El recinto parlamentario nuevamente funcionó como una caja de resonancia del aislacionismo creciente del Gobierno nacional. En una jornada de alto voltaje político en la Cámara de Senadores, donde fueron convertidas en ley varias iniciativas, Javier Milei y sus funcionarios aumentaron la distancia que mantienen tanto con la vicepresidenta Victoria Villarruel —a quien el presidente aludió de "traidora", mientras que Patricia Bullrich la cruzó en redes sociales— como con los gobernadores provinciales, quienes el día anterior le hicieron un anunciado desplante en el acto del 9 de julio en Tucumán, donde decidió no asistir.
Este jueves fueron aprobadas en la Cámara Alta y por amplia mayoría dos leyes previsionales —aumento del 7,2% de las jubilaciones y la restitución de la moratoria— y la declaración de la emergencia en discapacidad, iniciativas de impacto fiscal que el Gobierno anunció que vetará. El oficialismo calificó la sesión de “inválida” y el bloque libertario se retiró en señal de protesta. Más tarde, Milei reiteró que, en caso que sus vetos sean rechazados en el parlamento, judicializaría las nuevas leyes.
Para echar luz sobre la situación, el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez dialogó con el equipo periodístico del programa "Comunistas", por Bravo TV. Explicó que según la Constitución y el reglamento del Senado (artículos 19 y 20), la sesión fue "plenamente válida", y recordó: "si cinco senadores solicitan una sesión especial y el vicepresidente (que preside el Senado pero no forma parte de él) no la convoca, el Senado puede autoconvocarse, reunir el quorum y sesionar". Esta facultad forma parte de la autonomía del Congreso, y así lo ha confirmado incluso la Corte Suprema en casos anteriores, como durante la pandemia de COVID-19 con Cristina Fernández de Kirchner, según precisó.
Gil Domínguez señaló que la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, no tiene poder para impedir ni convalidar las sesiones sino únicamente para administrarlas y dirigirlas según el reglamento. Por eso, la declaración de invalidez por parte del oficialismo es un claro desconocimiento de la normativa vigente y de la división de poderes, según apuntó.
Respecto del anuncio de los vetos presidenciales anticipados por Milei y la posible judicialización de las leyes aprobadas, Gil Domínguez calificó dichas intenciones como “ridículas” y contrarias al orden constitucional. En el sistema vigente, una vez que el Congreso insiste en la sanción por medio de la mayoría requerida, la ley debe ser promulgada y aplicada por el Poder Ejecutivo. Si el presidente no cumpliera, incurriría en mal desempeño y podría ser sometido a juicio político. No existe una vía legal para que el presidente “judicialice” un veto rechazado por el Congreso, y de intentarlo, violaría la división de poderes, relató.
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El abogado advirtió que las intenciones declamadas por el Ejecutivo muestran la existencia de un gobierno al que calificó de “autocrático y caprichoso” y que no respeta la Constitución ni la institucionalidad, sino que busca imponer un modelo personalista basado en su voluntad, desestimando la independencia de poderes. Gil Domínguez además lo calificó como “neofascista”, y subrayó el desprecio absoluto por el Estado de derecho por parte del presidente, resaltando que cuando las instituciones "frenan sus caprichos", el oficialismo "reacciona con ataques, argumentos absurdos o ignorancia deliberada".
Finalmente, al ser consultado sobre el papel de la Justicia, Gil Domínguez criticó la falta de protección efectiva a los derechos fundamentales y lamentó que "muchos sectores judiciales ignoran sistemáticamente los reclamos, dejando a sectores vulnerables como los jubilados y las personas con discapacidad sin defensa adecuada frente a retrocesos normativos".
LB / FPT
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