La política ordena las demandas de la sociedad que son múltiples y simultáneas. Argentina tiene un problema fiscal. Sin embargo, si acaso se preguntara hoy en día si es conveniente emitir moneda, subir impuestos, tomar deuda o bajar el gasto público; las respuestas serían variadas. Sobre lo que sí hay consenso es en que la inflación en los niveles actuales está complicando llevar adelante cualquier actividad. No obstante, existe una relación entre la desinflación y los objetivos fiscales que no podemos pasar por alto. Menos aún por quienes conduzcan la política económica de los próximos años.
Actualmente poco más del 40% del gasto primario se encuentra indexado a la inflación pasada producto de la forma en que ha sido establecida la fórmula de movilidad, que determina los aumentos de jubilaciones y pensiones y de otros beneficios sociales (por ejemplo AUH). Aun con la corrección que se introdujo hacia finales de 2017 con la “reforma previsional” impulsada por Cambiemos, este problema no se corrigió y los ajustes trimestrales siguen reflejando la dinámica de precios y salarios ocurrida seis meses antes.
Es básicamente por este motivo que un bienvenido proceso de desaceleración inflacionaria atentaría contra la convergencia fiscal; algo que aun la más favorable de las configuraciones de renegociación de la deuda que podamos imaginar demandará a la nueva administración. Así, sin mediar un cambio en la estructura de ajuste del gasto, la otra cara de la desinflación será la necesidad de un mayor esfuerzo fiscal.
Un ejercicio simple poniendo números a esto permite reflejar la complejidad del tema. En líneas generales, el ejercicio parte de asumir que en 2020 los ingresos fiscales se mantienen constantes en términos del producto. Esto es 17,9% del PBI según proyecciones para 2019. Por otro lado, divide la dinámica que tendrá el gasto primario según este ajuste por movilidad (aproximadamente 40% del total) o responda principalmente a la inflación presente (en este ejercicio se asume que esto aplica al 60% del gasto restante). El cuadro adjunto resume el esfuerzo fiscal adicional que demandan distintos escenarios de desinflación y crecimiento económico en 2020.
Considerando un crecimiento nulo el año que viene (algo que a priori luce bastante optimista), una desaceleración de la inflación de 5 pp respecto al promedio de este año (de 55% a 50% anual promedio) implicaría, ceteris paribus, un déficit primario 0,3 pp del PBI superior solo por el efecto que la inercia inflacionaria tiene sobre el gasto con movilidad propia; una de-sinflación de 10 pp interanual complicaría la convergencia fiscal en algo más de 0,5 pp.
Sin dudas, el efecto fiscal de la desinflación puede moderarse con mayor crecimiento económico. Esto sería la propuesta central de Alberto Fernández para su próxima gestión. Que los compromisos de la deuda posreestructuración no ahoguen el crecimiento económico, lo que permitiría avanzar en un ajuste más moderado –gradualista–. Pero, aun así, crecimiento económico mediante, el compromiso en términos de ajuste sigue siendo exigente. Por cada punto de desaceleración de la inflación será necesario garantizar un crecimiento de la actividad de 0,25% para no exagerar el esfuerzo fiscal.
Inversamente, para contrarrestar el efecto que fiscalmente implica una contracción de la actividad (vía menores ingresos) serán necesarios 4 puntos de aceleración de la inflación por cada punto de caída del PBI.
En el escenario macro previsto por LCG para 2020 (inflación de 55% promedio anual y caída de 3,8% anual del PBI), el esfuerzo fiscal adicional será de 0,7 pp el año que viene. En este caso se explicaría enteramente por efecto de la caída del PBI ya que se asume que, en el promedio anual, la inflación se mantendrá en los mismos niveles de este año (esto es consistente con una inflación del 50% anual en diciembre 2020). Sin embargo, si uno se quiere volcar a un escenario muy auspicioso para 2020 con una inflación del 40% anual promedio y crecimiento de 1% de la actividad, eso implicaría una carga fiscal extra de 0,6 pp del PBI.
Partiendo de la premisa de que cualquier reestructuración de la deuda que se encare demandará un programa económico creíble y realizable, que sin lugar a dudas exigirá un sendero de saneamiento de las cuentas fiscales, este mayor esfuerzo fiscal significará un recorte de la porción del gasto no indexado, suba de ingresos o una combinación de ambos.
El problema es que la porción de gasto no indexado ya ajustó y de manera considerable en los últimos dos años. A esta altura del partido algunos componentes del gasto tienen escaso margen para seguir achicándose; por ejemplo, la obra pública actualmente representa 0,6% del PBI, la mitad que hace cinco años. Otros tienen como contracaras políticas poco amigables en un contexto recesivo como el actual: nuevas subas de tarifas (por encima de la inflación) para reducir el remanente de subsidios o ajuste del gasto en personal (vía ajuste de salarios o reducción de la planta de empleados públicos).
A su vez, la suba de impuestos también encuentra un límite. Aun cuando en los últimos años se ha visto una reducción de la carga tributaria total, lo cierto es que todavía es elevada en términos históricos. 2019 cerrará con una presión tributaria consolidada (Nación+Provincias) de 31,6% del PBI, todavía 5 pp por encima del promedio 2003-2007.
Existe cierto consenso de que el nuevo gobierno suspenderá las bajas de impuestos previstas por el Consenso Fiscal (Ganancias e Ingresos Brutos), impulsará una nueva suba de retenciones a las exportaciones y hasta creará nuevos tributos para aliviar la convergencia fiscal en 2020. Pero de lo comentado previamente se desprende que la inercia de la desinflación sobre el gasto público exigirá crear fuentes de financiamiento extras cada año.
