En medio de una interminable cuarentena que amenaza con destruir buena parte de lo que aún queda en la devastada economía, se han producido hechos que profundizan rasgos patológicos de la sociedad argentina: el violento asesinato de un ex secretario de la vicepresidenta, quien no dudaba en ostentar una fortuna que denunciaba su origen espurio, seguido de la reacción social ante el hecho de que la investigación haya quedado a cargo de la Justicia santacruceña, y con la sobrina de la vicepresidenta en la fiscalía.
Se está asistiendo a una acentuación del clima de confrontación, no solo de la vicepresidenta sino también de parte de funcionarios y militantes y del propio Presidente, que tildó de “actitud miserable y canallesca” a la oposición, o del vocero presidencial, tratando de “inútil” y llamando a silencio al ex presidente Macri.
Por su parte, continúan produciéndose numerosos ataques a las silobolsas en varias provincias, y mientras diversos actores vinculados a la producción agropecuaria reclaman al Gobierno acciones para evitarlos así como una condena a ese vandalismo, la vicepresidenta Cristina Kirchner bromeó sobre el tema en las redes, generando airadas reacciones del sector.
La postrada economía. Algunos aspectos:
- Las estimaciones privadas para 2020 prevén una caída del PBI, inflación, niveles de pobreza y déficit fiscal enormes, financiado este último con emisión, preludio obligado de un estallido inflacionario.
- La reestructuración de la deuda, pese a la enésima propuesta del Gobierno, no cuenta todavía con las necesarias mayorías para su convalidación, aun cuando desde su oferta inicial del “tómelo o déjelo” la diferencia en contra del país es cuantiosa.
- En caso de lograr el ansiado acuerdo, se hará necesario renegociar el crédito del FMI, que obligará a consensuar con el organismo un plan macroeconómico sustentable, basado en la inversión privada y el crecimiento, a partir de acuerdos políticos y sociales, no demasiado expectables actualmente.
La pospandemia. Se ha dado a conocer, entre un conjunto de medidas proyectadas para reactivar la economía, una nueva fórmula de movilidad jubilatoria. El Gobierno suspendió en diciembre el índice de movilidad aplicado hasta entonces, y decidió por decreto los dos aumentos para jubilados y pensionados, en marzo y junio. Independientemente del recuerdo de la Plaza del Congreso destruida ante el intento infructuoso del gobierno anterior de modificar el sistema (que en la práctica ha implosionado), es preciso señalar que una reforma jubilatoria debería contemplar, más allá del ajuste de los índices, una revisión integral para dotarlo de sustentabilidad.
Asimismo, el Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de nueva moratoria impositiva que, entre sus disposiciones, deja sin efecto la excepción vigente para los impuestos a los combustibles y a la realización de apuestas, expresamente excluidos en el actual régimen de facilidades, en razón de que quienes deben ingresarlos de inmediato son simples agentes de percepción de los tributos que oblan los ciudadanos al comprar combustible o hacer una apuesta.
Otro aspecto cuestionable es que establece la posibilidad, vedada actualmente, para que empresas quebradas sin continuidad en sus actividades se adhieran a un plan de facilidades de pago. Ambas cuestiones, según los analistas, tienen nombre propio.
En este escenario, impregnado por el agobio del interminable encierro, se ha producido el 9 de julio pasado una reacción espontánea de miles de ciudadanos autoconvocados, en numerosas ciudades del país, en defensa de la institucionalidad, el respeto a la prensa y a la oposición, y reclamando el pleno funcionamiento de los poderes Legislativo y Judicial, increíblemente silenciados desde prácticamente el año último. Prensa libre, instituciones en funciones y reacción ciudadana son los pilares para evitar el atropello.
*Economista.
