El domingo en el diario PERFIL, sección sociedad, se publicó una nota sobre el escándalo alrededor del caso de una niña de La Rioja, a quien su madre le puso el seudónimo de Arcoíris para preservar su identidad y no estigmatizarla aún más. El relato es escalofriante, pero expone claramente cómo son estos casos tratados o mejor destratados en la Justicia y cómo la niña es lo que menos le importa a la jueza, a su padre, y menos, a su abuelo que es el abusador. Comienza cuando la niña tenía dos años y le contó a su mamá lo que el abuelo le hacía en el baño y la madre hizo la primera denuncia. Éstas se repitieron, incluso, en otras cuatro ocasiones. Hay clara evidencia en las declaraciones de la niña y por los informes de varias psicólogas y funcionarios que intervinieron en la atención, incluso los exámenes médicos, de la existencia del abuso. Las personas que emitieron esos informes fueron perseguidas y amenazadas. El abusador y su defensa consiguieron que la Justicia culpe a la madre de ser abusadora y que maltrata a la niña, así logró que la Justicia le dé la guarda a su padre, a pesar de la negativa de la niña. Alegan el Falso Síndrome de Alienación Parental –SAP– para defender a la niña, debe reconstruir y recuperar el vínculo con su padre, a pesar de ser el entregador de ella a los abusos de su abuelo. Ahora, la jueza Ana Carla Menem pretende restituir a la niña con su padre, Arcoíris rechaza ir con su progenitor, quien trató de llevarla por la fuerza y por eso fue sancionado. El abuelo tiene prohibición de acercamiento, pero no la respeta y la Justicia/fuerzas de seguridad no actúan.
Cabe preguntarnos: ¿qué poder tiene ese abuelo abusador acusado?, ¿cómo logra mover los hilos de la Justicia tan efectivamente? Es un funcionario público, íntimo amigo de la presidenta del Consejo de la Magistratura y jueza del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia. Y como si esto fuera poco, su íntima amiga es sobrina del gobernador. Esto evidencia la parcialidad y arbitrariedad de quienes deben proteger a la ciudadanía, pero se ocupan de proteger a los abusadores. Hay miles de casos como éste. En la Fundación para Estudio e investigación de la Mujer nos llegan consultas de casos similares a éste, casi a diario y es muy grande la impotencia que experimentamos; es muy difícil ayudar a estas niñas y sus madres. Llamadas “madres protectoras”, porque son las únicas que custodian a sus hijas e hijos frente al abuso y a la violación al que son sometidas niñas y niños por sus padres, abuelos, tíos, hermanos u otros familiares.
El silencio y la complicidad familiar son la norma de conducta de las familias que así dejan atrapadas a las niñas. La Justicia y sus agentes son, aunque no siempre con esas conexiones como en este caso, los que defienden y encubren a los abusadores como forma de protegerse y proteger a este grupo de delincuentes, porque el Abuso sexual en la infancia es un delito grave. Por eso es muy difícil ser exitosos, y son pocos los casos donde se logra justicia, algo que nos debe hacer tomar conciencia de la responsabilidad de sostener el silencio y la complicidad; algo que lastima y afecta gravemente a estas niñas y niños, aunque a estos en menor medida, porque, de cada diez abusos, nueve son niñas y uno solo es varón. Las secuelas hacen que de jóvenes y adultas estas mujeres experimenten dificultades para constituir parejas y establecer vínculos afectivos estables. Frecuentemente cuando logran concretar una pareja estable, son las que las ayudan a superar los daños que les quedaron. La pandemia del covid-19 aumentó el número de niñas y niños abusados sexualmente, una consecuencia poco registrada y menos aún enfrentada. Debemos romper el encubrimiento y exigir el castigo de los abusadores.
