Mucho se habla acerca de la implementación de un nuevo esquema de exteriorización voluntaria de activos no declarados o mal llamado “blanqueo” como una de las herramientas para paliar el actual desequilibrio macroeconómico. Es importante no cometer los mismos errores del pasado reciente.
Son muchos los países, incluso del mundo desarrollado, que han adoptado este tipo de herramientas para paliar los déficits fiscales y foros multilaterales con competencias específicas, como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), impusieron condiciones para poder llevar a cabo estos procesos. El GAFI los detalla en su documento denominado “Voluntary Tax Compliance Programmes” publicado en el año 2012. El objetivo es exteriorizar activos no declarados, pero de origen legal. Se debe verificar la legalidad de la actividad que los originó impidiendo desvíos que permitan exponer una situación regular a quienes posean dinero originado en conductas delictivas y peor aún las ligadas al crimen organizado. Sólo podrían eximirse las conductas de omisión de declaración en tanto se verifique la legalidad del origen de los fondos.
A diferencia de lo que ocurre a nivel local, quien blanquea debe tributar sin recibir retribución alguna. Resulta contrario a una sana cultura tributaria retribuir a quien exterioriza utilizando fondos de los contribuyentes que aportan al fisco.
A medida. A diferencia de los casos expuestos donde lo que se busca principalmente es aumentar la recaudación fiscal, en el nuestro se deberán perseguir múltiples objetivos: por un lado recaudar para paliar el actual déficit fiscal y promocionar la inversión. Pero quizás el aspecto más apremiante hoy sea el de aumentar la oferta de moneda extranjera y asimismo recomponer la delicada situación de nuestras reservas internacionales.
Por eso se deberá requerir de acciones como la repatriación de capitales, la aplicación de los mismos en el sector productivo o en activos muebles o inmuebles o por caso la realización de un depósito bancario.
Nuestra realidad obliga a una necesaria intervención de ciertos actores económicos, como la banca, para que la operatoria se pueda materializar. Estos intermediarios, aparte de promocionar la adhesión al sistema, deberán aplicar los recaudados exigidos, para lo que hay que establecer pautas claras y objetivas que minimicen sus riesgos y también transmitan tranquilidad a los interesados. De lo contrario seguirán los intentos fallidos.
Propuesta. La exteriorización debiera poder realizarse en moneda local como extranjera y también en dinero o bienes registrables. Debieran ser sujetos elegibles sólo aquellos que puedan demostrar haber realizado una actividad económica durante un periodo de tiempo a determinar, declarada y en situación regular ante el fisco por haber tributado y que a su vez hayan estado bancarizados en ese lapso.
Tales requisitos nos indicarían la existencia de una actividad legal regulada impositivamente y fiscalizada por la normativa sobre prevención de lavado de dinero.
Con esas condiciones, se podría aplicar a los ingresos declarados en dicho período un porcentaje o tasa presunta de evasión a fin de cuantificar el monto máximo susceptible de ser blanqueado.
La tasa podría definirse considerando diferentes estudios realizados sobre economía informal y niveles de evasión impositiva en nuestro país y la región en los últimos quince años, como los publicados por Tax Justice Network, la Cepal o el Banco Mundial, entre otros, que estiman que los ratios de evasión al impuesto a la renta podrían rondar entre un 40 y 50 por ciento. Aplicar un guarismo de ese orden a los ingresos declarados en el período para calcular un monto máximo a blanquear, podría resultar razonable.
Más allá de las mejores cualidades de la iniciativa a instrumentar, el gobierno venidero deberá regenerar la confianza para que el ahorro de los argentinos, se canalice hacia la inversión.
*FIDESnet.
