El 29 de diciembre se cumplieron dos años de la sanción de la ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo –IVE– y junto con ella, de la ley 27.611 de los mil días, para apoyar a quienes quieren continuar un embarazo, pero tienen situaciones socioeconómicas que requieren apoyo. La ley 27.610 IVE fue una ley que se logró por la fuerte y creciente “Marea Verde” (que adquirió a partir del 2015, cuando en la lucha contra la violencia de género se incluyó la violencia obstétrica), en la demanda por la lucha contra la violencia contra mujeres y niñas, una dimensión mayor. La Marea Verde creció rápidamente y amplió la población que la apoyaba, especialmente en base a jóvenes, adolescentes y niñez que asumieron el pañuelo verde, signo de la campaña por el derecho al aborto legal y seguro, una expresión del movimiento feminista en Argentina que, bajo el lema de Educación sexual para decidir, métodos anticonceptivos para no abortar y aborto seguro para no morir, incluyeron la defensa y protección del ambiente. Así fue como a partir de 2015 y luego del fracaso en el tratamiento de la ley IVE en el Congreso en 2018, la Marea Verde fue una incesante presencia de grupos muy variados en edades, condiciones sociales y otras características, pero muy insistente y persistente en el reclamo por la vida. Para que se acaben las muertes y enfermedades graves debidas a abortos inseguros y también acabe la obligación de ser madres a las niñas abusadas y embarazadas, que no quieren tener ese hijo. Niñas que no entienden bien qué es, pero que rechazan eso que les pasa. Ellas dicen “no quiero esto” y es un rechazo al recuerdo del abuso que sufrieron. Lo que los adolescentes y la niñez percibieron claramente era la hipocresía, porque a quienes se les negaba la posibilidad de interrumpir el embarazo era a las niñas y mujeres pobres, y sin recursos. Las que tenían dinero suficiente y/o recursos sociales como amigos, familiares u otros, esas no aparecían entre las muertas o gravemente enfermas ni en otra estadística, porque se atendían sin problemas y no nos enterábamos. Esta injusticia basada en esa hipocresía de no ver lo que pasaba si había recursos para “pagar”, de alguna manera el silencio, fue lo que movilizó a la niñez y adolescencia. Así fue como un gobierno que apoyó la ley, que incluso la presentó, encontró el camino al éxito en gran medida en esa Marea Verde que no descansó hasta lograr el voto de los parlamentarios.
La movilización popular no partidaria, por ideas políticas fuertes que se refieren a toda la población y que dan una respuesta reclamada por amplias mayorías, son el gran y verdadero motor que logran estas leyes. Leyes que no obligan a hacer lo que no se quiere y defienden el derecho a decidir, sin preguntar a qué partido político pertenecés o votás. Aquí no entra la grieta y esa es la fortaleza que recordamos el pasado 29 de diciembre. Es bueno que al final de un año tan dividido y “agrietado” seamos capaces de valorar esto y defenderlo. Es un ejemplo para quienes sostienen la grieta, los problemas que reconoce la ciudadanía no tienen bandería política, y quienes ejercen cargos de representación deben aceptar estos mandatos populares y actuar en consecuencia, independientemente de sus preferencias políticas partidarias o de creencias religiosas personales.
Ahora que ya es ley aún vemos actitudes que promueven su incumplimiento y desde sus posiciones en el Ejecutivo, la Justicia o el Legislativo y en los servicios de salud no respetan la ley. El caso reciente de la niña santafesina de 12 años, abusada por su padre y embarazada, quien con su madre piden la IVE. Los funcionarios provinciales no la protegieron, la dejaron fuera raptada por una ONG antiderechos. Ahora es incierto el futuro de esa niña.
