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COLUMNISTAS / Defensora de Género
domingo 1 diciembre, 2019

Abuso sexual y aborto: dos temas candentes

por Mabel Bianco

Niñas no madres. La campaña tras el caso de la nena de 11 años embarazada y obligada a parir. Foto: cedoc

La semana estuvo signada por estos temas y sus implicancias. La denuncia del senador José Alperovich por abuso sexual fue impactante. Fue realizada días previos al 25N, cuando se celebra en todo el país la lucha para eliminar la violencia contra mujeres y niñas. La denuncia realizada en Tucumán en la fiscalía especializada, que la caratuló como “abuso sexual agravado por acceso carnal”, también se hizo en CABA, en la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra  las Mujeres.

La noticia tuvo amplia repercusión, por tratarse de un personaje público. Como la mayoría de las que experimentan violencia, la denunciante estuvo mucho tiempo paralizada por temor, o mejor dicho terror, a ser agredida. Si bien pudo denunciar, está aterrada y teme por su vida. Fue lamentable que el propio denunciado difundiera su nombre, exponiéndola.

En estos casos es muy importante resguardar la identidad y privacidad de la denunciante, por eso no deben publicarse fotos aunque se borronee su cara, porque permiten identificarla. Espero que esto no vuelva a ocurrir en PERFIL, donde el domingo se publicó en la primera página e incluso en la nota interior.  

La reacción ante la denuncia no se hizo esperar y el senador, después de negar la veracidad de la denuncia, debió pedir licencia. Un indicio favorable que mostraron los senadores fue resolverlo en forma ultra rápida y pedir que la Justicia trate el tema a la brevedad. Incluso la senadora Durango, presidenta de la Banca de la Mujer, pidió que hasta que se expida la Justicia se apoye a la denunciante.

Esto nos deja una lección: la violación es más frecuente de lo que se piensa y quienes ostentan poder son pasibles de cometerla, y deben ser juzgados sin privilegios. El antecedente de María Soledad en Catamarca aún nos deja sabor amargo, porque se juzgó en forma diferente a los hijos del poder, con privilegios evidentes.

Junto a esta noticia y muy vinculada, el protocolo de Interrupción Legal del  Embarazo (ILE) estuvo presente en los medios. Primero fue noticia la aprobación por resolución del secretario de Salud y luego su derogación por la ministra, que tuvo consecuencias.

La primera fue la renuncia del secretario de Salud, y luego las declaraciones del presidente electo y del posible ministro de Salud dieron que hablar. El ex titular de esta cartera, Ginés González García, dijo que él nunca pidió permiso para dictar una resolución técnica, y que aprobará el protocolo si asume el ministerio.

El presidente electo debió postergar una visita al Papa porque no le ratificaron la cita.

Los motivos expresados en la derogación, a propósito de que “no se consultó”, cayeron rápidamente cuando se supo que esto fue hablado con el jefe de Gabinete antes y que la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (INAM),  Fabiana Tuñez, “pidió al gobierno, que si bien no fue consultada , se apruebe el protocolo, porque afecta a un importante grupo de mujeres y adolescentes”. Pero lo importante lo señaló González García: el protocolo no es más que la norma técnica para que los equipos de salud sepan qué hacer frente a estos casos. No modifica la ley y por eso no cabe la consulta.

El protocolo responde a lo sugerido al Poder Ejecutivo Nacional y provinciales por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo F.A.L., en el 2012, cuando explica cómo se debe entender el artículo 86 del Código Penal, de 1921. La ministra no puede desconocer la legislación vigente. Si esta derogación es denunciada legalmente, seguramente se la revocará.

Sabemos que las violaciones son frecuentes y cuando, producto de la violación, se produce un embarazo, obligar a esa mujer o niña a continuar es una tortura y una nueva violencia; implica revictimizarlas. Con esta derogación la ministra evidenció que no valora la lucha contra la violencia de género, porque ninguna violencia se supera con otra violencia. Esperemos que el próximo gobierno regularice esto y que no sucumba a las presiones que recibirá, aunque provengan del Papa y/o de otros influyentes religiosos, sociales y/o políticos. Vivimos en un país laico y el bien de la ciudadanía es por lo que debe velar todo gobernante, sin importar el credo o religión ni ningún otro factor.


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