Toda investigación de enriquecimiento de funcionarios requiere que un contador independiente realice un peritaje contable para determinar si el incremento patrimonial está o no justificado. Los jueces Julián Ercolini y Rodolfo Canicoba Corral cerraron causas que abarcaron 14 años sin un estudio técnico para completar una adecuada investigación.
La única pericia que se realizó (año 2008) dio que Néstor Kirchner no pudo justificar pasivos por $ 12 millones, de los cuales $ 8,3 millones eran deudas con Austral Construcciones SA, de Lázaro Báez. Esta empresa aparece como acreedora y como deudora de Néstor Kirchner en las declaraciones juradas presidenciales.
Víctor Manzanares, contador de los Kirchner, reconoció la inclusión de esos 8,3 millones, diciendo que esa deuda tiene por acreedora una empresa constructora, y que el saldo resulta válido pues proviene de certificaciones de obra realizadas sobre inmuebles de propiedad de Néstor Kirchner.
El matrimonio declaró alquileres cobrados e intereses ganados de depósitos a plazo fijo excesivamente inflados. Los ingresos y los pasivos no acreditados pretendían justificar el aumento de activos de los años 2006, 2007 y 2008.
Los vínculos con Báez y los esfuerzos por blanquear activos surgen de manera ostensible del análisis de las evidencias.
Además, los peritos contadores detectaron otras irregularidades, como la omisión de un depósito a plazo fijo de US$ 222 mil. Objetaron que no se les exhibieron certificados de depósito ni resúmenes de cuenta.
La pericia determinó la existencia de una seña percibida por la venta de un inmueble, por la suma de $ 1.260.000, que se omitió consignar en la declaración jurada y determinó una deuda no declarada con la AFIP por $ 1.943.789.
Se consignan préstamos del Banco de Santa Cruz por $ 8 millones que habrían sido inventados, pues no se los pudieron acreditar a los peritos.
Nada de todo esto fue suficiente para que Oyarbide, Taiano y Noailles pusieran su atención y actuaran como buenos magistrados. A pesar de las objeciones realizadas en la pericia, el juez dictó el sobreseimiento y los fiscales Eduardo Taiano y Guillermo Noailles omitieron apelarlo.
Taiano, quien intervino en tres causas de enriquecimiento K, no apeló ninguna. Se dijo que habría recibido amenazas sobre la integridad de sus hijos. Si se sintió presionado, debió excusarse en la causa cuando las evidencias para sostener una apelación eran abrumadoras y estaban a la vista.
Lo de Noailles no tiene justificación, pues contaba con un informe de expertos de la FIA que marcaron veinte observaciones a la pericia, las que ignoró. Dejó pasar los términos sin apelar el controvertido fallo.
Contrariamente, otro fiscal, Guillermo Marijuán, apeló en estos días una causa de similar voltaje político, a pesar de las amenazas contra él y su familia. No debemos perder las esperanzas.
*Investigador de fraudes, presidente de Contadores Forenses ONG y ex perito contador de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
