Graciela Ocaña: "Veo difícil que Cristina Kirchner vaya presa"

Graciela Ocaña, referente de Juntos por el Cambio, participó de una conferencia de prensa organizada por estudiantes de Periodismo de la Escuela de Comunicación del Grupo Perfil, en la cual se refirió al juicio que atraviesa la vicepresidenta Cristina Kirchner. Donde expreso que “las pruebas de los fiscales son muy importantes y han demostrado todo el circuito de armado de una estructura de corrupción”. Señaló también que Cristina está mal asesorada, “en lugar de hacer un alegato controvirtiendo las pruebas, está haciendo un “alegato político”, sostuvo.

La diputada opositora, también reflexionó sobre su descreimiento respecto a que la vicepresidenta termine en la cárcel. “Veo difícil que Cristina Kirchner vaya presa porque está cercana a los 70 años”. Además, agregó que la foto del juez García Uriburu y el fiscal Luciani en un partido de fútbol “no significa nada jurídicamente” ya que explico que la mayoría de los fiscales y jueces se conocen. A lo que añadió que “acá no hay motivo de recusación, es todo un tema de escándalo y relato. Cristina tendría que abocarse, no a investigar a fiscales y jueces, sino a presentar los elementos que demuestran su inocencia”, afirmó Ocaña, en el Ciclo de Entrevistas a cargo de Rodrigo Lloret, director de Perfil Educación.

—¿Cuál es su lectura sobre las manifestaciones públicas de Cristina Kirchner el día posterior al pedido de condena en la causa Vialidad?

—La verdad es que lo que está haciendo hoy Cristina Kirchner es más una cuestión que tiene que ver con el relato general, y de esta idea de discutir una cuestión más política que técnica. Acá lo que tenemos que discutir en un juicio. Cuando a vos te acusan de algo, al ser funcionario público eso te puede pasar, uno lo que quiere es ir a demostrar que esas pruebas y de lo que te acusan es falso. Entonces vas con tus pruebas, y llevas todo lo necesario para demostrar tu inocencia, vos no vas a discutir que esto es un hecho político, un “lawfare”. Además, son causas que se iniciaron en el 2008, son causas antiguas que se iniciaron durante su gobierno, hoy Cristina está nuevamente esta en el gobierno, entonces ¿dirá que hay “lawfare” en su propio gobierno? Cristina está mal asesorada. En lugar de hacer un alegato controvirtiendo las pruebas, porque ella puede decir “es falso” o “yo hablaba con López obviamente porque era la presidenta y tenía que dar instrucciones”, la vicepresidenta hace un alegato político, es todo lo que vine escuchando hasta ahora.

—Considerando que la militancia kirchnerista pide la renuncia de la Corte Suprema, arengando manifestaciones, paros y cortes de rutas ¿Cree que peligran las instituciones en Argentina?

—Me parece que esas figuras son irrelevantes e incluso creo que alguna de ellas puede caer como alzamiento de lo que dispone el artículo 36 en contra de la democracia. Acá estamos hablando de una discusión judicial. El kirchnerismo debería preocuparse y Cristina debería preocuparse por tener una buena defensa y controvertir las pruebas, es algo sencillo. Lo que es imposible es que Cristina crea que haciendo un alegato político eso la va a exonerar de toda culpa, eso no lo entiendo. Cuando uno es inocente, lo que pretende es que rápidamente te den el sobreseimiento en la justicia, uno quiere que la justicia avance rápido y que las pruebas se ventilen. Todas esas actitudes no se ven en Cristina Kirchner, quien lo único que hace son alegatos políticos, dijo que la historia la había absuelto y en Argentina todos somos iguales ante la ley. La única que puede absolver la culpabilidad es la justicia, que es lo que está pasando, hay que dejar que cada poder haga lo que tiene que hacer y uno como funcionario público tiene que responder a ese poder, la respuesta está en presentar las pruebas que demuestren tu inocencia.

 —¿Considera que son contundentes las pruebas aportadas por la fiscalía?

—La vicepresidenta está hablando de comunicaciones que se dieron en su gobierno, con lo cual ello no habla bien de su propio gobierno. Cristina puede decir que no conocía lo que pasó, o que era parte de lo que pasó y eso es lo que se está definiendo en este juicio. Más allá de mi opinión personal, las pruebas de los fiscales son muy importantes y han demostrado todo el circuito de armado de una estructura de corrupción, desde el comienzo lamentablemente del gobierno de Néstor Kirchner hasta su finalización.

—¿Se encuentran ajustados a derecho los tiempos del proceso en la causa Vialidad?

—Lo cierto es que las causas penales tienen sus tiempo, hay todo un tiempo que va desde la investigación hasta la elevación a juicio oral, allí las personas que son acusadas, imputadas en la causa, tienen el derecho a defenderse en la declaración indagatoria que es un acto siempre de defensa del imputado. Luego de eso se cierra y se eleva a juicio oral que es la etapa que estamos viendo. En esa instancia hay una etapa previa donde se exponen cuáles van a ser los testimonios y las pruebas sobre las cuales se va a llevar adelante el juicio, porque de lo contrario es algo indeterminado. Todas las partes prestan, conformidad o acuerdan, se discute, se sacan y se ponen testigos, cada uno ofrece la cantidad de testigos que quiere, cada uno ofrece las pruebas y se discute eso en el ámbito. Luego se determina que es lo que pasó durante todo ese tiempo, donde se escuchó durante más de dos años y medio, testimonios, se esbozaron pruebas y llega la etapa de los alegatos. Los alegatos de acusación empiezan con el fiscal, es lo que hemos visto, ahora sigue el procedimiento de la defensa, los abogados defensores de cada uno de los imputados. Esta etapa va a llevar unos meses y luego cada una de las personas acusadas tiene derecho a pronunciar sus últimas palabras. Eso no quiere decir que tiene que decir tres palabras, sino que puede ejercer el derecho sin límite de tiempo.

—¿Cree correcto el pedido de una pena de 12 años contra la expresidenta solicitado por la fiscalía?

—No soy abogada, soy politóloga, entonces no podría contestar esa pregunta porque técnicamente hay atenuantes, hay diversas cuestiones. Está dentro de la pena que se establece para ese tipo penal, que es hasta 16 años, es decir de 6 a 16 años.

—Se habla de proscripción y de la posible candidatura para un cargo en el Senado en 2023 ¿Cree viable que Cristina termine condenada y presa?

—Va a tener una condena, después tendrá sus apelaciones. Lo importante es esperar lo que diga el tribunal, porque también vimos juicios, como por ejemplo el del Senado de la Nación, que luego, quedó en la nada e investigaron a los que denunciaron. En Argentina todo es posible. Si fuera condenada, en ese supuesto, yo creo que están los elementos como para que sea condenada, tiene dos instancias más para que ese fallo quede firme, en la medida que ese fallo no esté firme, Cristina puede ser candidata. Lo vimos con Carlos Menen y hay en ese sentido, fallos de la Corte Suprema actual que así se lo permitieron. Entonces no hay ninguna posibilidad que Cristina sea proscripta, para terminar con el relato, porque eso no existe. Después tendrá que ganar las elecciones si se postula. Que vaya presa, lo veo difícil porque obviamente es una persona que está cercana a los 70 años, más allá de por ahí algunos días, y si es que esto sucede. Pero para que eso llegue, van a pasar muchísimos años. En el caso de Menen, él murió a pesar de tener una sentencia y la confirmación de la Cámara de Casación Penal. Pero faltaba la Corte, y como la Corte nunca se expidió entonces pudo ser senador todas las veces que se le ocurrió y pasaron muchísimos años.

—¿Qué condena considera podría corresponder?

—No soy juez, así que no puedo establecer cuál es la condena que corresponde. La condena que le corresponde será la que establece el Código Penal y la que los fiscales y jueces entiendan que le corresponde en caso de culpabilidad. Lo más importante, es lo que está pasando, donde así como en los 80 con el juicio a las Juntas, se recondujo una situación que había vivido la Argentina por casi 50 años, donde a gobiernos democráticos le seguían gobiernos militares, siempre con unos u otros que estaban a favor de ellos. Entonces los argentinos dijimos “nunca más” después de aquel juicio. Argentina tuvo problemas, el 2001 fue un momento muy difícil, con una crisis institucional grave. Pero creo que la dirigencia política recondujo esa situación por las vías institucionales y eso es lo importante.

—¿Cree que Alberto Fernández podría indultar a Cristina Kirchner?

—Poder hacerlo, puede, está dentro de las facultades presidenciales, no sé si tendrá o no tendrá la voluntad. Pero para Cristina Kirchner es inaceptable que la indulten porque uno indulta a alguien culpable y creo que ella evidentemente considera que es inocente. Tiene todo su derecho a considerar que es inocente y tiene todo el derecho a ejercer su defensa, como lo ha hecho en la causa hasta ahora. Seguramente lo siga haciendo su abogado y luego ella misma, antes de dictársele la condena o la absolución, lo importante siempre es entender que el indulto está dentro de sus facultades del presidente. Yo no sé si la indultaría antes de que hubiera una condena.

—¿Piensa que el alegato de la fiscalía puede marcar un antes y después?

—Sí, el alegato de los fiscales Luciani y Mola también puede ser como un “Nunca Más” para entender que la corrupción destruye y causa daño. Ayer valorizaron el daño en mil millones de dólares la defraudación. Cuando uno empieza a pensar qué podría haberse hecho con mil millones de dólares en la Argentina en 12 años, por ejemplo, en salud se podían haber hecho 340 hospitales de máxima complejidad con personal y con equipamiento. ¿Cuántos jardines de infantes se podrían haber hecho? ¿Cuántas escuelas más modernas se podrían haber hecho? ¿Cuánto apoyo pudo darse a las PyMES para conseguir trabajo? Entonces, hay que empezar a entender que la corrupción destruye y mata. Lo vimos en la causa “Once” y que es un delito muy grave. Esto que se instaló en los 90 y que el kirchnerismo quiere continuar, “que roba, pero hace” se tiene que terminar, es una gran oportunidad después del alegato. Es importante lo que dijo el fiscal Luciani, “es corrupción o justicia” y la apelación al artículo 36 en cuanto que el enriquecimiento es un delito grave de atentado contra la democracia. Me parece que eso es lo más importante más allá de la condena que tenga Cristina.

—En caso de ser probada la defraudación al Estado ¿Considera que los imputados deberían ser condenados a reintegrar la plata?

—Siempre creo que lo más importante para los corruptos es sacarle la plata, así que es importante poder trabajar, incluso, en una ley que pueda permitirles a los argentinos recuperar esos activos de la corrupción. Tengo un proyecto, desde hace muchos años, que tiene que ver con no esperar a que haya una sentencia, sino que contemple también cuando vos no podés explicar tu patrimonio y sos funcionario público. También si se está involucrado en hechos de drogas o contrabando, para que sea viable que esos fondos vuelvan al Estado más rápidamente, porque el daño que causa la corrupción es enorme para el desarrollo de un país.

—¿Cree posible que todos los funcionarios de un gobierno puedan haber integrado una asociación ilícita?

—En este caso sí, como también la hubo en el caso de Menen, por ejemplo, en la causa armas. Aquí claramente se construye una empresa semanas antes de llegar al gobierno. Ganadas las elecciones se construye una empresa que es Austral Construcciones, cuyo presidente es Lázaro Báez, a esa empresa, sin tener experiencia y esto en los alegatos los fiscales lo han demostrado muy bien, se le otorga la obra pública. En procesos que simulan una licitación, se simula que hay competencia entre distintas empresas, que inclusive todas respondían a Báez, porque Báez fue adquiriendo empresas competidoras de Santa Cruz hasta hacer un conglomerado que le servía a él para presentarse en las licitaciones con distintos nombres. Pero siempre estamos hablando de Báez. Esa empresa ganó todas las licitaciones, o alguna de esas empresas gano todas las licitaciones que se hicieron en la provincia de Santa Cruz a donde se dedicaron muchísimos recursos públicos. No sé cuánto es la población de Santa Cruz respecto de lo nacional, pero estimo que debe ser menos del dos por ciento de la población general del país y sin embargo se le destinó casi el ocho por ciento de la obra pública.

—¿Piensa que quedó plenamente probado el vínculo entre Lázaro Báez y los Kirchner?

—Báez era un monotributista sin experiencia, amigo de los Kirchner, que en doce años construyó una fortuna, digamos, que solamente en estancias y propiedades, compro veinte veces el territorio de la Ciudad de Buenos Aires, para que tengamos una idea. Y lo que no conocíamos, que surge de estas comunicaciones en donde aparece el operativo “limpieza total”, muestra que claramente quisieron dejar todo pago al finalizar el gobierno. Creo que es el único proveedor del Estado que cuando abandonó Cristina el gobierno había cobrado todo lo que se le debía. A su vez, la empresa deja de existir, quiebra, echan al personal. Entonces, evidentemente se conformó para hacer una serie de operaciones y a esto hay que adosarle el traspaso de fondos entre el patrimonio de Lázaro Báez, sus empresas y el patrimonio de la familia de la vicepresidenta y su propio patrimonio.

—¿Qué opina sobre la foto del juez Giménez Uriburu y el fiscal Luciani reunidos en un partido de fútbol?

—No significa nada jurídicamente, por eso se rechazó in limine la recusación. No tiene relevancia que se conozcan un fiscal y un juez. la mayoría de los fiscales y jueces se conocen porque han estudiado juntos o han trabajado en causas en común, cada uno con su rol, por supuesto. Acá no hay motivo de recusación, es todo un tema de escándalo y relato. Cristina tendría que abocarse, no a investigar a fiscales y jueces, sino a presentar los elementos que demuestran su inocencia

—Aún sin tener relevancia jurídica ¿Cree que la tiene políticamente hablando?

—La verdad, no. Carlos Menem tenía con Cavallo vínculos con los jueces de la servilleta de Carlos Corach, pero uno de esos jueces lo mandó preso. Yo tuve el gusto de conocer a Andrés D'Alessio, uno de los Jueces de la Cámara que juzgó a las Juntas Militares. Luego de dejar la Cámara, el asesoraba una empresa donde yo trabajaba y la verdad que tuvimos muchas charlas. Ya en los 90 estábamos hablando del tema de la reforma judicial, ustedes se acuerdan que la primera medida que tomó Menem fue ampliar los miembros de la Corte Suprema, para lo que se llamaba la Corte “menemista” poniendo amigos socios en ese lugar. El tema de la justicia muchas veces los charlamos con D’Alessio y él me decía, “la Constitución es sabia y garantiza a los jueces y a los fiscales su independencia, porque garantiza que no puedan ser removidos solo por juicio político salvo inconducta”. Entonces, a un juez lo puede nombrar cualquiera, pero si es un buen juez y un buen fiscal va a hacer lo que tiene que hacer porque sabe que más allá de quien te nombre y quién te puso o qué amistad tengas; los fiscales y jueces tienen inamovilidad en sus cargos mientras dure su buena conducta.

—¿Qué está fallando en la Justicia argentina?

—Lo que tenemos que conseguir en Argentina son jueces y fiscales independientes. Cada vez que he visto a personas poner jueces amigos o fiscales amigos les va mal. Porque el fiscal amigo mientras vos tenés poder te pone la causa ahí abajo. Pero cuando dejas el poder, porque en algún momento lo dejas, la causa vuelve arriba. Entonces, lo que tenemos que tener son jueces y fiscales independientes, que más allá del poder político se guíen por el código penal. Ese el enorme desafío que tenemos en la construcción de la Justicia en la Argentina.

Por María Gabriela Maidana, Karin Perera Godoy y Fernando Maack Stevens

Estudiantes del Periodismo Perfil Educación

Escuela de Comunicación