El domingo 2 de junio se publicó en PERFIL una columna titulada "Más del 50% de las noticias de la televisión se dan sin dar su fuente", firmada por el encargado de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual Emilio Alonso. En ella repasa los resultados del sexto monitoreo sobre los noticieros de los canales de televisión abierta que transmiten desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es destacable que un organismo público destine recursos para producir insumos que habiliten la reflexión acerca de lo que los medios construyen como noticia, de los temas y actores que son legitimados y los que se invisibilizan. Ese estudio se hace desde 2013 y es una política definida desde la primera gestión del organismo, diseñada e implementada por investigadores/as especializados en la materia y utilizada como recurso pedagógico por quienes construyen puentes entre los saberes construidos por la Defensoría y la sociedad.
La Defensoría del Público existe desde fines del año 2012 cuando el Congreso aprobó la designación de la primera defensora de las audiencias de radio y televisión, la periodista y docente universitaria Cynthia Ottaviano, quien desarrolló su tarea al frente del organismo durante cuatro años. Desde noviembre de 2016 la Defensoría está acéfala. Funcionó con una firma delegada a una directora perteneciente al organismo desde su creación. En septiembre de 2018 la Comisión Bicameral decidió intervenir la institución con el argumento de preparar el proceso de designación de la nueva titularidad, cosa que hasta el momento no ha sucedido.
En la columna publicada por PERFIL el encargado dice que “estamos implementando por primera vez una política pública federal de capacitación y promoción, articulada con medios públicos, privados, comunitarios, sin fines de lucro y con universidades de todo el país”, lo cual es una afirmación errónea que es preciso aclarar. Básicamente, porque desconoce un balance positivo de los primeros seis años de existencia de un organismo novedoso. Al ser la primera defensoría del público del país y la primera en el mundo en su tipo -luego tomada como modelo en otros países- su puesta en funciones requirió inventar un organismo sin antecedentes. Por su parte, las audiencias mediáticas, históricamente configuradas como consumidoras, tampoco estaban familiarizadas con la posibilidad de reclamar al Estado cuando los medios vulneraban sus derechos. Es decir, en 6 años se creó un organismo público desde cero y se lo dio a conocer en ese marco.
Durante ese período desde la Defensoría, en particular desde la Dirección de Capacitación y Promoción, se desarrolló una política pública federal que incluyó entre sus destinatarios a las audiencias de radio y televisión como así también a periodistas, productores, comunicadores y responsables de medios públicos, comerciales y comunitarios de todo el país.
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) fue el resultado de un proceso social de demanda por la democratización de los medios de comunicación audiovisual y respondió a los estándares de los organismos internacionales de protección de los derechos humanos y de la diversidad cultural que exigían a los Estados la adopción de medidas. La Corte Suprema de Justicia de la Nación reconoció la constitucionalidad de esa norma.
Para hacer lugar a esas exigencias la LSCA dispuso mecanismos de desconcentración de la propiedad, que luego fueron derogados, y de reconocimiento de igualdad de diferentes sectores de la comunicación (comercial, sin fines de lucro y públicos) aún vigentes. Para revertir una discriminación histórica que impedía ejercer legalmente la comunicación no lucrativa, se adoptaron medidas de acción positiva, como por ejemplo la reserva de espectro radioeléctrico para radios y televisoras comunitarias y la implementación de fondos de fomento concursables para el sostenimiento económico de sus proyectos.
En cumplimiento de las recomendaciones internacionales y de la propia Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la Defensoría del Público adoptó desde su creación medidas que permitieran fortalecer a los sectores históricamente postergados. Entre esas medidas se destacaron las líneas de trabajo tendientes a forjar y mejorar capacidades en materia de producción, gestión, diseño de contenidos y acceso a licencias y a fondos concursables para medios comunitarios y de pueblos originarios. El objetivo de esas líneas de trabajo fue hacer efectiva la diversidad de medios de comunicación en tanto derecho de la sociedad democrática. Otras líneas apuntaron hacia las personas con discapacidad, la equidad y la diversidad de géneros, los derechos de niños, niñas y adolescentes y la promoción del derecho a la comunicación. Dichas acciones fueron dirigidas a la totalidad de los medios audiovisuales sin sesgos de ningún tipo. La Defensoría también trabajó con canales, señales, radios, productoras de radio y televisión, agencias publicitarias, anunciantes, prestadores de televisión paga –por vínculo físico y satelital-, cámaras y entidades que agrupan al sector privado comercial. A su vez, entre 2013 y 2018 organizó 24 audiencias públicas cubriendo todo el territorio nacional para escuchar a públicos, organizaciones e instituciones de todo el país. Los resultados fueron siempre positivos y pueden leerse en profundidad en los informes anuales que el organismo presentó al Congreso de la Nación.
El monitoreo, por su parte, constituye un insumo demandado por el campo académico para trabajar sobre qué dicen y qué priorizan los medios, como actores constitutivos de la esfera pública capaces de incidir en lo que se considera socialmente relevante, y cómo lo producen. También resulta un insumo para los mismos noticieros que han naturalizado prácticas en sus rutinas de producción que deben ser revisadas, como la escasez de fuentes en el abordaje noticioso y la dramatización de las noticias a través de diversos recursos. Se trata de producir un material con rigor científico que permita elaborar guías, capacitar a periodistas y tomadores de decisiones de los medios, al mismo tiempo que atender las necesidades de las audiencias El monitoreo entró en materias universitarias, en posgrados y en gerencias de noticieros. Su aporte es crucial para comprender por qué el consumo de medios conectivos, convergentes o a través de plataformas se vuelve cada vez más masivo, en detrimento de una televisión que expulsa a sus audiencias. Ponerlo en criterios científicos fue un paso que la Defensoría dio hace varios años, que no registra antecedentes en el país y que es de celebrar que se mantenga y potencie, siempre que se reconozca su historia.
*El autor es Director de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires.
