A estas alturas parece bastante evidente que el gobierno de la Argentina confronta la situación cada vez más evidente de crisis económica pero de espaldas a ella y caminando para atrás. En una palabra: involucionando. La prueba más evidente es que el Gobierno acaba de enviar al Senado un proyecto de reformas de la ley de Abastecimiento que se propone, sencillamente, agravar y hacer aún más radicalizadas las estériles medidas que se tomaron hace nada menos que cuarenta años, entre 1973 y 1974. Es una reforma que impulsa Cristina Fernández de Kirchner y que propone un aumento alucinante del poder del poder de intervención del Estado en todas las empresas privadas.
Lo que está proponiendo el Gobierno ya ha suscitado, por de pronto, el rechazo poco menos que unánime del sector empresario. Son diez medidas que se pueden resumir de la siguiente manera.
- El Gobierno quiere ampliar la aplicación de la normativa de la ley de Abastecimiento a todas las actividades económicas, incluyendo ahora a las recreativas, cuando antes, esta ley solo era aplicable a la compra venta, permuta y obras y servicios.
- Este proyecto de ley del oficialismo determina que la Secretaria de Comercio, como autoridad de aplicación, tendrá más atribuciones legales para controlar precios, así como los gobernadores de provincias y el jefe de Gobierno de la Ciudad quedan, o quedarían, autorizados a fijar precios máximos.
- Este planteo claramente retrógrado del Gobierno dispone que para casos de reincidencia en estos supuestos delitos, se establece la clausura definitiva del establecimiento. ¿Para qué casos? Suba de precios que el Gobierno considera no justificadas, acaparamiento de materias primas o productos, discontinuación del abastecimiento, regular en la zona o rama comercial.
- Este dogma intervencionista del Gobierno sostiene que las empresas primero deberán pagar la multa, y luego podrán apelar ante la Justicia, si es que quieren hacerlo (¿quién se animaría?).
- Esto parece teóricamente más benévolo: se elimina la pena de cárcel para los infractores, pero las clausuras pueden ser de hasta 90 días y las multas pueden llegar a los 10 millones de pesos.
- La aplicación de las multas podrá ser contra las empresas y también contra sus directivos.
- En caso de ser necesario el Estado –o sea, el Gobierno– podrá intervenir en los procesos económicos de cualquier empresa para fijar márgenes de utilidad, niveles de precios (máximo, mínimo y de referencia) y volúmenes de producción. O sea, una economía literal y explícitamente estatizada. ¿Cómo hace el Gobierno para decirle a una empresa, cuánto debe ganar y cuál debe ser el precio de referencia?
- El Estado puede suspender por su propia cuenta y riesgo, concesiones, beneficios fiscales o créditos especiales a privados (acá no se establece si habiendo una ley puede también suspender este tipo de concesiones)
- Las autoridades, si esta ley fuese aprobada, quedan facultadas para incautar, consignar y vender bienes y servicios sin juicio de expropiación. Esto es, claramente, Venezuela; el ingreso liso y llano a una economía no sólo manejada por el Estado sino plenamente confiscada a las facultades más elementales del sistema de mercado.
- Algo tenebroso e intimidatorio, si esta ley es aprobada por el Congreso en donde hay mayoría oficialista, se abre la perspectiva de que la autoridad de aplicación pueda requerir a las compañías privadas, toda la documentación relativa a su giro comercial”. En una palabra, es un recuento de glóbulos, un análisis integral, una especie de tomografía de la actividad privada que le daría al Estado, o sea al Gobierno, potestad, de hurgar en documentos contables y comerciales.
¿Alguien puede explicar cómo este tipo de proyecto va a ser estimulante para la inversión del sector privado? Los bancos, por de pronto, que han ganado buen dinero en esta última década, contra el catecismo kirchnerista de que ésta era una economía productiva, lo han rechazado de manera unánime, porque dicen que de esta manera es inviable imaginar que pueda haber inversión privada. La Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino, que reúne a los bancos que tienen su casa matriz en Buenos Aires y cuyo presidente sigue siendo Jorge Brito, sostiene que la intervención del Estado en el mercado interno atenta contra principios constitucionalmente consagrados, como el de libre empresa y la propiedad privada. Esto es obvio y es evidente. Este tipo de intervención estatal, por su propia característica en la Argentina, desalienta la inversión privada, y genera automáticamente más desabastecimiento, la posibilidad de que aparezca ya de manera endémica el racionamiento de mercaderías y la insuficiencia de la oferta. Los operadores económicos no van a querer fabricar: ¿para qué hacerlo con una inflación del 40% y con precios controlados por el Estado? Como ha sucedido en Venezuela, esto desata el mercado negro.
Los otros bancos, de capital privado, que tienen su casa matriz en ultramar, sostienen que este proyecto de ley del Gobierno afecta la transparencia de los mercados y el clima de negocios que necesita el país para crecer.
Estos son los detalles del proyecto oficial que, si se llega a efectivizar la eficacia del aparato oficial en el Congreso, saldría como ley de la Nación, aunque probablemente, a medida que avance el tiempo rumbo a las elecciones, muchos legisladores del Senado y de la Cámara de Diputados del oficialismo lo pensarán dos veces. Pero es evidente que para el Gobierno no solo no es prioritario respetar los derechos de la propiedad privada, sino que incluso considera saludable manejar de manera libérrima la vida de las empresas, como si el Estado, por si mismo, fuese tan eficaz, racional y equitativo.
Es un proyecto tenebroso. Revela que esta joven generación de burócratas y economistas que está manejando el Estado argentino, con funcionarios como Axel Kicillof y Augusto Costa, vive de espaldas, ya no solo al futuro sino al presente,imaginando que estos esquemas y delirios intervencionistas de la década del 70 pueden funcionar en un mundo infinitamente más complejo y donde la inversión privada es disputada palmo a palmo por todos los países, no importa cuál sea el signo ideológico de su gobierno.
Es un proyecto retrógrado, claramente negativo para la economía argentina, un proyecto desesperante que pone de manifiesto lo único que tiene in pectore este Gobierno: la sensación, pretensión y aspiración de que si ellos manejaran todo, al país le iría mejor, y es exactamente al contrario. Este proyecto de ley ratifica la pretensión de manejar al mundo desde la Casa Rosada, empujando a la Argentina hacia un pasado al que pensábamos que no íbamos a regresar.
(*) Emitido en Radio Mitre, el jueves 14 de agosto de 2014.
