No es nuevo que el debate político está cargado de falacias lógicas como la falacia de la afirmación del consecuente o el argumento ad hominem. Pero una nueva forma que refleja cierta impotencia empieza a caracterizar poco a poco al debate político: la adjetivación.
Estamos todo el tiempo adjetivando, decimos que algo es “malo”, “irresponsable” o “criminal”, pero no hacemos nada al respecto. No lo hacen los legisladores, ni los funcionarios: mucho menos los jueces, incapaces de criminalizar conductas que no sean de gente pobre. Nuestras cárceles son, como dijo Loic Waqant, discípulo de Pierde Bourdieu, para los jóvenes que crecen en la miseria. No tenemos política criminal. Nuestra mal llamada política “criminal” se agota en hacinar gente sin horizonte. Nada más que eso.
Muchos funcionarios, empezando por el Presidente, a instancias de Lula, afirman que la deuda tomada por Macri fue “irresponsable”; muchos otros –entre ellos, quien suscribe, con Noemí Brenta, especialista en el tema– consideramos que es, además de irresponsable, “criminal” la forma en que se tomó la deuda, lo cual puede viciar de nulidad todo el procedimiento. La vicepresidenta no se equivoca al exigir del FMI una responsabilidad concreta en las decisiones, evidentemente equivocadas, tomadas en el préstamo argentino. Se han violado procedimientos administrativos que son básicos para cualquier acto público, máxime en un acto de tamaña envergadura como endeudar a un país. Se podía obviar el Congreso, lo cual de todos modos no es aconsejable ni saludable para las “instituciones”, pero aun así se han violado procedimientos de derecho administrativo. No hay justificación ninguna para este atropello.
El debate a abrir tiene dos aspectos. Primero. No podemos seguir tomando como meros errores de cálculo o de pronóstico económico el fallido descomunal de la deuda externa tomada por Macri. Cientos de especialistas formados en las mejores universidades del mundo no se “equivocan”. El préstamo no fue ningún “error de cálculo”. No puede ser que Dujovne, que debió haber llevado a Lagarde al Congreso y no a tomar un café a la universidad privada Di Tella, se lave las manos diciendo que hubo “errores”, o que se “proyectó algo mal”. No basta con un “error” para justificar el hambre de un pueblo o la pérdida de futuro de millones de argentinos. Estos hechos no pueden configurar un “error”. Son un crimen. Un delito financiero, que debiera ser tipificado y juzgado en los tribunales, para que no se repita. Por eso es correcto el DNU 239/2021 que instruye a la Procuración del Tesoro a ser querellante en la causa de deuda externa, a cargo de María Capuchetti.
Aquí empieza el segundo tema: la vicepresidenta es reacia, como otros políticos, a judicializar las decisiones económicas. Pero no hacerlo no ha sido beneficioso hasta aquí. Al contrario. De todos modos, todas las decisiones “populistas” igual sí se criminalizan. Por corrupción o cualquier excusa, se inventan procesos para criminalizar la obra pública o decisiones no monetaristas de política económica. Entonces, ¿por qué no empezar a criminalizar ciertas decisiones financieras (de política económica) que hunden a nuestras naciones en la miseria y el subdesarrollo? Es un error no avanzar con la criminalización de ciertas decisiones macroeconómicas, como afirma Naucke en Alemania. Allí está tipificado como un delito el “mal desarrollo”. Hay políticos que han tomado decisiones equivocadas, que no configuran un mero error de cálculo. Deben asumir una responsabilidad concreta. Penal. No alcanza con “adjetivar”. Necesitamos ver resultados.
Esto conduce a la última pregunta: ¿cómo tipificar los crímenes que conducen al subdesarrollo? No es una pregunta sencilla. Un chico de 8 años murió en noviembre pasado, aplastado por un camión mientras buscaba comida en un basural de Entre Ríos. Hay un hilo que conecta las cosas. No puede haber hambre en Argentina. Resulta insólito que países históricamente expoliados sean tratados como “deudores” y los países que históricamente han lacerado América Latina, sean además “acreedores” nuestros. Algo no está bien. Y no alcanza con las críticas progres de los discípulos de Stiglitz. Hace falta más.
*Director Nacional de la Escuela del Cuerpo de Abogados y Abogadas del Estado (ECAE).
