No es una novedad: la mayoría de la dirigencia política argentina hace de la repetición algo axiomático. Y esto va más allá de la pertenencia partidaria u orientación ideológica de sus protagonistas.
Uno de los conceptos que se ha impuesto en la política vernácula es que la percepción de la realidad puede ser modificada a través del lenguaje. Durante el segundo mandato de Cristina Kirchner sus funcionarios tenían prohibida la utilización de la palabra “cepo”, que aludía a las restricciones cambiarias por ella impuestas. Todos recordamos cómo la entonces presidenta se enfurecía cuando alguien pronunciaba esa palabra en su presencia.
En 2018, en el comienzo de la brutal crisis económica que llevó a las nubes los niveles de inflación y agravó dramáticamente los índices de pobreza e indigencia, los “cráneos” comunicacionales del gobierno de Mauricio Macri establecieron que había que evitar la palabra “crisis”, a la que reemplazaron por “tormenta” –que, como todas, sería pasajera, cosa que nunca sucedió.
Ahora las palabras que incomodan son “impuestazo” y “ajuste”. “La Ley de Emergencia hace que los que más tienen aporten más, no es una ley de ajuste”, dijo Alberto Fernández. “No sé dónde está el impuestazo, no lo encontré”, afirmó el jefe de gabinete bonaerense, Carlos Bianco.
No hace falta explicar que las medidas que adoptó la nueva administración representan un “ajuste” instrumentado a través de un “impuestazo”.
Por supuesto que la causa de todo esto es la “pesada herencia” que le dejó el gobierno de Macri al de Fernández, pero se trata simplemente de llamar a las cosas por su nombre a fin de darles a estas medidas la exacta dimensión de lo que significan para una gran parte de la ciudadanía que ve, con lógica indignación, que nada del “ajuste” incluye a la clase política que la representa.
Una de las evidencias que mejor grafica esta diferencia no es solo la intangibilidad de las dietas y jubilaciones de legisladores y jueces, sino también medidas como el aumento del número de ministerios.
Si todo esto lo hubiera hecho Macri, la calle habría estallado. Pero lo hizo el peronismo y, entonces, nada de eso ocurrió. Lo que era malo con Macri, ahora es bueno con Fernández.
Mercados. Los que recibieron muy bien este paquete de medidas han sido los mercados, que le han dado oxígeno a la nueva administración. El riego país cayó y las acciones de las empresas argentinas han subido.
Algunas causas para esa satisfacción: la decisión de evitar el default y abrir negociaciones con el FMI y los acreedores privados; el aumento de las retenciones; la suspensión del índice de movilidad de los haberes de los jubilados y la eliminación del impuesto a la renta financiera.
Eran todas medidas que el FMI le había pedido a Macri. “El impuesto a la renta financiera fue un grueso error que cometimos, y todo por darle el gusto a Massa”, reflexionaba un ex ministro de Cambiemos. Es verdad: fue el hoy presidente de la Cámara de Diputados quien motorizó esa ley, el puntapié inicial de la crisis que acabó con los sueños de reelección de Macri. Como decía Groucho Marx: “estos son mis principios pero, si no les gustan, tengo otros”.
“Este ajuste es más de lo que se pedía”, señala un conocedor del caso argentino desde Washington. Por eso no es casual la aparición pública de Joseph Stiglitz elogiando a Martín Guzmán, al que el Fondo considera un muy buen interlocutror de la Argentina en las negociaciones.
Todo ello contribuye a que la misión del FMI que arribará al país en las próximas semanas venga con buena predisposición. Recién cuando se termine la negociación y el gobierno sepa cuándo, cuánto y cómo deberá pagar los intereses de la deuda, habrá un plan económico. Hoy en día, no lo hay.
Ruido. El estrépito político de la semana fue el fracaso de la sesión del Senado bonaerense para tratar el impuestazo. La iracundia de Axel Kicillof al despotricar contra la oposición muestra que todavía no aprendió a diferenciar entre lo que es una asamblea estudiantil y la gobernación de Buenos Aires.
El episodio tuvo una trastienda que grafica la trama política que se vive dentro del oficialismo y de la oposición. La orden de Kicillof fue la de no negociar nada. Mayor muestra de falta de cintura política, imposible. Eso lo podía hacer el kirchnerismo cuando tenía mayoría en las dos cámaras del Congreso.
La “no negociación” la llevó adelante el jefe de gabinete Bianco, con la supervisión legislativa del diputado Carlos “Cuto”Moreno y sin participación de los presidentes de bloque del oficialismo.
La ausencia de María Eugenia Vidal complicó las cosas. Sorprende el error político de la ex gobernadora. No se esperaba que estuviera en un viaje de novios en París en un momento político y social tan complejo. Jorge Macri no dejó pasar la oportunidad para afirmarse en la interna –aspira a ser candidato a gobernador en 2023– y erigirse en el vocero de Juntos por el Cambio.
Algunos intendentes y legisladores del oficialismo quisieron aprovechar la circunstancia para dividir a Juntos por el Cambio. Como se vio, fracasaron.
Kicillof quiso imponer y la realidad es que esto exige consensuar. Y esa falta de consenso se extendió inclusive al interior del oficialismo. Varios intendentes peronistas apostaron a que la ley no salga y pidieron ser escuchados. Fue en vano.
Compromiso. La convocatoria realizada por el Presidente para la firma del Compromiso Argentino de Solidaridad dejó un documento de buenas intenciones y una foto con dos ausencias significativas: el campo y los partidos políticos. El campo es el único aportante de los dólares por los que mendiga el gobierno y los partidos son clave para los acuerdos necesarios que exigirá la solución de los graves problemas que atraviesa el país.
El enojo del campo es algo que el Presidente deberá monitorear con especial atención. De lo sucedido en los últimos días se desprende una disociación creciente entre la dirigencia de la Mesa de Enlace y las bases. Esa disociación se refleja en el disconformismo de mucha gente que cree que la postura de sus dirigentes fue tibia. El movimiento “Campo+Ciudad” es el producto de esa insatisfacción que viene desde las PASO y va en aumento. Es el dejà vu de la Argentina.
