Que la excesiva presión impositiva sea tema de conflicto en un país como la Argentina resulta todo un símbolo de progreso. En el pasado, entre el endeudamiento irresponsable (que posterga conflictos) y la elevada inflación (que los disimula, echándoles la culpa a “los empresarios”, “las corporaciones”), los políticos se las arreglaban para gastar más de la cuenta y mantener contentos a sus votantes, al menos por un rato, sin aumentar impuestos hasta que el endeudamiento se hacía insostenible, y la alta inflación se transformaba en recesiva o en hiperinflación (o en ambas), y el “modelo” estallaba.
Esta discusión por la presión tributaria se presenta, en cambio, en un entorno con récord de gasto público y con casi récord de déficit fiscal pero “en simultáneo”, con un proceso de endeudamiento irresponsable (esta vez vaciando al Banco Central y empeñando reservas) y de alta inflación con estancamiento.
Está muy bien que, finalmente, discutamos sobre la estructura impositiva. Pero dado el poco margen de maniobra que queda, tanto en materia de endeudamiento como de inflación, esta discusión tiene que hacerse de manera integral y urgente. Cualquier rebaja de la presión impositiva global tiene que ser acompañada por una disminución en el gasto. Y cualquier rebaja de la presión impositiva sectorial tiene que ser acompañada o bien por una disminución en algún gasto, o bien por un incremento de los impuestos en algún otro sector.
Es en este contexto donde surge el tema del impuesto a las ganancias sobre los salarios de los trabajadores que ganaban por encima de los $ 15 mil brutos, hacia mediados de 2013.
Y esto último es una distorsión particular, dentro de una distorsión general, porque el impuesto no alcanza a los salarios altos “a secas”, alcanza a algunos salarios altos y a otros no, dependiendo del momento en que dicho salario se convirtió en alto. Un verdadero absurdo.
Ahora bien, este particular impuesto al salario se suma a un conjunto de impuestos que forman parte del costo laboral en la Argentina y que afectan no sólo a los salarios altos, si no que perjudican a quienes reciben salarios bajos y, sobre todo, a quienes por su menor productividad, dada la escasa educación y/o formación recibida, se ven obligados a trabajar “en negro”, dado que su trabajo no “paga” los costos laborales totales.
El problema de fondo de la Argentina es que los costos laborales en sentido amplio (impuesto a las ganancias más impuestos al trabajo) son demasiado elevados respecto de la productividad laboral. De ahí que, si no se trabaja sistémicamente para mejorar la productividad estructural, sólo queda el camino de reducir los impuestos al trabajo, por las buenas, o bajar el costo laboral “por las malas”, devaluando y licuando.
Volviendo al comienzo, menores impuestos al trabajo obligan a discutir rebajas en el gasto público o aumento de otros impuestos. Pero sucede que los “impuestos al capital” tienen que parecerse mucho a los que predominan en los países limítrofes, para evitar, salvo en sectores con ventajas competitivas muy evidentes como el agro, o la minería, o algunos rubros energéticos, que el capital se mude a países que ofrecen un mejor margen de rentabilidad neta.
Por lo tanto, si los impuestos al trabajo tienen que bajar y sobre los impuestos al capital no hay mucho espacio para ser “creativo”, no queda más
remedio que mirar el gasto público. Es decir, el ingreso de aquellos privados que reciben subsidios económicos, subsidios sociales, salarios, jubilaciones, o contratos de obra pública.
En ese aspecto, mis candidatos obvios, para empezar a hablar, son los subsidios económicos (tarifas de servicios públicos a sectores de mayores ingresos, desgravaciones impositivas escandalosas a ciertas actividades, etc.) y, por supuesto, los contratos de obra pública que, en un esquema de transparencia, competencia y un buen régimen de asociación público privado, podrían reducir los sobreprecios que se pagan sustancialmente.
Empezando por allí, habría tiempo y espacio como para trabajar más profundamente en una revisión completa del presupuesto, tanto de ingresos como de gastos, incluyendo la relación nación, provincias, municipios.
En síntesis, bienvenida, finalmente, la discusión sobre la presión impositiva.
Ahora bien, hagámosla en serio, no “a la argentina”.
