Las violentas protestas en Francia contra una impopular reforma de las pensiones obligaron a aplazar una visita del rey Carlos III a pedido del presidente liberal Emmanuel Macron, quien rechazó ayer un llamado sindical a “poner en pausa” a su proyecto.
“No seríamos serios y pecaríamos de falta de sentido común si propusiéramos al rey y a la reina consorte [Camilla] venir para una visita de Estado en medio de las manifestaciones”, dijo Macron en rueda de prensa en Bruselas, al término de una cumbre europea.
Tras una conversación en la mañana entre ambos jefes de Estado, Londres y París tomaron la decisión de aplazar la visita, que estaba prevista de domingo a miércoles y que, según Macron, podría tener lugar “a comienzos del verano” boreal, cuando la situación se calme.
El Palacio de Buckingham ya anunció que la pareja real “espera con gran interés la oportunidad de visitar Francia tan pronto como se puedan encontrar fechas”. Carlos III mantuvo, no obstante, la etapa en Alemania del que es su primer viaje como rey.
La convocatoria por los sindicatos de nuevas protestas el martes contra la reforma de las pensiones provocó la anulación de esta visita, máxime cuando la movilización del jueves dejó imágenes de violencia y disturbios en todo el país.
Manifestantes radicales incendiaron incluso el acceso a la alcaldía de Burdeos, en el suroeste del país, ciudad que Carlos III y Camilla debían visitar el martes. Un homenaje en el Arco del Triunfo de París y una cena en el Palacio de Versalles completaban la agenda.
La oposición reaccionó rápidamente al anuncio. El derechista Éric Ciotti criticó que el gobierno “no sea capaz de garantizar la seguridad de un jefe de Estado” y el izquierdista Jean-Luc Mélenchon celebró que la “censura popular” acabara con “la cena de reyes en Versalles”.
“Poner en pausa”. Macron enfrenta desde enero una fuerte oposición a su plan de retrasar la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y de adelantar a 2027 la exigencia de cotizar 43 años, en lugar de 42, para cobrar una pensión completa.
Tras semanas de pacíficas y masivas manifestaciones desde enero, las protestas se endurecieron el 16 de marzo, cuando el presidente anunció su decisión de adoptar por decreto su reforma, ante el temor de perder la votación en el Parlamento.
Desde entonces, cientos de personas, en su mayoría jóvenes, recorren por la noche las calles de París y otras ciudades quemando contenedores de basura a su paso, en desafío a una policía en el punto de mira por acusaciones de violencia.
Una entrevista de Macron el miércoles, en la que dijo “asumir” la “impopularidad” de su reforma y cargó contra la oposición, los sindicatos y los “sediciosos” manifestantes radicales, acabó de caldear los ánimos.
Un total de 457 personas fueron detenidas y 441 policías y gendarmes resultaron heridos el jueves, en unas protestas marcadas por “escenas de caos” en Rennes, cañones de agua en Lille y Toulouse y disturbios en París, entre otros. El ministro del Interior, Gérald Darmanin, anunció que la Justicia abrió once investigaciones por presunta violencia policial contra manifestantes.
Por su parte, Macron condenó la violencia del jueves. “He visto escenas en donde muchos de nuestros policías y gendarmes han sido objeto de agresiones totalmente desproporcionadas por parte de militantes extremadamente violentos y equipados”, sostuvo. “En democracia, la violencia no es un derecho”, agregó, consciente de que se preparan nuevas manifestaciones “de ese tipo” en los próximos días.
Para evitar un “drama” y salir de la crisis social, el líder de la CFDT –la principal confederación sindical–, Laurent Berger, propuso en la radio RTL a Macron “un tiempo de escucha, de diálogo y de poner en pausa la reforma de las pensiones”. Berger pidió “seis meses para examinar cómo poder encarrilar de nuevo las cosas”, citando el empleo de los trabajadores más mayores, “el desgaste en el trabajo” o “las adaptaciones al final de la carrera”.
Francia “no puede detenerse”. Sin embargo, el mandatario, de 45 años, rechazó “poner en pausa” su reforma, que debe seguir “su camino democrático”, pero se puso “a disposición” de los sindicatos una vez que el Consejo Constitucional se pronuncie sobre su validez.
“El país no puede detenerse, seguimos avanzando”, subrayó el presidente liberal. El gobierno defiende que la reforma, que quiere aplicar “para finales de año”, busca evitar un futuro déficit en la caja de las pensiones.
Pero Macron está bajo presión. Los analistas consideran que se juega poder aplicar el resto de su programa reformista hasta 2027 y un 70% de los franceses considera al gobierno responsable de la violencia, según un sondeo el jueves de Odoxa.
A la espera de una salida al conflicto social, la oposición y los sindicatos mantienen su pulseada. Este viernes y el fin de semana habrá de nuevo trenes y vuelos anulados, mientras continúa la huelga en refinerías y en la recolección de residuos en París.
