En Perú hace tiempo que se viene criminalizando la protesta, afectando un derecho tan básico como es la libertad de expresión. Ahora la Corte Suprema de ese país ha dado un paso más temerario que incluye a Perú en una lista negra de países que ya integran Corea del Norte, Myanmar, Eritrea, Etiopía, Vietnam, Irán: prohibir la protesta. En Perú la protesta es “delito”.
Es notable este paso antidemocrático en medio de la visita al país del relator especial de asociación pacífica y libertad de expresión de la ONU, Clement Voule, quien se reunió con el presidente de Perú, Pedro Castillo, destituido sin observar las reglas del debido procedimiento interno.
Hace diez años el entonces presidente de Bolivia, Evo Morales, fue arbitrariamente obligado a bajar de su avión en Viena, sin respetar su inmunidad diplomática como presidente. Bajo la excusa de que transportaba a Snowden, el mismo fue requisado. No había nadie escondido en su avión. Pero se violaron sus derechos como presidente. No se respetó su inmunidad. Eso no se lo hacen a cualquier presidente. Solo a Evo Morales, por ser un indio. Cuando este atropello sucedió en Europa en 2013 ninguno de los constitucionalistas argentinos, que siempre alzan la voz para defender en sus manuales la libertad de expresión, el nuevo constitucionalismo latinoamericano y el indigenismo, levantó la voz para denunciar lo que pasaba. Todos se escondieron debajo de la mesa. Callaron. Son muy valientes para hablar en la facultad. Pero luego, cuando tienen que responder por estos atropellos fuera del aula, se acobardan. Guardan silencio.
Lo que acaba de suceder en Perú es grave. Un gobierno que reprimió brutalmente la protesta, asesinando a más de sesenta personas, y una Corte Suprema que en medio de la visita de un relator de la ONU, estableció que la protesta no es un derecho: es un delito.
En Francia hubo protestas violentas contra la reforma previsional de Macron. No hubo ningún muerto. Ni uno solo. En Perú las protestas fueron más pacíficas, y sin embargo, ya hay más de sesenta asesinados y miles de heridos en sus casas y no en los hospitales, porque muchos temen ser criminalizados si necesitan ser atendidos por sus heridas de balas y perdigones. Algunos hospitales niegan atención médica a heridos en las manifestaciones. Son distintas formas de criminalizar la protesta y a quienes protestan. Un médico fue asesinado mientras atendía a un manifestante. Pero el derecho a la protesta es parte de la libertad de expresión de la gente de abajo, que no es dueña de ningún medio de comunicación y que para ser visible en una sociedad que los niega, necesitan salir a la calle a manifestarse. A decir “existo y estos son mis derechos”.
Sería muy importante que profesores que siempre han defendido la libertad de expresión, se expresaran con firmeza en este caso. Pienso en Roberto Gargarella, un profesor progresista de derecho constitucional. Hace casi diez años discutimos muy fuerte por el caso Evo Morales. Espero el caso peruano no sea una re-confirmación tardía de los silencios atronadores de nuestro constitucionalismo de escritorio.
Es de esperar que las asociaciones de libertad de expresión, que siempre alzan la voz presurosas cuando en otros países algún líder político cuestiona su forma de trabajar (amarillismo, desinformación, etc.), alcen ahora también la voz, que se acaba de fulminar –Peru es hoy como Eritrea, Irán o Corea del Norte– la libertad de expresión. Protestar es un derecho: no es un delito. Es un derecho básico en cualquier democracia. Salvo que Perú, desde que sus ministros propusieron abandonar el sistema interamericano por ser un “adefesio“ que les impone “candados“, ya no es una democracia. Por eso alzar la voz es “delito”.
La Cancillería peruana acaba de solicitar un adicional de tres millones de dólares para “mejorar“ la imagen de Dina Boluarte en el exterior. Pero ni con tres ni con diez millones van a poder lavar los crímenes que se están cometiendo. El pueblo no olvida sus muertos.
Hace muy bien el presidente de México en no ceder a este gobierno de facto la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico. Los líderes de la región deberían prestar más atención a los atropellos graves que suceden en Perú.
*Director nacional de la Escuela del Cuerpo de Abogados y Abogadas del Estado (ECAE).
