“La pista falsa”, tal como denominó la ministra de Seguridad Patricia Bullrich a la información errónea que recibió el sábado pasado al mediodía durante una reunión en la que participaban Eugenio Burzaco, el ministro de seguridad de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, la gobernadora María Eugenia Vidal y el titular de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, terminó por salpicar a todas las fuerzas de seguridad. Y abrió una grieta entre Nación y el gobierno de Santa Fe, con acusaciones cruzadas por el origen del yerro y la actuación policial.
La investigación de la Justicia Federal se aleja de la pista narco y se robustece la colaboración de familiares, amigos y abogados en la fuga –según se vislumbra tras los primeros resultados arrojados por el peritaje a los dos teléfonos hallados en la camioneta Kangoo de la ex suegra de Cristian Lanatta–. En paralelo, los diferentes órganos de control interno de las fuerzas investigan si los fugitivos contaron con cobertura de los uniformados o si el recorrido que hicieron hasta ser capturados estuvo ligado a la torpeza de sus integrantes.
Santa Fe. Durante la semana, Pullaro buscó despegar a la policía de Santa Fe del incidente, pero la Secretaría de Control de las Fuerzas de Seguridad de esa provincia intenta determinar, a partir del itinerario de la fuga, cómo Víctor Schillaci y los hermanos Cristian y Martín Lanatta lograron ingresar a la provincia y, luego, al centro de la ciudad con una persona secuestrada –un ingeniero agrónomo que fue tomado como rehén en su camioneta– sin ser detectados por ningún agente.
A la vez, quieren saber cómo se filtró a la prensa un llamado al 911 que advertía sobre el secuestro. Ayer, Pullaro, atribuyó a “un gendarme de apellido Meza” la fallida información que llegó hasta el presidente Mauricio Macri.
Fuerzas nacionales. Aunque desde Nación aseguran que el dato falso provino de Santa Fe y que no fue inocente, revisan de forma interna la actuación de todas las fuerzas de seguridad federales que intervinieron en el operativo de captura (Gendarmería, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria). La ministra admitió en televisión que prepara “un informe reservado” y avisó: “Nosotros no tenemos que cubrir a nadie, sean fuerzas de Santa Fe o nacionales”.
En tanto, fuentes judiciales de la provincia del Litoral que tuvieron intervención mencionaron a PERFIL que ese mediodía en Cayastá “siempre se habló de un solo detenido (de Martín Lanatta) y la búsqueda de los otros dos nunca cesó”.
Provincia. La Bonaerense es la más comprometida con la fuga. Existen escuchas entre efectivos de la zona sur del Conurbano y personas vinculados a los prófugos. Además, esta semana Ritondo decidió pasar a retiro a nueve comisarios generales que estaban a cargo de áreas vinculadas a la búsqueda.
Entre los números marcados por los prófugos hasta el momento no se encontraron números ligados a agentes de seguridad, pero se intervinieron las 15 líneas que en los próximos días pueden generar pruebas sobre la red de complicidades.
Ex jefe de Seguridad Vial, el más complicado
De los nueve jefes desplazados por Ritondo, el ex jefe de Seguridad Vial es el más comprometido en la investigación sobre la cobertura. Se trata de Rubén Alberto Lobos, un hombre que tuvo una carrera vinculada al combate del narcotráfico como superintendente de Investigaciones de Drogas Ilícitas y al frente de la Departamental de Investigaciones de Zárate Campana, un territorio sensible en la materia. Fuentes del entorno del ministro indicaron a PERFIL que el área de Lobos falló en el control de las rutas de escape. Investigan si fue por negligencia o deliberado. Antes, Ritondo desplazó a Daniel Cantarini, jefe de la DDI de Quilmes, la zona por donde creen que los prófugos circularon con libertad antes de dirigirse a Santa Fe. En la mira también quedó el jefe de distrito de Almirante Brown, Leonardo Julián, por conversaciones con Marcelo “El Faraón” Melnyk, amigo de Víctor Schillaci. En su casa, los prófugos se habrían abastecido de dinero y armas.
Todos los superintendentes pasados a retiro habían sido nombrados por el ex jefe de la bonaerense Hugo Matzkin. Incluso, Miguel Angel Alanís, su hombre de confianza. Fuentes policiales indicaron que entre los miembros de la Bonaerense el ánimo es el peor. Creen que la trama de la triple fuga los hizo retroceder varios pasos.
Equipo especial de auditores
Tal como adelantó PERFIL, el ministro de Seguridad bonaerense Cristian Ritondo acelera una reforma en la policía de la provincia de Buenos Aires. Entre las medidas urgentes, creó un equipo de diez personas que auditarán las comisarías.
El grupo, compuesto por civiles, está conformado por profesionales como abogados, contadores y escribanos. El objetivo es conocer el funcionamiento interno y falencias de cada dependencia policial.
“Vamos a seguir poniendo en marcha cambios estructurales para conseguir la policía que queremos”, aseguró a PERFIL el ministro.
Antes de retirarse, el ex jefe de la Bonaerense, Hugo Matzkin, creó doce superintendencias y dividió siete departamentales que dificultan el acceso a la información y atomizaron la tarea policial. A este escenario se le suma la policía local en 52 distritos, una iniciativa del ex ministro Alejandro Granados e implementada vía decreto por el ex gobernador Daniel Scioli antes de cumplir su mandato.
