El desalojo de la sede de la autoridad audiovisual (Afsca), su previa intervención por el gobierno de Mauricio Macri y las competencias asumidas por el Ministerio de Comunicaciones de Oscar Aguad conmovieron, en pocos días, aspectos centrales de la Ley audiovisual y de la institucionalidad que la acompañó a partir de 2009 en que fue sancionada. Si bien el resto de la ley está vigente “por ahora”, como dijo Aguad cuando anunció la intervención, el Gobierno, en pocos días, tomó el control de un área que el kirchnerismo gestionó discrecionalmente durante los últimos seis años en función de las prioridades de agenda de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Además de la intervención (que alcanza también a la autoridad de telecomunicaciones, Aftic), oficiosamente el Gobierno difundió su intención de hacer dos cambios de mayor calado: por un lado, fusionar Afsca y Aftic; por otro lado, derogar artículos clave de la norma audiovisual (los que fueron litigados por el grupo Clarín y que motivaron el fallo de la Corte Suprema de Justicia cuando en 2013 validó la constitucionalidad de la ley). Esa difusión oficiosa opera, pues, como advertencia: los cambios actuales serían sólo un movimiento coyuntural y menor frente a lo que puede suceder en 2016. Pero si la objeción sobre el desempeño del gobierno anterior pivotea sobre su discrecionalidad, llama la atención la disonancia entre la imputación a la Afsca de haber incumplido sus objetivos de capacidad técnica e independencia (del Gobierno y de grupos de presión comerciales), por un lado, y la decisión de someterla a una doble dependencia del Poder Ejecutivo (el flamante interventor, Agustín Garzón, reporta al ministro de Comunicaciones Aguad; éste al presidente Macri), por el otro. Esa disonancia es amplificada por la apelación a la necesidad de consensos amplios en temas que refieren a la libertad de expresión y a los medios y tecnologías de la información, que contradice la vía expresa del decreto. Porque ¿desde cuándo un decreto es más eficaz para construir legitimidad que una ley? (ver “Con V de Vendetta” del autor: https://martinbecerra.wordpress.com/2015/12/23/con-v-de-vendetta-macri-interviene-afsca-y-aftic/).
La Ley audiovisual, discutida, judicializada e incumplida, consagró y amplió la noción del derecho a la libertad de expresión. Por ello fue vindicada por la Corte Suprema y por Relatorías de Libertad de Expresión de la ONU y la OEA. El futuro revelará si ese avance normativo echa raíces más allá de la alternancia en el ejercicio de la Presidencia
*Especialista en medios.
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