La temperatura elevada en todo el mundo actualizó el debate por el cambio climático. En este contexto, según la Unesco, hoy solo la mitad de los planes de estudio nacionales en todo el mundo hacen referencia al cambio climático. En Argentina hace más de dos años se sancionó la Ley de Educación Ambiental Integral y sigue prácticamente sin aplicarse. Esta norma, que viene a complementar a la Ley Yolanda, que desde 2017 obliga al funcionariado público de todo el país a tener una formación ambiental, con perspectiva de desarrollo sostenible y énfasis en el cambio climático, tampoco tiene la ejecución que nos merecemos.
Estas leyes plasman el compromiso asumido cuando, en 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030, la que, con sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, está promoviendo cambios a nivel internacional, pero aquí esas transformaciones son más formales que reales.
Por ello, la Unesco, con la Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) como estrategia consolidada en la declaración EDS2030 y su hoja de ruta, aprobada en 2019, promociona áreas de acción prioritarias, como ser: avance en políticas; enfoque integral escolar; formación de docentes; empoderamiento juvenil; vinculación comunitaria, por citar algunas.
En la reciente Cumbre Mundial para Transformar la Educación, de la que participaron todos los países –incluida Argentina–, se acordó y lanzó la Alianza para una Educación Ecológica, como una propuesta global para incentivar e incrementar la puesta en marcha de la curricularización de la educación para el desarrollo sostenible. Vale decir, los Estados establecieron que desde la educación inicial, y a lo largo de la vida, se pueda favorecer la educación en competencias para un desarrollo económico inclusivo y sostenible, en el contexto definido como de “transición hacia economías digitales y ecológicas”, renovando el compromiso asumido con el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4°, referido a educación de calidad.
Ciertamente, instalar esta temática en la agenda educativa no resulta una simple incorporación de cuestiones ambientales a los programas de enseñanza. Considerar la educación desde la sustentabilidad requiere tomar definiciones tales como repensar la infraestructura escolar, la disposición de recursos, la curricularización de contenidos ligados al desarrollo sostenible, tanto en las carreras de formación docente como en los diferentes niveles educativos; claro que, para ello, las políticas educativas deben estar atravesadas por la sustentabilidad y quienes las llevan adelante tienen que ser personas activas en la promoción de los ODS.
Como nos suele pasar, contamos con una legislación interesante, que los gobiernos incumplen. Esto en educación es regular, no se cumple con la Ley de Financiamiento Educativo o con los 180 días de clase, menos aun con la Ley de Educación Ambiental Integral.
Siempre la existencia de un marco legal es un avance. Pero ante esta inactividad, hay que preguntarse: ¿por qué la realidad sigue sin modificarse? La respuesta es simple: la distancia entre la ley y la realidad es la política.
La importancia y urgencia de este problema llevó a decir recientemente a la directora general de la Unesco, Audrey Azouley, que “la crisis climática ya no es la amenaza de un futuro lejano, es realidad global. No hay solución sin educación”.
Es por ello que, en tiempos electorales, estos temas deben ocupar un lugar en la agenda pública, para impregnar en nuestra sociedad la idea central detrás de la Agenda 2030: la solidaridad entre la generación actual y las generaciones futuras, de lo contrario la promesa de un mañana mejor se escurre en la inoperancia del presente.
*Miembro del Consejo de Gobierno de Unesco-Iesalc.
