Daniel Rosato anticipó que “1.200 empresas que de acá a junio van a cerrar” por deudas, embargos y falta de ventas

La industria pyme atraviesa 2026 con un diagnóstico cada vez más sombrío, marcado por la caída del consumo, costos altos y financiamiento escaso. Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos, dijo que el sector “lamentablemente no puede dar buenas noticias” porque la recesión profundiza la caída del mercado interno y golpea de lleno a la producción. “Sigue incrementándose el problema de cierre de empresas, despidos, suspensiones”, afirmó, y sostuvo que la falta de ventas volvió inviable sostener estructuras de costos y deudas.

Rosato aseguró que el problema ya no es una alarma aislada, sino un proceso que se acelera con consecuencias concretas. Advirtió que trabajan sobre una estimación de cierres: “Queremos que hay 1.200 empresas de acá a junio que van a cerrar” por embargos, concursos preventivos y deudas fiscales. Su argumento es directo: “No lo pueden afrontar” porque “no hay ventas”, por lo que la presión judicial y fiscal termina empujando a la baja definitiva.

En ese contexto, el dirigente pyme planteó una respuesta política: un proyecto de emergencia económica productiva. Contó que fueron al Congreso para hablar con senadores y presentar una iniciativa que, según explicó, busca dar “sustentabilidad” al entramado productivo y preservar empleo. A cambio de beneficios, propuso una condición explícita: ninguna empresa que acceda al régimen debería despedir personal, salvo causa justificada.

Cierre de empresas y consumo en caída: “no hay ventas” y la crisis se expande a todo el país

Rosato describió un escenario de deterioro extendido, incluso en regiones que suelen mostrar más actividad por recursos naturales. Dijo que las únicas provincias con mejor desempeño relativo son Neuquén y San Juan, pero advirtió que aun allí “en el interior de Neuquén hay empresas que están cerrando” si no están vinculadas a energía o minería. En su lectura, el problema “se amplía a todo el país” porque la caída del consumo y la falta de movimiento comercial alcanzan a los sectores no beneficiados por los motores exportadores.

La gravedad, según Rosato, se siente especialmente en provincias industriales y del interior. Mencionó casos como Santa Fe, Córdoba, Chaco, Misiones, Corrientes, La Rioja y Tucumán, y trazó una imagen para describir el freno: “Parece que todo el día fuera feriado, no hay movimiento en las calles”. Con esa descripción buscó mostrar que la crisis ya no es solo un dato macro, sino un fenómeno visible en la vida cotidiana.

En su diagnóstico, el problema central es que la economía “no repunta” aunque algunos sectores vayan bien. Rosato sostuvo que con agro y energía “no es suficiente” para que mejore la economía general y recordó que la industria manufacturera acumula “ocho meses de caída consecutiva”. Su tesis es que sin medidas específicas para manufactura, la recuperación será parcial y dejará una porción grande del empleo afuera.

Capacidad instalada y apertura importadora: textil al 25% y alerta por sectores intensivos en empleo

Uno de los puntos más sensibles del planteo de Rosato es el nivel de utilización de capacidad instalada en ramas clave. Aseguró que la industria textil está trabajando al “25%” y que el calzado atraviesa una situación similar. Para el dirigente, estos números no solo muestran caída productiva: anticipan más suspensiones y cierres si la demanda no se recupera o si se profundiza la competencia importada.

Rosato fue crítico con la política comercial del Gobierno y con la baja de aranceles que, según él, agrava la crisis. Dijo que mientras la industria intenta sobrevivir por falta de ventas, el Gobierno “sigue profundizando el tema de las importaciones”, y mencionó la baja de aranceles en calzado como ejemplo. Advirtió que ese camino “va a profundizar sin ninguna duda más la crisis” en sectores de “mano de obra intensiva”, donde el empleo depende de volumen de producción local.

También planteó un escenario de reconversión desigual: algunas firmas podrían pasar de producir a importar, pero muchas no. Rosato explicó que hay empresas que no pueden cambiar su negocio porque tienen maquinaria costosa y procesos diseñados para un producto específico. En su visión, pedirles que se reconviertan de un día para el otro implica dejar “150, 200 trabajadores en la calle”, algo que consideró inviable.

Frente a ese cuadro, insistió en la idea fuerza: “la única alternativa que tiene hoy la Argentina para resolver el problema de la crisis económica es produciendo, generando mano de obra y haciendo sustentable la industria manufacturera”. En ese esquema, el reclamo no es cerrar la economía, sino evitar una apertura que destruya producción antes de que exista un puente de competitividad.

Tasas, competitividad y ley de emergencia: “nivelar la cancha” para evitar más cierres

Rosato ubicó el financiamiento como una de las barreras más determinantes. Señaló que en el mundo las tasas para el sector productivo van “del 2,5 al 4%”, mientras que en Argentina siguen “del 48 al 50%”. Con esa comparación, argumentó que no se puede exigir competitividad a la manufactura si el costo del dinero es varias veces mayor que el internacional.

Por eso, el proyecto de emergencia productiva busca crear condiciones mínimas de supervivencia. Rosato explicó que piden beneficios “menores inclusive” a los que existen afuera, pero con una contraparte clara: preservar empleo. “Ninguna empresa que pueda acceder a este proyecto de ley puede despedir gente” salvo causa justa, resumió, para evitar que la asistencia se convierta en subsidio a la destrucción laboral.

El dirigente también contó cómo se mueve el proyecto en el Congreso. Dijo que ya hablaron con senadores de la oposición y que la próxima etapa es reunirse con legisladores del oficialismo, porque “se necesitan votos” para que la ley se haga realidad. Su mensaje a los representantes provinciales fue que deben entender la dimensión del problema en el interior, donde el cierre de empresas tiene impacto directo y rápido sobre empleo.

Finalmente, Rosato cuestionó diferencias en incentivos dentro de regímenes de inversión. Mencionó el RIMI y sostuvo que, para la industria manufacturera, exige mínimos muy altos, mientras que para agro y ganadería habría un tratamiento más flexible. Su planteo fue que no debería haber “esas diferencias” porque “somos argentinos y producimos en un mismo país”, y que el esquema actual termina castigando al sector que agrega valor y empleo.