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Consecuencias de una condena

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Juicio de vialidad. Cristina Kirchner con su abogado, Carlos Beraldi, en el tribunal oral que la juzga. | NA

Cristina Kirchner condenada con sentencia firme por corrupción es el escenario más probable del mapa político de un futuro cercano. La evolución del juicio por irregularidades en la obra pública de Santa Cruz permite pronosticar un fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 antes o después de la feria judicial: diciembre o marzo próximos, y una eventual confirmación de esa sentencia por la Sala IV de la Cámara Federal a fines de 2023 o comienzos de 2024, al mismo tiempo que la habilitación de la apelación a la Corte Suprema. Mucho se especula con el ejemplo de Carlos Menem, quien murió sin que la Corte Suprema confirmara el fallo de su condena durante muchos años, permitiéndole ser candidato a senador, con fueros. Pero los tiempos de la sensibilidad política actual no son aquellos y la sentencia firme sobre la vicepresidenta se produciría dentro del próximo período presidencial.

Si resultara lo hoy más probable, por entonces Cristina Kirchner ocuparía una banca de senadora por la provincia de Buenos Aires, habiendo sido electa por seis años a partir del 10 de diciembre de 2023, y tendría sus fueros hasta el 9 de diciembre de 2029, pero no podría volver a ser candidata porque, con una condena firme, quedaría inhabilitada de por vida. Desde el momento en que la Corte Suprema deje firme el fallo de Casación, ya no se podrá especular con una eventual candidatura de Cristina Kirchner a presidenta para 2027, como todavía hoy se lo puede hacer para 2023, afectando así el clima político de dentro de cuatro años. 

Alberto Fernández será para Cristina responsable de su condena en la causa de Vialidad 

Y lo más importante es que afectará el clima político desde este 2023 porque una condena, aunque no sea firme, crispará el humor de Cristina Kirchner y la lista de responsables por haber llegado a esa situación no se agotará solo en los jueces y fiscales intervinientes en su condena sino en los responsables políticos, comenzando por el presidente Alberto Fernández.

Una posible ira de la vicepresidenta se descargaría sobre su compañero de fórmula exacerbando la percepción de que es el propio Presidente es el primer funcionario que no funciona, al punto de no haber podido impedir esta condena. A sus ojos, la primera ineficacia de Alberto Fernández no residiría en falta de logros en el ejercicio de su gobierno sino en no haber conseguido su absolución.

Ese escenario podría producir la fractura del Frente de Todos, aun con un eventual buen resultado de la gestión de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía. El resentimiento acumulado entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner, hoy contenido por la crisis que destapó la salida de Martín Guzmán, estallaría con más fuerza modificando el mapa electoral antes de que se inscriban las candidaturas a las PASO, en el segundo trimestre del año próximo.

Una eventual fractura de la coalición oficialista podría producir también consecuencias en la oposición. Desincentivaría la unidad de Juntos por el Cambio, amalgamado por la necesidad de enfrentar con la mayor fortaleza a un kirchnerismo dominante. Un kirchnerismo menguante podría disparar ambiciones individualistas hoy contenidas por una amenaza externa. Y al mismo tiempo reempoderaría a los libertarios porque la división de las principales coaliciones podría generar un escenario de fragmentación donde, con el veinte por ciento del total de los votos, se pase al ballottage.

Esa distopía se ha venido produciendo en las últimas elecciones de Chile (Gabriel Boric obtuvo el 25% en primera vuelta), de Ecuador (Guillermo Lasso, el 19%) y de Perú (Pedro Castillo, el 18%). El argumento que se utiliza para explicar que Argentina es distinta a estos países andinos es que tanto Chile como Ecuador y Perú no tienen sistemas de gobierno federales ni el voto es obligatorio, como en nuestro país. 

Pero si nos remontamos a veinte años atrás, lo mismo ocurrió en Argentina en las elecciones de 2003, cuando Néstor Kirchner terminó siendo presidente con solo el 22% de los votos en primera vuelta. En esa oportunidad el peronismo fue dividido en tres: Menem, 24%; Kirchner, 22%; Rodríguez Saá, 14%. Paralelamente, el liberalismo con López Murphy obtuvo el 16% y el progresismo con Carrió obtuvo el 14%.

Si Sergio Massa pretende ser un candidato a presidente competitivo en 2023, además de lograr primero enderezar la macroeconomía y luego, más difícil aún, devolverles poder de compra a los salarios, tendrá todavía un desafío mayor, que será terciar entre Cristina Kirchner y Alberto Fernández para que la ira de la primera, tras ser condenada, no se descargue contra el Presidente, quien, aunque debilitado, por el solo hecho de tener la lapicera hasta el 9 de diciembre de 2023 mantendrá una cuota de poder y capacidad de influir en las candidaturas, aunque él mismo no pudiera ir a la reelección.

Algún punto de comparación, aunque menos estresante, tiene la tarea de Horacio Rodríguez Larreta conteniendo a Mauricio Macri, sin romper, digiriendo el resentimiento mutuo que fue generándose en el desgaste de la relación entre elector y elegido.

Si se fracturara el FdT, se podría ser presidente con solo el 20% de votos, como en 2003

Durante el vibrante alegato del fiscal Diego Luciani, se produjeron comparaciones con el alegato del fiscal Julio Strassera en su famoso “nunca más”, en 1985. En un caso se enjuiciaba en esos ex comandantes a todas las dictaduras, y en este caso actual se juzgaría en un caso simbólicamente a toda la corrupción. Los ejemplos de Mani Pulite en Italia y el Lava Jato en Brasil indican que la tolerancia social a la corrupción es mayor que a los golpes militares. La corrupción puede tener grados mientras que un golpe militar, no. De cualquier forma, la exposición de Cristina Kirchner a este juicio dejará una profunda huella en el prestigio de la vicepresidenta y en el legado de su esposo y de los gobiernos kirchneristas, con consecuencias políticas de significación.