punto es, de alguna manera, un refugio de las crecientes zonas muertas que los dejan aislados la mayor parte del tiempo, como resultado de un crimen popular en la nación que se desmorona: el robo y el vandalismo de antenas celulares. Así que el árbol, que siempre ha ofrecido una agradable sombra en el calor, ahora se llena incluso de noche, iluminado por personas que responden mensajes de texto.
Documentos indican que ha habido al menos 2.000 ataques a la red venezolana de 6.000 antenas en los últimos tres años. El número incluye incidentes de vandalismo (llevarse el equipo por piezas, las cuales pueden revenderse) y robo descarado. Solo en 2018, la filial de Telefónica SA, Movistar, el segundo mayor operador del país, ha reportado 536 robos. Los robos están añadiendo presión a las compañías que luchan por sobrevivir en medio de una inflación en alza, tarifas máximas establecidas por el gobierno y un sistema de comunicaciones plagado de apagones que están dejando a millones de venezolanos de las ciudades más pequeñas abandonados.
“Estamos aislados, nos estamos distanciando hasta de nuestra familia. Se quejan de que no los llame, pero ¿cómo hago?”, dice Bermúdez desde el famoso árbol. Cuando necesita hacer una transferencia bancaria en línea, conduce hasta allí y llama a su hermana en Caracas para que la ayude. A menudo, la llamada se corta después de unos pocos segundos.
Movilnet, el operador líder del país, de propiedad del Estado, y Digitel, de propiedad privada, también fueron golpeados por la ola de crímenes. El equipo robado, que a menudo es compartido por las compañías, luego se revende a precios elevados, incluidos cables de suministro energético, piezas de cobre y componentes electrónicos, según los documentos vistos por Bloomberg.
Para las empresas, reemplazar ese equipo robado se ha vuelto cada vez más difícil. El gobierno no ha entregado dólares subsidiados para las importaciones desde el colapso del precio del petróleo, su principal fuente de ingresos. Eso, combinado con el límite de lo que pueden cobrar, los deja sin dinero para invertir o mejorar la tecnología.
"Cobrando 3 o 4 dólares al mes, podríamos comenzar a recuperar los sistemas", aseguró a periodistas José Luis Rodríguez Zarco, presidente de Telefónica en Venezuela, y agregó que las tarifas de Venezuela son las más baratas del mundo. "No estamos al borde de un colapso, pero cada vez sacrificamos más la calidad".
Rodríguez aseguró que la compañía no tiene planes de abandonar Venezuela, pero que necesita constantemente la ayuda de su matriz en España para continuar operando. El consumo ha aumentado un 73 por ciento en un año, mientras que un tercio de su personal ha dejado el país, dice.
La mayor parte del dinero se destina ahora a mantenimiento, incluida la recuperación de estaciones atacadas por el robo y el vandalismo, según documentos vistos por Bloomberg. Los reemplazos cuestan 600.000 por ciento más que el año pasado, debido a la inflación aplastante que se encuentra en 1,7 millones por ciento anualizado en los últimos 3 meses.
"Hay contrabando involucrado, por lo que las partes se revenden en el Caribe y los países vecinos", particularmente para conductores de cobre, radios de microondas, generadores de motor y baterías, explicó José María de Viana, exdirector de Movilnet en Caracas. "Un riesgo como este no valdría la pena en otro país, pero aquí la gente hace cualquier cosa por US$10".
