FEARCA advirtió por el riesgo de “doble sanción” en el proyecto que busca penalizar el daño ambiental

El proyecto que busca incorporar la figura del ecocidio al Código Penal generó preocupación entre distintas entidades vinculadas con la producción agropecuaria. Diego Martínez, presidente de la Federación Argentina de Cámaras Agroaéreas (FEARCA), explicó en Canal E que el cuestionamiento no apunta al objetivo ambiental de la iniciativa, sino a la forma en que se encuentran definidos sus alcances.

“No estamos en contra, jamás estaríamos en contra de una ley que promueva el cuidado del ambiente”, aclaró Martínez. Sin embargo, inmediatamente marcó la principal objeción del sector: “Respecto a la ley en concreto, no está en discusión el objeto de la ley, el objetivo de la ley. Lo que nos preocupa es la forma en la que está redactada”.

Los tres puntos que reclama el sector

Martínez resumió el planteo de FEARCA en tres conceptos: precisión, proporcionalidad y seguridad jurídica. Según explicó, cualquier norma penal debería establecer claramente qué conductas quedan alcanzadas y bajo qué parámetros técnicos pueden evaluarse.

“Cuando hablamos de precisiones, definiciones claras y objetivas de los alcances y los parámetros técnicos serían comprobables para hacer una evaluación de aplicación de una ley”, sostuvo. Para el dirigente, la preocupación aparece cuando una conducta que ya está contemplada en regulaciones vigentes puede recibir una nueva interpretación penal.

En ese sentido, destacó que “la aviación agrícola en Argentina, como actividad agropecuaria, es la actividad más regulada del campo”. El sector, explicó, está sometido tanto a normativas aeronáuticas como agronómicas.

La preocupación por una posible doble sanción

Uno de los puntos más sensibles es la posibilidad de que una infracción administrativa pueda ser interpretada también como un delito ambiental. “Lo que nos sorprende un poco es como que habría una doble sanción, eventualmente, por una infracción que ya está estipulada en las leyes que ya cumplimos”, afirmó Martínez.

Por eso, consideró necesario diferenciar con precisión ambos escenarios. “Entendemos que hay que diferenciar lo que sería un delito ambiental con una infracción a una ley que ya cumplimos”, explicó.

La incertidumbre podría extenderse, según su análisis, a productores, técnicos, prestadores de servicios e incluso empresas vinculadas con la formulación y utilización de productos agroquímicos.

El posible impacto sobre las inversiones

Martínez coincidió además con otras entidades del sector que advierten que una norma poco precisa podría afectar decisiones de inversión. El temor es que una acción incorrecta o un error sean eventualmente interpretados como un delito de mayor gravedad.

“Puede ser interpretada una mala acción o un error de una infracción como un delito”, señaló. Por eso reclamó “una redacción de ese proyecto un poco más precisa, más clara y más consensuada”.

Para FEARCA, la cuestión no pasa por impedir la existencia de sanciones ambientales, sino por establecer previamente criterios objetivos y previsibles para determinar cuándo existe efectivamente una conducta penalmente reprochable.

El pedido de mayor participación técnica

El dirigente se mostró esperanzado en que las entidades agropecuarias puedan participar del debate legislativo y aportar información antes de que avance la iniciativa. Recordó las tensiones entre el campo y la política registradas desde 2008 y consideró que desde entonces mejoraron los canales de diálogo.

“Tenemos la expectativa de que sea un análisis de un proyecto de ley mucho más a conciencia”, afirmó. También pidió que el sector pueda acercar “información técnico-científica de mucho más valor” a los legisladores.

La posición de FEARCA, sintetizó Martínez, consiste en acompañar la protección ambiental pero evitando normas ambiguas. El reclamo central es que cualquier nueva figura penal permita distinguir claramente entre una infracción, un error operativo y un verdadero delito ambiental.