El último informe de la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella muestra que ha
subido el índice de credibilidad en el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Lo llamativo del
informe tiene que ver no tanto con el índice en sí sino con las razones por las que tal índice ha
mejorado en los 62 días de gestión de la Presidenta.
El último informe de la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella muestra que
ha subido el índice de credibilidad en el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Lo llamativo
del informe tiene que ver no tanto con el índice en sí sino con las razones por las que tal índice
ha mejorado en los 62 días de gestión de la Presidenta.
Explica el informe que el “66% de los entrevistados cree que el Gobierno está
solucionando los problemas del país o cree que sabe cómo hacerlo pero que necesita tiempo”.
El recuento somero de algunos temas de la realidad parece, sin embargo, contradecir esto.
La falta de seguridad continúa igual.
La situación energética sigue pendiente de las bondades del clima.
El índice de inflación sigue siendo un dibujo.
A pesar del anuncio del tren bala, viajar en los ferrocarriles es una diaria aventura.
Otro dato curioso es el que refiere que el 56% de los encuestados cree que la mayoría de los
integrantes del gabinete nacional son personas honestas; esto es un 20% más que el mes pasado. Lo
llamativo es que los integrantes del gabinete eran los mismos tanto en diciembre como en enero.
Finalmente, se menciona que un 37% considera que el Gobierno ha demostrado una mayor
capacidad para administrar el presupuesto. Esto marcaría una mejora del 20% con relación a
diciembre pasado, cuando, sin la firma de la Presidenta, se aprobó la Ley de Emergencia que
consagra los mismos superpoderes que permiten un manejo arbitrario y sin controles del presupuesto
nacional y que fueron objeto de fuertes críticas hacia la administración del ex-presidente Néstor
Kirchner.
Está claro que estas encuestas se hacen con esta metodología en todo el mundo. Lo que
sorprende es la volubilidad del índice, ¿no?
A esta altura de los acontecimientos, el “Valijagate” ha adquirido ya ribetes de
novela. Por lo tanto, vale la pena recordar algunos hechos de la saga que se abrió, sobre todo, a
partir del momento en que se conoció la impactante acusación del fiscal Tomas Mulvihill sobre los
agentes al servicio del gobierno de Venezuela en su acción de apriete sobre Alejandro Guido
Antonini Wilson, el “valijero”.
El 12 de diciembre del año pasado se hizo pública la decisión de la Justicia del sur del
estado de Florida de detener a cuatro ciudadanos venezolanos –Franklin Durán, Moisés
Maiónica, Carlos Kauffmann y Antonio José Canchica Gómez, quien permanece prófugo– y a uno
uruguayo, Rodolfo Edgardo Wanseele Paciello, por actuar en forma ilegal como agentes del gobierno
venezolano intentando presionar a Antonini Wilson para que no declarara sobre la valija con los
800.000 dólares que aún permanece en Buenos Aires
En la grabación de una conversación que tuvo lugar el 23 de agosto, de la que se hicieron eco
tanto el FBI como el fiscal Mulvihill, Franklin Durán dijo que ese dinero estaba destinado a la
campaña de Cristina Fernández de Kirchner.
Ante esto, la Presidenta reaccionó furiosa y, desde el atril, calificó a esta decisión
judicial como una operación de inteligencia basura. Unos días después, se le unió el ex presidente
Néstor Kirchner, su esposo. Se acusaba al gobierno del presidente George W. Bush de haber montado
una campaña de represalia sobre el Gobierno argentino por su cercanía con el gobierno del señor
Hugo Chávez, en circunstancias en las que se habían firmado los acuerdos para la creación del Banco
del Sur y se intentaba una negociación con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia)
buscando la liberación de la ex-candidata presidencial Ingrid Betancourt.
El brusco deterioro de las relaciones entre los gobiernos de la Argentina y los Estados
Unidos llevó a que aquí se limitara la acción del embajador Anthony Earl Wayne y que en Washington
se suspendiera una visita al país del secretario adjunto para Asuntos Latinoamericanos, Tom
Shannon, y se congelara el plácet para la acreditación del designado nuevo embajador de la
Argentina, Héctor Timmerman.
Ahora sí, vamos a lo que pasó esta semana.
Hay que decir que todo este entuerto fue producto de una muy mala evaluación de la situación
por parte del Gobierno argentino. Por lo tanto, el primer interesado en arreglar este entuerto era
y es el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
En la trastienda del poder fueron varias las voces que dejaron escuchar su preocupación por
el exabrupto de la Presidenta desde el atril cuando, emulando a su marido, arremetió contra el
gobierno del decadente presidente George W. Bush. Fue producto de una reacción visceral ante la
sorpresa de una información que descolocó al Gobierno argentino.
El hecho que tanto la ministra de Defensa, Nilda Garré, como el ministro de Economía, Martín
Lousteau, tengan agendadas reuniones de importancia en Washington habla a las claras de la realidad
de esta necesidad de reencauzamiento de la relación con el gobierno estadounidense. El no
otorgamiento del plácet al designado embajador Héctor Timmerman era otro de los asuntos en
cuestión.
Quien piense que en Washington había alguna necesidad y/o urgencia por aclarar esto,
decididamente no tiene idea de por dónde pasa la actualidad en el mundo de la política de aquel
país.
Hoy en día allí lo único que interesa y preocupa al mundo político es la campaña
presidencial, la brutal crisis de las hipotecas, el temor a la recesión económica y cómo salir de
Irak.
Lo que sí es cierto es que, en el momento de la eclosión de la crisis diplomática, en el
Departamento de Estado de los EE.UU. hubo quejas contra el Departamento de Justicia por no haberle
informado con anticipación de la evolución del caso de Antonini, en especial de lo concerniente al
testimonio de Franklin Durán, quien fue el que declaró que el dinero de la valija iba para la
campaña de Cristina Fernández de Kirchner.
A los Estados Unidos, en realidad, el caso le interesa por lo que atañe al presidente Hugo
Chávez. El destino del dinero de la valija era algo tangencial que, salvo algún elemento sorpresivo
hasta aquí ausente, nunca hubiera sido motivo de causa judicial alguna.
Nota al pie: La historia habrá de ser lapidaria con la administración del presidente George
Walter Bush así como ya lo es el presente. No hay quien hable bien de él entre los líderes de peso
del mundo, y en lo referente a política interna, ninguno de los candidatos republicanos con más
chances de ser nominados para la presidencia sabe cómo distanciarse de él. Sin embargo, en relación
con la situación en la región, presidentes de clara identificación socialista como Lula, Tabaré
Vázquez y Michelle Bachellet han tenido cintura política para manejar la relación por los caminos
de la convivencia y la conveniencia mutua. Los Kirchner han estado en la otra vereda.
Por eso, llama la atención el enojo de la señora Presidenta por la no asistencia de Tom
Shannon al acto de su asunción. Por otra parte, que uno de los grandes logros de esta
reconciliación sea la venida al país de un funcionario de segundo nivel como el señor Shannon suena
a partido por el tercer puesto de la Copa del Mundo de fútbol.
Vayamos ahora a las declaraciones del jefe de Gabinete de Ministros, Alberto Fernández, en la
¿conferencia de prensa? al término de la reunión y comparémosla con lo que dijo el embajador de los
Estados Unidos el 14 de septiembre pasado.
Dijo el Dr. Alberto Fernández:
“La Justicia de Miami no la estaba involucrando (se refiere a la Presidenta). Eso queda
claro con la declaración que el embajador acaba de difundir. Allí se está investigando un hecho de
espionaje, nada más (ni nada menos) que eso. Lo que se había dicho lo dijo uno de los imputados y
ni siquiera fue ante la Justicia, sino en una grabación que le tomaron. Esa afirmación corre por
cuenta de quien la dijo en esas circunstancias y no del gobierno de los Estados Unidos”.
¿Dónde está lo curioso de esta declaración? Muy simple: en el hecho que esto mismo fue lo que
siempre sostuvo el embajador Earl Anthony Wayne.
Tomemos su declaración del día 14 de diciembre, durante el agasajo de fin de año a los
periodistas argentinos. Dijo allí el embajador:
“Las palabras que identifican al supuesto receptor de los 800.000 dólares corresponden
al acusado Franklin Durán en un encuentro del 23 de agosto. El fiscal del caso sólo repitió las
palabras de Durán durante su audiencia.
Aunque entendemos que su declaración (se refiere a la de Durán) ha sido atribuida a los
Estados Unidos, la identificación del supuesto receptor de los fondos fue dicha por uno de los
acusados y no fue una declaración de los Estados Unidos.”
Por lo tanto es clara la contradicción del Gobierno argentino en relación al caso. En efecto,
el Dr. Alberto Fernández habló, esta vez, de la independencia del Poder Judicial de los Estados
Unidos.
¿Cómo es que ahora, pues, ante las mismas afirmaciones, para el Gobierno argentino, lo que
antes era una operación de inteligencia basura ha pasado a ser una investigación estrictamente
ceñida a los cánones judiciales sin ningún tipo de injerencia del gobierno del presidente Bush?
Seguramente alguna inquietud y estremecimiento ligero estarán produciéndose en Caracas ante
el cambio de opinión del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner argentino visto que para el
señor Chávez ésta sigue siendo una operación conspirativa contra su gobierno por parte de Bush.
“El lenguaje de la verdad es simple”, dijo Séneca. ¿Cuándo la sabremos en
relación a la valija con los 799.950 dólares que, hay que recordar, siguen depositados en una caja
del Banco de la Nación?
