Para el Gobierno fue una semana de contrastes. Comenzó con los efectos del papelón comunicacional causado por la fallida captura de los tres condenados por el triple crimen de General Rodríguez fugados del penal de General Alvear. El hecho, que dio la vuelta al mundo, dejó en ridículo al mismísimo Presidente y dio pie a la presentación de la renuncia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que le fue rechazada. Por eso, Mauricio Macri acertó cuando, tras haberse concretado la detención de los tres peligrosísimos delincuentes, reconoció en conferencia de prensa los errores cometidos por las fuerzas de seguridad y por los funcionarios políticos del área a lo largo de una saga que, de no ser por la gravedad de lo que representaba, hubiera podido ser parte de un grotesco.
Por momentos, el desempeño de las fuerzas de seguridad se asemejó al de L’ armata Brancaleone, la célebre película protagonizada por Vittorio Gassman. Jefes policiales y penitenciarios corruptos, personal mal equipado y poco entrenado, fuerzas mal coordinadas, disputas jurisdiccionales, tareas de inteligencia de pobre calidad enmarcan un cuadro de situación fatal no sólo para combatir el delito sino también para encarar su prevención de manera exitosa. Haberlos encontrado a los hermanos Cristian y Martín Lanatta y a Víctor Schillaci con vida ha sido muy importante para mantener abierta la posibilidad de avanzar en el esclarecimiento de los muchos puntos obscuros vinculados a la política que aún plantea el triple crimen de General Rodríguez. Pero junto con eso, este episodio no ha hecho más que demostrarle al Presidente la necesidad de precipitar la dinámica de la toma de decisiones en el área de la seguridad y su submundo de corrupción, que estuvo presente en el origen y en el desarrollo de esta desventura que, entre otros puntos, tuvo la indiscutible finalidad de perjudicar políticamente a su gobierno. El narcotráfico es una fuente incesante y creciente de plata ilegal que necesita, para su sostenimiento, mantener y fomentar la corrupción. No hace falta llegar a los niveles de Pablo Escobar o de Joaquín “El Chapo” Guzmán Lorea para constatar la dimensión de esa realidad.
La aprobación del presupuesto de la provincia de Buenos Aires representó un logro para María Eugenia Vidal que, a su vez, fortaleció a Macri. Sin esa ley, la gestión en el primer estado argentino hubiera estado muy comprometida no sólo para la gobernadora sino también para todas las intendencias. El hecho tuvo, además, otra consecuencia: la división del bloque de diputados del Frente para la Victoria. Se vivió allí un clima de confrontación interna fuerte. Esta vez no fue CFK quien llamó para instar a votar en contra del oficialismo; lo hicieron otros: Julio De Vido y Andrés Larroque. Como se ve, fracasaron. Comienza ahora para la administración de Vidal el primer test de negociación salarial: la paritaria docente que fue un dolor de cabeza permanente para la gestión de Daniel Scioli.
La estabilidad del dólar le da al Gobierno oxígeno. Falta el resto de las medidas que permitan configurar un plan económico que, hasta aquí, está ausente. Macri ha optado por el gradualismo en contra de los que aconsejaban una política de shock. En cualquiera de las dos circunstancias, lo que necesita el país para reactivar su economía son inversiones, muchas de las cuales están atadas a la solución de la disputa contra los holdouts. Luis Caputo, el negociador argentino, ya ha experimentado en Nueva York lo duro que será lidiar con Paul Singer. En Wall Street, por su parte, la actitud del nuevo gobierno está generando reacciones positivas. Del arreglo de este litigio depende también la posibilidad de que el país se financie a tasas de interés más bajas que las que debió pagar la administración kirchnerista.
Entre las alertas de estas horas está el aumento del desempleo, producto de la eliminación de los “ñoquis” de la administración pública y de situaciones críticas en áreas que estaban subsidiadas por el Estado, que son muchas. Primero fue el caso de Cresta Roja; ahora es el de la línea aérea Sol. Lo penoso es que el costo lo pagan siempre los trabajadores. Un dirigente gremial del sector al que se lo contactó desde el Gobierno para pedirle que no escalara el conflicto, señaló que si el contrato entre Aerolíneas Argentinas y Sol es tan leonino como se señaló, las autoridades deberían proceder a denunciar penalmente a Mariano Recalde.
El tema de los empleados “ñoquis” del Congreso es otro asunto de alto voltaje político. Los principales perjudicados por ese personal que nada hace son los trabajadores que desempeñan sus tareas con honestidad. El caso tiene su historia. A poco de comenzar el gobierno de Fernando de la Rúa, el entonces vicepresidente Carlos “Chacho” Alvarez se abocó a la dura tarea de evaluar la real dimensión de la planta de personal del Congreso, a fin de detectar a los empleados “ñoquis” y llevar adelante una reducción de personal de un plantel sobredimensionado que era de 3.350 agentes (entre permanentes y temporarios). Las resistencias que encontró –entre ellas, las de la UCR– fueron enormes y el intento fracasó.
Mientras tanto, Mauricio Macri vive horas de disconfort a causa de los dolores producidos por la fractura de costillas que sufrió hace poco más de una semana. Ello obligó a que los médicos que lo vieron en el Hospital Fernández –es bueno que el Presidente se atienda en un hospital público– le indicaran reposo absoluto. No hay gran tratamiento para esta patología: reposo y analgésicos. Si no presenta complicaciones, cura en unas seis semanas. Algunas de las complicaciones son las siguientes: trastornos de la función respiratoria; neumotórax (aire en el tórax); hemotórax (sangre en el tórax); neumonía; daño de los órganos intratorácicos; contusión pulmonar. Con buen criterio, los médicos presidenciales –¿quiénes son?– están evaluando la conveniencia o no de autorizar el viaje de Macri a Davos. Lo dicho tantas veces: la salud de un presidente es una cuestión de Estado.
Producción periodística: Guido Baistrocchi.
