En octubre de 2002, después de varios proyectos aprobados en la Cámara de Diputados, pasaban al Senado donde se rechazaban o no se trataban. En 2002 se logró aprobar la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable (Ley 25.673). Esta ley fue el corolario de la lucha de muchas mujeres defensoras de los derechos de las personas a decidir sobre su sexualidad y reproducción, que desde la recuperación de la democracia pedíamos se revirtiera la posición nacional en contra de toda medida de control de la natalidad. Posición que a partir del decreto del PEN 659 del gobierno de Isabel Perón, con el ministro López Rega, se prohibió toda acción directa o indirecta de planificacion familiar –como se llamaba en aquella época– y se eliminó la posibilidad de recetar o proveer anticonceptivos en hospitales públicos y en las obras sociales. A nivel regional y mundial, las feministas nos preparamos para la Conferencia de Población a realizarse en El Cairo en1994, y a la que por primera vez se sumó desarrollo. Nos preparamos para defender los derechos y eliminar las metas demográficas, y lo logramos. Si bien el gobierno nacional en ese momento se oponía a reconocer los derechos sexuales y reproductivos, continuamos abogando y logramos que se aprobaran leyes en 14 provincias, que fueron un importante antecedente para la ley nacional. A nivel nacional, en 2002 coincidieron varios factores que permitieron la ley, los tres más importantes fueron: 1) por primera vez la ley de cuota se aplicó en el Senado por el decreto de De la Rúa reglamentándola y hubo casi un 40% de senadoras; 2) se divulgó el impacto en la mortalidad infantil y materna en base al caso Tucumán tan mentado, y 3) hubo un ministro de Salud que la promovió.
La ley creó el programa y se incorporó en el Presupuesto, el desafío fue cómo asegurar la vigencia en todo el país para todas las personas dado que había muchas dudas e incluso oposición. Por eso en 2003 mi organización, FEIM, junto a tres organizaciones: Foro de Derechos Reproductivos, Cladem y Red Nacional de Adolescentes y Jóvenes por la Salud Sexual y Reproductiva, creamos el Consorcio Nacional de Derechos Reproductivos y Sexuales –Conders– que, durante ocho años coordinamos cuatrocientos grupos de jóvenes, de derechos humanos, de mujeres y de adolescentes, y jóvenes monitoreamos la implementación de la ley en todo el país. Logramos llegar hasta los lugares más remotos y se pudo informar a la población sobre estos derechos y también que los servicios de salud públicos, de obras sociales y privados reconocieran sus responsabilidades en la implementación de la ley. Esto llevó tiempo y trabajo conjunto entre los servicios de salud y los grupos de sociedad civil que reclamaban se asegurara no solo la información sino también la provisión de los métodos anticonceptivos sin exclusiones. Esto fue difícil para los adolescentes ya que muchos se negaban a atenderlos sin ir con una persona mayor o negaban que tuvieran derecho a pesar de que la ley explicitaba este derecho a partir de los 13 años.
A veinte años de la ley, mucho se avanzó debido en gran medida a la persistencia de las organizaciones y grupos de profesionales y sociedad civil, que no dejaron de promover avances, y que incluso ampliaron el derecho a la interrupción legal del embarazo, primero cuando la Corte Suprema clarificó el alcance del aborto legal según el Código Penal –ILE– y luego con la aprobación, en 2020, de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo –IVE–. No se logró todo, pero el avance fue permanente y continuo. Hay que lograr que la Ley de Educación Sexual Integral –ESI–, que se relaciona y tiene un nivel de implementación mucho menor, se aplique en todo el país.
