Derrame de cianuro: polémica por un informe de la UNCuyo

Desde San Juan
Con un documento titulado “En defensa de la verdad”, empresarios, instituciones y gremios del sector minero salieron ayer a rebatir el informe de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) que confirmaba la presencia de metales pesados en un afluente del río Jáchal que podrían haber sido liberados por el derrame de cianuro ocurrido hace casi un mes en la mina Veladero que explota la Barrick.
Los representantes mineros coincidieron en señalar como “malicioso” el informe difundido por el portal Unidiversidad de la casa de altos estudios de Mendoza e insistieron en que los valores del río Jáchal son los mismos que antes de la instalación del proyecto minero. “Los valores de la línea base, para los que se realizaron más de 25 mil análisis, demuestran que no hubo alteración alguna”, defendió Mario Capello, secretario del Colegio Argentino de Ingenieros en Minas. Por su parte, Alejandro Donna, titular de la Cámara de Servicios Mineros, anunció que un grupo de abogados trabaja para denunciar penalmente a quienes “sigan injuriando la actividad”.
El informe también fue cuestionado por el Gobierno de San Juan quien rápidamente intimó a la UNCuyo para que ratifique o rectifique sus dichos acerca de la contaminación. La respuesta se conoció el último jueves. En una extensa carta, el vicerrector de la institución, Jorge Barón, respaldó tanto el artículo periodístico como el informe técnico, aunque aclaró que no representan necesariamente la postura institucional de la Universidad. “Sólo me cabe reafirmar la objetividad y calidad técnica que pudiera tener el informe cuya elaboración ha sido atribuida al Laboratorio de Análisis Instrumental de la Facultad de Ingeniería de la UNCuyo”.
En tanto, avanza la causa judicial radicada en Jáchal.El juez Pablo Oritja imputó a nueve empleados de Barrick por el delito de “contaminación realizada por imprudencia, negligencia o inobservancia de los deberes a su cargo” y en días decidirá su procesamiento.
“El único intérprete de los análisis del río es el juez Oritja, y él ya dijo que las aguas están contaminadas”, afirmó el abogado Diego Seguí, quien patrocina al demandante Saúl Zeballos. “No nos vamos a conformar con los perejiles, las responsabilidades son del ministro de Minería de San Juan, Felipe Saavedra, del secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, para quienes hemos pedido indagatoria; y de los jerárquicos de la empresa”.
Ayer trascendió que Saúl Zeballos y Elisa Carrió denunciaron al jefe de Gabinete, Aníbal Fernández y a Mayoral por encubrimiento y abandono de personas ante el Juzgado Federal N° 7 a cargo de Sebastián Casanello.